PRI y PAN aprueban más fondos no auditables a estados que gobiernan

Ciudad de México. Envuelto en una controversia entre la cúpula económica del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y el sector campesino que controlan Beatriz Paredes Rangel y Cruz López Aguilar, el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 obligará al Ejecutivo y a los gobernadores a transparentar el ejercicio del gasto público, sobre todo el de combate a la pobreza.

Además, exigirá a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entregue la lista completa de los profesores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo, a pesar de la mayor vigilancia que se pretende ejercer al gasto de las transferencias federales a estados y municipios, el PRI y el PAN negociaron, para los estados donde sus correligionarios gobiernan, recursos adicionales a bolsas no auditables, que por lo tanto no requieren comprobación. Como el año pasado, una vez más los más beneficiados en el reparto serán los gobiernos estatales.

Poco antes de la media noche el conflicto interno del PRI obligó a posponer para hoy la sesión ordinaria donde se discutirá el presupuesto, y al cierre de esta edición la Comisión de Presupuesto mantenía un receso decretado para revisar errores en la confección de los documentos.

El documento y sus anexos, que serían votados en el transcurso de este lunes por la comisión, prevé un gasto total de 3 billones 438 mil 895 millones de pesos, que corresponden al total de ingresos aprobados para el ejercicio fiscal 2011. El déficit público será de 70 mil 176 millones de pesos.

Como parte de las nuevas obligaciones contenidas en el decreto, la Cámara de Diputados definirá que el gobierno calderonista entregue al Congreso una relación con todos los programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de los gastos para cubrirlos.

En los artículos 13 y 14 transitorios, se obliga al Ejecutivo federal a no ejercer los recursos destinados al apagón analógico decretado por Felipe Calderón en septiembre. Se prohíbe el uso de recursos públicos para el otorgamiento de implementos electrónicos y/o electrodomésticos relacionados con dicho proceso en las entidades federativas en proceso electoral, define.

Anoche, la Comisión de Presupuesto, que ya había iniciado la revisión del decreto y sus anexos, abrió un receso con el argumento de corregir errores en las cifras. Sin embargo, según se dijo a este diario, los priístas mandaron llamar a Luis Videgaray, presidente de la comisión, a su sesión plenaria en el salón Verde, para que explicara los detalles de ambos documentos.

Específicamente se pidió precisar los montos destinados al campo, que ayer provocaron una fractura en el grupo parlamentario y la amenaza de Cruz López de renunciar a la presidencia de la Comisión de Agricultura y a su militancia priísta, luego que ayer al mediodía la Secretaría de Hacienda y la cúpula del tricolor en San Lázaro recortaron 4 mil 400 millones al Programa Especial Concurrente (PEC), al que dejaron en 293 mil millones.

Durante la plenaria priísta, que se inició poco después de las 20 horas, un sector de la bancada acusó a Cruz López de tiburón y de chantajear al grupo parlamentario con las necesidades de los campesinos. Entre las quejas, le reprocharon que el año pasado al PEC se le asignaron 270 mil millones de pesos y no vimos un solo elote, bueno, ni un nopalito más de producción.

En una agria discusión, diputados del tricolor exigieron a la presidenta del partido, Beatriz Paredes, que asumiera su responsabilidad histórica y dejara de hacerse a un lado.

Sin embargo, la presión del sector campesino obligó a Francisco Rojas, coordinador de la bancada, a llamar a Luis Videgaray para que explicara y negociara con Cruz López un probable acuerdo para superar la disputa.

Los diputados redujeron el presupuesto al Poder Judicial en 3 mil 487 millones de pesos, a Relaciones Exteriores en 76 millones, a la Procuraduría General de la República en 72 millones y a Seguridad Pública en 213 millones.

No obstante que el monto programable de deuda pública es de los más elevados en la historia, por un total de 245 mil 782 millones de pesos, los diputados sólo le restaron 5 mil 604 millones, mientras que a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) se les quitaron 8 mil millones, al ISSSTE le redujeron 2 mil millones y a la Comisión Federal de Electricidad 4 mil 772 millones de pesos, a pesar de que desde el año pasado se encarga del servicio eléctrico en el centro del país.

Esos recursos se reasignaron, entre otros sectores, al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), con 180 millones más, y a Salud, 9 mil 242 millones.

El decreto elaborado por la Comisión de Presupuesto establece nuevos candados para los gobiernos estatales, porque la ministración de las partidas federales podrá ser suspendida por la Secretaría de Hacienda cuando las entidades, municipios y las delegaciones del Distrito Federal no entreguen trimestralmente las cuentas y reportes de su erogación.

Dichos órdenes de gobierno informarán sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales. Informarán de forma pormenorizada del avance físico de las obras y, en su caso, la diferencia entre el monto de las transferencias y lo erogado, indica el dictamen.

En el caso de la plantilla de profesores de la SEP, ésta deberá  contar con un registro actualizado al 11 de julio de 2011, de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, que haya sido comisionado al SNTE.

La SEP establecerá y administrará un sistema electrónico al cual dará acceso a los estados para la integración, validación y seguimiento de la información sobre plazas y erogaciones, señala.

El presupuesto incluye un monto de 4 mil 303 millones de pesos para un subsidio a municipios en materia de seguridad, que se otorgará preferentemente a los destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados y los que por su proximidad geográfica se ven afectados por la alta incidencia delictiva.

Asimismo, el decreto prevé que los subejercicios del gasto que no sean subsanados por las dependencias federales se reasignen a programas sociales y de inversión en infraestructura.