Manolo Jiménez iniciará campaña el primero de enero

En el pasado informe de gobierno de Manolo Jiménez Salinas, entonces alcalde de Saltillo, el gobernador del Estado, Miguel Riquelme Solís, “invitó” al edil saltillense a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, lo que −todos sabemos− fue el espaldarazo para apuntar a Jiménez como el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila en las campañas de 2023.

La decisión es evidente: al término de su encargo en la presidencia municipal de la capital, Jiménez Salinas tendría un año sin reflector antes de que empiecen las precampañas. Y eso no es posible. Con la decisión de colocarlo en el gabinete estatal, Manolo Jiménez armará su campaña rumbo a 2023, cuando acabe el sexenio estatal.

Pero no sólo se trata de mantener al candidato en el reflector, sino que se le coloca en una posición clave: la secretaría de Desarrollo Social, área por antonomasia que se relaciona con el más rancio asistencialismo y clientelismo que configura la política mexicana.

Veámoslo desde otra perspectiva. En 2018, el gobierno del Estado destinó mil 900 millones de pesos en ayudas sociales. En 2019 se entregaron 2 mil 600 millones de pesos. En 2020 aumentó a 3 mil 500 millones de pesos. Y para 2021 se espera un gasto de 2 mil 600 millones de pesos en ayudas sociales. Así pues, en cuatro años se han repartido más de 10 mil 600 millones de pesos en ayudas sociales, lo que en automático se convierte en un asunto político-electoral.

Las decenas de programas sociales que hay en el País, en los estados y municipios, no ayudan a resolver los problemas de pobreza, desigualdad y carencias de la sociedad. Son, simplemente, instrumentos político-electorales. Herramientas que compran voluntades y conciencias. Vaya, para entenderlo sin rodeos: los programas sociales tienen más beneficio para los actores políticos que para las personas en situación de vulnerabilidad, las personas sin acceso a educación o salud, por ejemplo.

Por más reglas que se crean alrededor de los programas sociales, siempre se mantiene esa aura de que están diseñados para operar en las entrañas electorales. Esto ocurre en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos.

Los programas sociales, lo sabemos, son uno de los vehículos que usan los políticos para ganar popularidad y ampliar la base de seguidores. El claro ejemplo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una política acentuada en la entrega de recursos a diversos sectores, lo mantiene todavía en un buen grado de popularidad pese a varios yerros y malas decisiones.

Allí pues, en ese puesto, estará el próximo candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila. En otras palabras, el candidato del PRI en 2023 empezará campaña el primero de enero de 2022.

Claro que dirán que no es así, que se suma para seguir haciendo fuerte a Coahuila, que respetarán los tiempos, que en lo que se piensa es en ayudar, que, como dijo el gobernador en el anuncio de “invitación”, quieren “ayudar a transformar Coahuila”.

Pero en el fondo será la plataforma ideal para que Manolo Jiménez no pierda reflector y, por el contrario, construya su pedestal de electores con base en ayudas sociales a discreción.

Cabe recordar, por cierto, que el PRI recuperó las alcaldías de Torreón y Piedras Negras, por lo que mucha de la maquinaria asistencialista seguramente apuntará a estas ciudades, donde Manolo Jiménez todavía es un nombre lejano para la gente.

AL TIRO

Si bien otros políticos que aspiran a ser candidatos juegan su papel de promoción desde su trinchera, nadie estará mejor ubicado que el próximo secretario de Desarrollo Social.

Que no nos sorprenda si el próximo año el recurso destinado a ayudas sociales aumenta. Habrá que estar atentos al manejo discrecional de esos recursos que se destinan a todo el abanico de programas sociales en la entidad.