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Política de EU obliga a indocumentados a 'autodeportarse': informe

Se ha instrumentado como esfuerzos concertados, aunados a la falta de una reforma migratoria, dice el Centro de Política de Inmigración

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lunes, 06 de febrero del 2012

  • Foto: Vanguardia/ Archivo
WASHINGTON.- Las políticas de 'desgaste mediante la aplicación de la ley' de inmigración en Estados Unidos para obligar a los indocumentados a 'autodeportarse' se han convertido en una estrategia 'de facto', alertó un informe divulgado hoy.

Esas políticas se han instrumentado desde hace 10 años como resultado de esfuerzos concertados y la falta de consenso sobre una reforma migratoria, dijo el informe del Centro de Política de Inmigración (IPC), organismo de investigación del American Immigration Council.

De hecho, el aspirante presidencial republicano Mitt Romney mantiene la propuesta de políticas de 'autodeportación', pero el gobierno del propio presidente Barack Obama ha impulsado la expansión de polémicos programas como Comunidades Seguras.

El informe sostuvo que los gobiernos republicanos y demócratas han respaldado elementos de esa estrategia como la expansión de los programas E-Verify sobre empleo, Comunidades Seguras y 287g, para la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

De acuerdo con el informe del IPC, los grupos que buscan mayores restricciones a la inmigración incluyen a la  Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), Numbers USA y el Centro para Estudios de Inmigración (CIS).

Señaló que el impulsor central de las políticas de autodeportación es el actual secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, principal asesor legal del Instituto para la Reforma de la Ley de Inmigración (IRLI), brazo legal de FAIR.

Kobach reconoce abiertamente su función en elaborar y defender leyes contra los inmigrantes indocumentados en Arizona y Alabama, así como en las ciudades de Hazleton, Pensilvania; Valley Park, Missouri; Farmers Branch, Texas, y Fremont, en Nebraska, según el informe.

'Los impulsores de esa estrategia sugieren que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente y que las condiciones odavía no son tan miserables para los indocumentados a fin de que se autodeporten', indicó.

La meta de esa estrategia es la misma que la deportación masiva: obligar a los indocumentados a salir del país, sin importar el tiempo que han vivido en Estados Unidos, sus raíces con la comunidad o su lazos familiares, indicó.

Señaló que las duras medidas impulsadas a nivel estatal sólo han logrado que los indocumentados pasen a la economía informal o se vayan a otros estados, afectando a las economías locales. 

Indicó que legisladores republicanos bajo el liderazgo de Steve King, Lamar Smith y Elton Gallegly han impulsado  incluso propuestas más extremas, como tipificar como delito grave la presencia ilegal y criminalizar a los que ayudan a los indocumentados.

Con apoyo bipartidista fueron aprobadas leyes que expanden la detención y deportación, y niegan al mismo tiempo  beneficios a inmigrantes indocumentados y aún a residentes legales.

Esas políticas también han restringido el acceso a licencias de conducir e incrementado el control fronterizo, señaló el informe.

Indicó que en lugar de reformar el disfuncional sistema de inmigración mediante medidas para que los inmigrantes trabajen legalmente y se reunifiquen a las familias, el gobierno federal se esfuerza en aplicar las leyes actuales e incrementar las deportaciones.

A pesar de los miles de millones de dólares asignados a esos esfuerzos, existen pocas pruebas de que los  indocumentados estén abandonando Estados Unidos, señaló el informe del IPC al citar un informe realizado en julio de 2011 por la Corporación RAND.

En una teleconferencia, Waslin calificó como 'antiestadunidenses' las políticas que buscan hacer tan hostil al país que obligan a los inmigrantes a marcharse, cuando Estados Unidos busca más bien seguir su tradición de dar la bienvenida a los inmigrantes.

En la teleconferencia participaron además Karen Tumlin, del Centro Nacional de la Ley de Inmigración (NILC), Jonathan Blazer, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Heidi Beirich, del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur.

Los panelistas denunciaron el impulso de medidas estatales antiinmigrantes aun cuando corresponde al gobierno federal aplicar la ley de inmigración.

El propósito es hacer imposible la vida de los indocumentados, al grado incluso de que por ejemplo en Alabama han afectado la asistencia de los niños a la escuela.

En una entrevista, el joven indocumentado mexicano Antonio Alarcón, de 17 años, calificó como 'injusta' la propuesta de abandonar por sí mismo el país, porque se continúan separando familias.

Alarcón escribió el pasado 1 de febrero un artículo en el influyente diario The New York Times en el que relató que sus padres indocumentados tuvieron que regresar a México para cuidar a su hermano de 16 años tras el fallecimiento de sus abuelitos.

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