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Propone sancionar corrupción en la contratación pública
El gobernador Rubén Moreira Valdez entregó ayer al Congreso del Estado para su estudio y posible aprobación, la Ley Para Prevenir y Sancionar las Prácticas de Corrupción en los Procedimientos de Contratación Púbica del Estado de Coahuila
Fuente:
martes, 07 de agosto del 2012
Foto: Vanguardia-Archivo
Saltillo, Coahuila.- El presidente del Poder Legislativo, diputado Eliseo Mendoza Berrueto, recibió el documento de parte del Ejecutivo estatal, Moreira Valdez, quien señaló que esta iniciativa se suma a los esfuerzos realizados en el orden federal, a fin de transparentar la asignación de contratos financiados con recursos púbicos estatales o municipales, reconociendo la corresponsabilidad entre el sector público y privado en todo acto de corrupción que se presenta en los procedimientos de contrataciones.
Señaló que se establecen, tanto a funcionarios públicos como a las personas físicas o morales que participan en estos procedimientos, severas sanciones que van de mil a 50 mil veces el salario mínimo para personas físicas, que en algunos casos podrán incrementarse en un 50 por ciento
Para personas morales se contemplan multas de 10 mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo, las cuales podrán aumentarse hasta en un 50 por ciento..
Lo anterior, independientemente de la cancelación, suspensión o inhabilitación del registro de proveedores, y para los servidores públicos se regirá a lo que establece en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, expresó.
Dentro de la ley, dijo, se crea una innovadora figura denominada “usuario simulado”, que será un servidor público habilitado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para investigar, recabar pruebas y denunciar actos de corrupción y a funcionarios públicos proclives a estas prácticas.
“Dicho servidor público estará facultado para actuar de manera coordinada con las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
“Se promueve la denuncia de cualquier acto de corrupción, tanto por ciudadanos como por los mismos servidores púbicos, otorgándoles la garantía de que contarán con la protección y resguardo de su identidad y seguridad”, explicó.
“En caso de denuncia, la presente iniciativa contempla un procedimiento administrativo de investigación ágil y confiable, equiparable al esquema federal”, indicó.
Señaló que se establecen, tanto a funcionarios públicos como a las personas físicas o morales que participan en estos procedimientos, severas sanciones que van de mil a 50 mil veces el salario mínimo para personas físicas, que en algunos casos podrán incrementarse en un 50 por ciento
Para personas morales se contemplan multas de 10 mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo, las cuales podrán aumentarse hasta en un 50 por ciento..
Lo anterior, independientemente de la cancelación, suspensión o inhabilitación del registro de proveedores, y para los servidores públicos se regirá a lo que establece en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, expresó.
Dentro de la ley, dijo, se crea una innovadora figura denominada “usuario simulado”, que será un servidor público habilitado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para investigar, recabar pruebas y denunciar actos de corrupción y a funcionarios públicos proclives a estas prácticas.
“Dicho servidor público estará facultado para actuar de manera coordinada con las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
“Se promueve la denuncia de cualquier acto de corrupción, tanto por ciudadanos como por los mismos servidores púbicos, otorgándoles la garantía de que contarán con la protección y resguardo de su identidad y seguridad”, explicó.
“En caso de denuncia, la presente iniciativa contempla un procedimiento administrativo de investigación ágil y confiable, equiparable al esquema federal”, indicó.
