Piden actuar con mayor energía contra trata de personas en Guerrero

Chilpancingo.- La diputada local priista, Guadalupe Gómez Maganda exigió que se actúe con mayor energía en las comunidades y municipios en que todavía prevalece la trata de personas, particularmente de niñas.

Gómez Maganda recordó que la Secretaría de la Mujer (Semujer) dio a conocer un trabajo de investigación importante sobre el tema, ya que en él se indica que en Cochoapa y Metlatonoc -ubicados entre los municipios más pobres del país-, todavía se practica la venta de menores por medio de matrimonios arreglados.

Aseguró que indiscutiblemente se configura la trata de personas, porque las niñas son entregadas a cambio del pago de dinero en efectivo, incluso de cartones de cerveza.

Comentó que el Poder Legislativo ya hizo su trabajo estableciendo la figura legal que permite sancionar a los tratantes, ahora corresponde a las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo y del Judicial, estar atentos para que las disposiciones se apliquen.

También dijo que la sociedad debe hacer su parte y en su momento denunciar cualquier tipo de conducta que pueda constituir trata de personas, para abatir el problema en el menor tiempo posible.

Gómez Maganda recordó que en la Región de la Montaña la gente se escuda en los usos y costumbres de las comunidades indígenas para sostener la práctica de los matrimonios arreglados, por lo que no asumen sus acuerdos como actos de compraventa, sino como la obtención de una dote.

En ese contexto, sostuvo que se requiere insistir en los trabajos que permitan informar a las comunidades que intercambiar a las niñas por el pago de una dote es un delito, ya que lo que están poniendo en medio de un acuerdo económico son seres humanos independientes, a los que se deben respetar sus derechos.

La legisladora local del PRI recordó que Guerrero es uno de los pocos estados del país que tiene en su código penal sanciones para la trata de personas, aunque a nivel nacional ya se trabaja en el diseño de una ley general sobre el problema.

Mientras eso no ocurra, manifestó que se debe entrar con mayor determinación a los municipios y comunidades en que por falta de información la práctica se mantiene.

Una vez cumplida la etapa de la información sobre el asunto, dijo que viene la parte en la que se debe sancionar, para que la gente sepa que de seguir arreglando los matrimonios de sus hijas se paga con cárcel.