Masificar uso de firma electrónica avanzada reduciría costos y tiempo: Expertos
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Investigadores trabajan en una plataforma tecnológica reconfigurable para facilitar el uso de esta firma y así generar beneficios como ahorro de papel y de tiempo en trámites.
La firma electrónica avanzada es una tecnología que de masificarse contribuiría en el combate a la corrupción, en evitar la falsificación de documentos, la usurpación de identidad, reducir gastos en papelería, agilizar trámites burocráticos con el consecuente de ahorro de tiempo a los ciudadanos y en pro de la distribución de documentación oficial de forma inmediata y segura.
La firma electrónica ya existe, señalaron Miguel Morales Sandoval y Luis Julián Domínguez Pérez, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Tamaulipas, pero las aplicaciones actuales van muy de la mano con la función para la que se desarrolla, por lo que es muy difícil reutilizarla en otros lugares y contextos.
Ejemplo de esto es el SAT que tiene su propia aplicación de Firma Electrónica Avanzada (FIEL), e incluye en los certificados digitales información que es útil solo para ellos, como el RFC y el domicilio fiscal, pero esta información no necesariamente es relevante para otras aplicaciones.
De ahí la importancia de desarrollar una plataforma que se adapte a distintas aplicaciones, que pueden ir desde firma electrónica de boletas de calificaciones hasta firma electrónica de documentos gubernamentales, remplazando el proceso tradicional (documentos en papel y firmas autógrafas).
Por ejemplo, una empresa puede requerir que las transacciones de sus miembros dentro de la misma tengan número de empleado, departamento al que pertenecen, o cargo que tienen. Por ello, el trabajo que hemos iniciado tiene el objetivo de definir la arquitectura de despliegue de firma electrónica avanzada que pueda cubrir un rango amplio de aplicaciones.
Lo anterior, porque el proyecto también va en el sentido de agilizar trámites que se hacen en el gobierno (por ejemplo, apostillas o expedición de actas de nacimiento), comentaron los investigadores del Laboratorio de Tecnologías de la Información.
Los expertos del Cinvestav Unidad Tamaulipas acotaron que la legislación sobre uso de firma electrónica avanzada en México apenas va avanzando, y una aplicación informática de firma electrónica no puede operar si no existe la legislación correspondiente. De hecho, en Tamaulipas ya fue aprobada la ley de firma electrónica avanzada.
Como ha sucedido en otros estados de la República, tras la aprobación de una ley de firma electrónica, queda regulado también las entidades autorizadas que emitirán los certificados digitales, que son la parte esencial en una aplicación de firma electrónica, ya que son el identificador oficial de un usuario que puede generar firma electrónica avanzada.
Generalmente, estas entidades de certificación son dependencias gubernamentales, como la oficina de contraloría, o la secretaría de gobernación estatal. Con la aprobación de ley de firma electrónica avanzada en Tamaulipas, se abre un abanico de aplicaciones donde esta tecnología puede aplicarse.
Miguel Morales Sandoval recordó que la firma electrónica es una tecnología propiamente de informática creada en 1976, mediante un algoritmo específico que genera una cadena binaria de 1024 bits. Esta cadena cambia cuando se firma un documento, ya que la firma electrónica avanzada depende no solo del firmante, sino de la información que se cifra.
Su creación se basa en técnicas de criptografía para garantizar la seguridad de quien firma. Requiere de algoritmos criptográficos y llaves digitales para que exista una garantía de que la información que se ingresa es segura, íntegra y garantiza que quien firmó es la persona facultada para hacerlo. Las llaves de seguridad impiden que se pueda falsificar la firma o el documento, al igual que usurpar la identidad de alguien.
Luis Julián Domínguez Pérez, acotó que emplear este tipo de tecnologías traerá grandes beneficios sociales y recordó el caso del estado de Colima, que tenía un problema en el registro público de la propiedad, con atrasos de hasta un año en lo que son los trámites, por lo que el gobierno estatal decidió usar esta tecnología para automatizar los procesos. Al digitalizar los documentos y las firmas acabaron con el rezago y el procedimiento ahora lleva de uno a tres días.