Hay una impunidad ‘casi absoluta’ en desapariciones forzadas en México: ONU
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Señala que censo de desaparecidos de AMLO no cumple con estándares internacionales, y advierte la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones
CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED en inglés) de la ONU lamentó que el flagelo de la desaparición forzada en el país siga siendo generalizado, acusó impunidad “casi absoluta” con respecto a la justicia y consideró que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que está elaborando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple con estándares internacionales.
“El proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República, no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales aplicables a la materia para este tipo de actividad’’, afirma el CED en sus conclusiones luego de examinar la situación de México.
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El censo promovido por AMLO “no es ejecutado por autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias; no cuenta con metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas; y en su implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”.
“Además, preocupa la seguridad de la información contenida en el RNPDNO y el acceso al código fuente’’, observó el CED.
El comité de la ONU recomendó “garantizar que la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluya los casos en los cuales haya indicios del involucramiento de servidores públicos o de personas o grupos de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, de tal modo que se identifiquen los casos de desaparición forzada”.
El CED mantuvo un diálogo con la delegación de México en Ginebra, durante su 25ª sesión, los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2023, acerca de las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones derivadas de la Convención, y con base en ello publicó este martes 3 sus conclusiones y recomendaciones finales.
NO HAY POLÍTICA DE PREVENCIÓN
Con respecto a la propuesta de Política Nacional de Prevención y Erradicación de Desapariciones, al CED le preocupa “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen’’.
Asimismo, deplora “la falta de reconocimiento de las autoridades hacia las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales, así como la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”.
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Sobre este punto recomienda “asegurar que al diseñar e implementar la política nacional de prevención y erradicación de desapariciones forzadas, las autoridades del Estado parte reconozcan y tomen en cuenta las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales frente a las desapariciones, al tiempo de erradicar todas las causas estructurales de impunidad”.
Exhorta al gobierno a “diseñar e implementar una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre las desapariciones dirigida a toda la población, incluso en las escuelas y medios de comunicación, con el fin de, entre otros objetivos, informar sobre los mecanismos de denuncia, y combatir la estigmatización a la que se enfrentan las víctimas”.
El Comité toma nota de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 111,540 personas desaparecidas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023 y ante esta cifra el CED “lamenta la persistencia de una situación generalizada de desapariciones”.
IMPUNIDAD “CASI ABSOLUTA”
El CED observó el “alarmante número de desapariciones registradas en el Estado y la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
Relacionado con ello, urge “asegurar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las alegaciones de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, cumpliendo con la debida diligencia en todas las etapas del proceso, y garantizar que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados responsables, sean sancionados con penas apropiadas”.
Llama a “incrementar las capacidades de las fiscalías en términos de investigación y persecución penal, garantizando que cuando haya motivos razonables para creer que una persona desapareció en relación con la comisión de un delito, no se descarte la hipótesis de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, sin perjuicio de que se investiguen otros delitos conexos, cualquiera que haya sido la duración de la desaparición”.
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Con respecto al análisis de contexto la ONU pide “elaborar los análisis de contexto y aplicarlos sistemáticamente en los procesos de búsqueda y de investigación, a fin de tener una comprensión integral de las desapariciones, facilitar la determinación de responsabilidades en la cadena de mando y establecer estrategias efectivas de procesamiento de los casos a nivel global”.
MILITARIZACIÓN
Al CED le preocupa “la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, así como la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la falta de controles civiles eficaces que regulen o supervisen su actuación”.
Sobre ese punto la ONU “reitera su recomendación y exhorta al Estado a fortalecer las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, con plazos determinados y acciones específicas. El Comité también recomienda asegurar el debido funcionamiento de los mecanismos de control civil y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.
MADRES BUSCADORAS Y ACCESO A EXPEDIENTES
Al Comité “le preocupa que los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida) e investigación que le competen al Estado”.
“Además, el Comité está preocupado por las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.”
Exhorta al gobierno a “asegurar que los colectivos de madres buscadoras y otros actores de la sociedad civil involucrados en los procesos de búsqueda siempre cuenten con el acompañamiento de personal capacitado, y asegurar la identificación, investigación, resguardo y seguimiento de los hallazgos que encuentren”.
Urge “velar por que los familiares, allegados y representantes de las personas desaparecidas puedan acceder de manera efectiva a los expedientes de investigación y sean informados de manera completa, oportuna y respetuosa acerca de la evolución de dichos procesos’’.
Sobre desapariciones de larga data el CED observa “el limitado acceso a los archivos de las fuerzas militares en donde el equipo de investigadores ha realizado trabajo de campo y búsquedas, así como las dificultades para el análisis pericial de la documentación recuperada de dichos archivos”.
