PRI violó normatividad con Caso Monex: consejera IFE
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Los monederos sirvieron al tricolor para financiar la estructura territorial que operó en la campaña federal.
México.- La consejera Macarita Elizondo consideró que el PRI violó la normatividad electoral al recibir, a través de varios intermediarios, un préstamo por más de 66 millones de pesos de una empresa de carácter mercantil para fondear los monederos electrónicos Monex.
Dichos monederos sirvieron al tricolor para financiar la estructura territorial que operó en la campaña federal.
Pese a esto, la consejera votó contra la posibilidad de multar al PRI con 75 millones de pesos por el caso Monex, bajo el argumento de que sus porqués eran distintos a los de los consejeros que proponían sancionarlo.
"No es factible que a través de un intermediario o varios se alleguen recursos provenientes de una institución financiera, mucho menos de una empresa mercantil de carácter privado ni de una persona física", aclaró Elizondo Gasperín, en su voto particular incorporado a la resolución sobre el caso Monex.
Aclaró que el artículo 52 del Reglamento de Fiscalización precisa que los partidos podrán solicitar préstamo pero solo a instituciones bancarias.
Por ello, la consejera consideró que la Unidad de Fiscalización del IFE (encargada de elaborar el proyecto de resolución al respecto) no había fundamentado correctamente su decisión de considerar legal el contrato.
Para Elizondo, el tricolor violó el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que precisa que los partidos no podrán recibir recursos "por sí o por interpósita persona" de empresas de carácter mercantil.
Esto quiere decir que la consejera dio ese carácter a las empresas Alkino, Atama, Efra e Inizzio contratadas en cadena para conseguir el préstamo para el tricolor.
Sin embargo, aclaró que los recursos no debían considerarse ilícitos sino ilegales.
En su escrito, Elizondo dice no compartir la opinión de los consejeros que pidieron sancionar al PRI con 75 millones de pesos. Ello, porque Lorenzo Córdova, María Marván, Benito Nacif y Alfredo Figueroa objetaban la falta de comprobación en la aplicación y destino de esos recursos y no la legalidad de su origen.
"En consecuencia a mi juicio resulta fundada la queja en razón de que el origen de los recursos del partido involucrado no está apegado a la ley electoral y proceder que el Consejo General imponga una sanción", concluyó.