El juicio contra Donald Trump podría derivar en una situación inusual: que enfrente consecuencias por lo que dice

NUEVA YORK- “¿Así que eso no es verdad? ¿Eso no es verdad?”.

El juez que supervisa el juicio penal a Donald Trump en Manhattan acababa de interrumpir a Todd Blanche, abogado del expresidente. Blanche estaba defendiendo una publicación en las redes sociales en la que su cliente escribió que una declaración que había sido pública durante años “¡ACABABA DE SER ENCONTRADA!”.

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En la audiencia del martes, Blanche ya había reconocido que la publicación de Trump era falsa. Pero el juez, Juan Merchan, no estaba satisfecho.

“Necesito entender”, dijo Merchan, viendo al abogado desde el estrado, “con qué me estoy enfrentando”.

El asunto de lo que es cierto, o al menos de lo que puede probarse, es el punto central de cualquier juicio. Pero este demandado en específico, acusado por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan de falsificar registros comerciales para ocultar un escándalo sexual, ha pasado cinco décadas lanzando miles y miles de palabras, a veces contradiciéndose en cuestión de minutos, a veces en la misma oración, sin preocuparse por las consecuencias de lo que ha dicho.

Trump ha tratado sus palabras como productos desechables, pensados para un solo uso, y que no necesariamente indican creencias profundamente arraigadas. Y su tendencia a acumular frases a menudo lo ha beneficiado, divirtiendo o generando simpatía con sus seguidores, a veces provocando amenazas e incluso violencia, mientras distraía, indignaba o simplemente desorientaba a sus críticos y adversarios.

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Si Blanche parecía despreocupado en la audiencia mientras le estaba diciendo a un juez penal que su cliente había dicho algo falso, puede haber sido simplemente porque la rutina se ha vuelto muy familiar.

La costumbre que Trump ha tenido durante toda su carrera de estar listo para comenzar hablar en un flujo de conciencia, en las redes sociales, en la televisión, a los periodistas de prensa, a los asistentes a los mítines, ahora puede ser utilizada en su contra por los fiscales y un juez que tienen verdadero poder sobre él.

Los fiscales han pedido al juez que declare al expresidente en desacato penal por violar una orden de silencio que le prohíbe atacar a testigos. Argumentaron que era necesario, ya que sus ataques anteriores habían “dado lugar a amenazas creíbles de violencia, acoso e intimidación”. El cuestionamiento de Merchan de la veracidad de lo que Trump escribió en Truth Social fue uno de los varios episodios que han resaltado cómo hablar constantemente en público, lo que convirtió a Trump en una presencia fija en los tabloides y luego en una estrella de la telerrealidad, se ha vuelto en su contra recientemente.

Con el tiempo, el caso podría amenazar no solo la libertad de Trump, sino también los principios centrales del ethos del expresidente: un conveniente desprecio por la verdad, la negación rotunda de cualquier situación perjudicial y una insistencia obstinada en que sus adversarios siempre actúan de mala fe.

Hasta ahora, las consecuencias han sido mínimas. Los fiscales dijeron al juez en la audiencia por desacato del martes que, por ahora, no pedían penas de cárcel por unos comentarios que se centraban principalmente en dos testigos clave: Michael Cohen, quien solía ser solucionador de problemas y abogado personal de Trump, y Daniels, la estrella de cine porno que afirmó haber tenido un romance con Trump y a quien Cohen pagó 130.000 dólares para mantener en silencio semanas antes de las elecciones de 2016.

Trump está menos motivado a las amenazas de multas. Sin embargo, cuando se enfrentó a una situación similar en un juicio por fraude civil a finales del año pasado, detuvo sus ataques a un funcionario de la corte después de que las sanciones se acumularon.

Trump explicó sucintamente su mentalidad cuando se presentó a las elecciones presidenciales de 2016. Cuando el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, le preguntó por qué respondía a cada desaire, el candidato contestó: “Tengo que defenderme”.

