Plazos para reforma energética ya están vencidos
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El pasado 20 de abril se venció el plazo de 120 días naturales que el decreto de la reforma dio para realizar los ajustes a las legislaciones secundarias, y el cuál inició a correr desde el 22 de diciembre del año pasado
Contrario a la velocidad con que se aprobó la reforma constitucional en materia energética, el presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión incumplieron los plazos marcados para ajustar las leyes secundarias que regularán, por ejemplo, los contratos que el Gobierno suscribirá con particulares para la exploración, extracción y producción de petróleo y gas.
El pasado 20 de abril se venció el plazo de 120 días naturales que el decreto de la reforma dio para realizar los ajustes a las legislaciones secundarias, y el cuál inició a correr desde el 22 de diciembre del año pasado.
Durante los últimos días, las fracciones del PRD y el PAN en el Senado han señalado que lo más conveniente será que las Leyes secundarias en materia energética sean aprobadas hasta el próximo mes de septiembre.
Apenas ayer, el líder de la bancada del PRI en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, anunció que antes del 30 de abril el presidente Peña Nieto enviará las iniciativas. De ser así, llegarán fuera del plazo marcado por el decreto constitucional que él mismo impulso con su partido.
Las reformas estructurales impulsadas por el Presidente, y que fueron respaldadas por el Pacto por México que agrupó a las principales fuerzas políticas en el Congreso, han estado marcadas por el retraso en la aprobación de las leyes secundarias. Hasta ahora, sólo la educativa ha sido completada.
Por ejemplo, Peña Nieto debió enviar a más tardar el 9 de diciembre de 2013 las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones pero lo hizo hasta marzo de este año, y el Congreso ha decidido posponer su aprobación hasta junio próximo.
Otras reformas secundarias que están pendientes son la político-electoral, que se presume podría estar aprobada a más tardar este 30 de abril; la designación de los nuevos comisionados del IFAI aún no tiene fecha de aprobación; y la energética podría salir hasta septiembre.
Sin regulación, reforma energética
El decreto de la reforma constitucional en materia energético, es claro: el Congreso contaba con 120 días para hacer los ajustes necesarios para armonizar las Leyes de Pemex, la CFE y más, con la Constitución. Se estima que, al menos, unas 25 normas deberán ser modificadas.
El artículo cuarto transitorio del decreto de la reforma energética señala:
Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico (), entre ellas, regular las modalidades de contratación (): de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.
El mismo artículo también regula, bajo el mismo plazo, otras modificaciones normativas que el Congreso tampoco hecho. Por ejemplo, el artículo noveno transitorio dice: El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.
Hasta ahora, Peña Nieto sólo ha enviado al Senado la terna del cuál deberá ser seleccionado el titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Otro pendiente es ajustar las Leyes para definir los tipos de contratos que se podrán suscribir con particulares para el sector eléctrico.
Debido a que no se han hecho los ajustes en las Leyes secundarias, tampoco se puede crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, un fideicomiso público que controlará los recursos que se generen por la participación de particulares en el sector energético.
Por Rafael Cabrera (@raflescabrera) para Animal Político