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CARÁCTER CONTINUO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, el CED reitera sus recomendaciones y exhorta al gobierno a “fortalecer la Comisión para el Acceso a la Verdad, garantizando su independencia y que cuente con los recursos humanos, financieros, y técnicos necesarios para cumplir con su mandato’’.
Además, pide a Palacio Nacional “asegurar que la Comisión para el Acceso a la Verdad tenga acceso a los archivos estatales relevantes, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Estado Mayor Presidencial, y los servicios de inteligencia, incluidos aquellos que se encuentran en los campos y bases militares que operaron como lugares de privación de libertad’’.
BÚSQUEDA Y COORDINACIÓN EFECTIVA
El CED cuestionó “que se encuentre pendiente el nombramiento de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda; la ausencia de Consejos Ciudadanos de Búsqueda en 19 estados, así como el insuficiente presupuesto de las instituciones a cargo de la búsqueda, en particular las Comisiones Locales de Búsqueda, pese al otorgamiento de subsidios federales, así como el reducido número de personal.
En este sentido urge “asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General’’.
Destaca también “la limitada aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), su ineficacia para activar una búsqueda inmediata, y la ausencia de evaluación de la implementación de estos instrumentos’’.
Subraya la gravedad del “aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto, así como el hecho de que la aplicación del Protocolo Alba no obliga a la realización inmediata de bu´squedas en las entidades federativas, pese a la publicación de los Criterios Mínimos para la Construcción y/o armonización del Protocolo Alba (2023)’’.
Critica “el mantenimiento de la exigencia por parte de algunas autoridades de que hayan pasado hasta 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, impidiendo la búsqueda inmediata de la persona desaparecida’’.
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MIGRANTES Y ACCIONES URGENTES
El Comité reitera su preocupación “por la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes, en particular aquellas en situación irregular, agravada por las políticas migratorias con un enfoque de seguridad’’.
Insta a “revisar los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, de tal forma que se garanticen salvaguardas para personas solicitantes de refugio y refugiadas’’.
De igual forma exhorta a “capacitar a todas las autoridades competentes en la materia sobre los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación y la adecuación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y los Lineamientos Generales para la expedición de visas, y asegurar su efectiva implementación’’
El CED instó a que el gobierno “garantice que todas las autoridades actúen en conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declara el carácter vinculante de las acciones urgentes, así como monitorear su efectiva implementación, observar los plazos solicitados por el Comité y asegurar la debida participación de víctimas y autoridades relacionadas con la búsqueda de personas’’.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
La ONU manifestó su alarma por “las alegaciones recibidas sobre amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de las personas desaparecidas que realizan actividades de búsqueda e investigación, las personas que les acompañan, las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y periodistas’’.
Deploró el hecho de que “ los recursos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de los mecanismos locales de protección sigan siendo insuficientes.
Igualmente lamentó la falta de individualización en la protección de personas pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, las dificultades para el reconocimiento de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y su acceso a la protección estatal, y la falta de efectividad de las medidas de protección estatal otorgadas”.
El CED lamentó “la situación de inseguridad que enfrentan los servidores públicos a cargo de las búsquedas e investigaciones de personas desaparecidas, así como “la falta de respuesta del Estado parte durante el diálogo acerca del impacto de las renuncias de diversos funcionarios a cargo de procesos de investigación y búsqueda’’
El CED insta a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos locales de protección de víctimas, “con recursos financieros, técnicos y personal adecuados para cumplir con su mandato de manera eficaz, y diseñar programa de protección para servidores públicos que investigan las desapariciones”.
Exhorta a “garantizar que todas las personas incorporadas al Mecanismo de Protección puedan recibir asesoría jurídica, apoyo psicológico y atención de salud, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales de atención a víctimas, así como consolidar un programa nacional de reparaciones integrales a las víctimas de desaparición, con enfoque diferencial’’.
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CRISIS FORENSE
El CED se mostró alarmado por el “elevado número y aumento de la cantidad de cuerpos y/o restos humanos recibidos por los servicios médico-forenses y la incapacidad de estos servicios para su debida identificación y resguardo’’.
Al respecto, información recibida por el CED indica que “89% de los 53 mil 347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense no se identificó durante 2022’’.
El CED lamenta que “la Fiscalía General de la República no haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y que no se cuente con el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y toma nota de la “ausencia de una política pública articulada en materia de resguardo institucional de personas fallecidas’’.
El Comité destaca que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas “no ha logrado ninguna identificación, pese al tiempo transcurrido desde su establecimiento’’
Finalmente, la ONU recordó al gobierno de México “las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención sobre Desaparición Forzada e insta al Estado a asegurarse de que todas las medidas que adopten, sean de la naturaleza que sean y emanen de la autoridad que emanen, se ajusten plenamente a la Convención y a otros instrumentos internacionales pertinentes’’.
Con información de Proceso