Las palabras de Trump, que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca a través de decenas de mítines y entrevistas, a menudo se volvieron en su contra una vez en la presidencia. En julio de 2016, su llamamiento público a Rusia para “encontrar” los correos electrónicos borrados de Hillary Clinton de su servidor privado justo después de convertirse oficialmente en el candidato republicano se convirtió en una pieza de la investigación sobre si su campaña había conspirado con los rusos para ayudar a elegirlo.

Trump también fue investigado por obstrucción a la justicia como parte de la indagación más amplia sobre la interferencia rusa por parte del investigador especial, Robert Mueller III. Uno de esos posibles actos de obstrucción fue una serie de tuits en abril de 2018 en los que declaró que Cohen, su abogado personal que estaba siendo investigado, nunca lo delataría. (Cohen finalmente lo hizo; se espera que sea un testigo clave en el juicio penal de Trump, y los fiscales han sugerido que pueden entregar esos tuits como evidencia).

Como presidente en ejercicio, Trump estaba protegido de la acusación; solo se enfrentaba a un informe severo de Mueller.

Esas protecciones desaparecieron cuando perdió la presidencia y abandonó la Casa Blanca. Pero Trump no ha cambiado su enfoque de la vida pública, y parece bastante improbable que alguna vez lo haga.

Por mucho tiempo, Trump ha confundido los problemas legales con los de relaciones públicas, tratando los aprietos de tipo legal como algo de lo que se podía deslindar fácilmente con declaraciones o distracciones.

Desde que el fiscal del distrito, Alvin Bragg, dio a conocer los cargos en abril de 2023, Trump y sus asesores han entrelazado respuestas jurídicas y políticas. Pidieron con éxito a los republicanos que defendieran al expresidente y sostuvieron sin fundamento que Bragg, demócrata en un condado abrumadoramente demócrata, actuaba por orden del presidente Biden, adversario político de Trump.

También han tratado de utilizar argumentos políticos para justificar las acciones de Trump en el caso. El martes, durante la audiencia de la orden de silencio, Blanche trató de justificar una serie de ataques verbales de Trump contra Cohen y Daniels. Argumentó que, al atacarlos, el expresidente había estado respondiendo a los ataques políticos de sus adversarios, que solo son testigos en el caso.

El argumento no resultó convincente para el juez. Merchan le dijo a Blanche que pensaba preguntarle, en cada ejemplo: “¿A qué responde exactamente su cliente?”. Cuando Blanche no tuvo a mano la información solicitada, Merchan le recordó el objetivo de la audiencia.

“Voy a decidir si su cliente está en desacato o no”, dijo, y añadió: “Le pido una y otra vez un ejemplo concreto y no obtengo respuesta”.

Merchan aún no se ha pronunciado sobre si declarará a Trump culpable de desacato. Mientras que los fiscales han argumentado que Trump está “buscando” ser detenido, algunas personas cercanas a Trump insisten en privado que, a pesar de todas sus bravatas, él quiere desesperadamente evitar ir a la cárcel.

No obstante, Trump ha seguido haciendo comentarios que ponen a prueba los límites de lo que puede decir. Dos días después de la audiencia, los fiscales ofrecieron cuatro nuevos casos en los que dijeron que había violado la orden de silencio.

Dos fueron durante entrevistas políticas. Una fue en el pasillo, justo fuera del juzgado de Merchan, donde se colocan las cámaras para captar las declaraciones de Trump antes y después de las audiencias. Allí, Trump golpeó la credibilidad de Cohen una vez más.

En respuesta, Merchan fijó una nueva audiencia para esta semana en la que, una vez más, las declaraciones del expresidente estarán al centro de la discusión: diseccionadas, consideradas y, en última instancia, juzgadas.

Maggie Haberman es corresponsal política sénior e informa sobre la campaña presidencial de 2024, las contiendas electorales en todo Estados Unidos y las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump.

Jonah E. Bromwich cubre justicia penal en Nueva York, con énfasis en la fiscalía de distrito de Manhattan y las cortes penales estatales en Manhattan. c. 2024 The New York Times Company.

Por Maggie Haberman y Jonah E. Bromwich, The New York Times.