Continúa al alza ingreso de celulares en cárceles para delinquir
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De 2017 a 2021, el IFT detectó un incremento de 31 mil 756 llamadas de extorsión
De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), continúa al alza el ingreso de celulares a centros penitenciarios para delinquir, donde año con año se incrementa la presencia de equipos telefónicos.
De 2017 a 2021, el IFT detectó un incremento de 31 mil 756 llamadas de extorsión, tan sólo al analizar tres penales al azar, de acuerdo con la revisión del comité especializado en estudios e investigaciones que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional.
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En comparación con el primer registro de 2017, en tres centros penitenciarios monitoreados al azar se explicó que solamente se utilizaban 597 celulares y para 2021 la cifra se elevó a 969, pero las llamadas casi se duplicaron, ya que pasaron de 44 mil 718 a 76 mil 474; sin embargo, 2020 fue el año cuando se registraron más llamadas desde prisiones: 163 mil 392.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que este año, hasta el 30 de septiembre, se han registrado 7 mil 966 extorsiones en el país.
No obstante que la muestra detalla las actividades de sólo tres centros penitenciarios, de los 15 federales y 251 estatales que existen, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México afirma que 94% de las extorsiones son telefónicas.
En 2021, el informe del IFT, presentado a la Cámara de Diputados el mes pasado, registró 737 mil 197 llamadas en los tres reclusorios observados. En uno de ellos se usaron 3 mil 178 celulares y se hicieron 355 mil 155 llamadas, el mayor número en tres semanas, con la particularidad de que también se utilizaron el mayor número de IMSI (International Mobile Subscriber Identity, integrado en la tarjeta SIM), 2 mil 872.
”La investigación identificó la cifra más alta de equipos sospechosos desde que inició el monitoreo en 2016. Esto se repite con los IMSI, con aumentos promedio de 85% para cada semana comparado con el año anterior”, determinó el documento, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
El IFT concluyó que a pesar de los esfuerzos de las autoridades penitenciarias, como colocar inhibidores de llamadas en los reclusorios, siguen operando equipos sospechosos en los reclusorios analizados.
”Donde hay pocos teléfonos, se observa que se realizan una gran cantidad de llamadas, afectando tanto a los usuarios como la calidad del servicio”, explica el informe del IFT.
SISTEMA PENITENCIARIO, EN CRISIS
El sistema penitenciario lleva años en una crisis provocada por la sobrepoblación y la falta de presupuesto que deriva en que los reclusos tengan mejores condiciones de vida, señaló Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, a EL UNIVERSAL.
”Creo que hay una crisis en el sistema penitenciario, que no es reciente, que se vislumbra desde hace bastantes años, por el nivel de sobrepoblación, por el tema de dignificar la calidad de vida de los reos, por el acceso a los servicios básicos de alimentación, etcétera. Y esto se vincula concretamente con procesos de ingobernabilidad, la creación de pequeños gobiernos o autoridades internas dentro de los centros penitenciarios, que puede generar que estas actividades ilícitas, que no pueden estar bajo control de las autoridades, se desenvuelvan y puedan ir creciendo”, expresó.
Expuso que la extorsión desde los reclusorios está vinculada a la impunidad que hay a nivel nacional, por la ausencia de procuración de justicia y a que “es muy fácil proceder un delito de estas características”.
”Sí creo que existen todas las condiciones para que lo puedan hacer [la extorsión telefónica] desde los centros penitenciarios. Creo que se van a ver muy superados por esta crisis, que ya existe desde hace bastantes años”, apuntó.
El investigador dijo que para combatir la extorsión telefónica desde los reclusorios no es suficiente con colocar inhibidores de llamadas, sino que se deben mejorar los mecanismos de procuración de justicia, para que los casos denunciados se judicialicen.
“Es un dilema, porque, incluso, fortaleciendo las medidas de los centros penitenciarios, no siento que se podría contener la parte de los fenómenos de extorsión. Tendría que ser una visión más integral, tendría que ser la visión de mejorar las capacidades de los centros penitenciarios, mejorar las capacidades de procuración de justicia, del sistema policial”, afirmó Aguilar Antonio.
