Los presidenciables brasileños silencian el aborto y la marihuana

Sao Paulo.- Huir de los temas polémicos. Esta parece la premisa de los principales precandidatos a la presidencia de Brasil con relación al aborto, la despenalización de las drogas y la reducción de la mayoridad penal. Mientras otros vecinos latinoamericanos empiezan a debatir esos temas, tanto el Gobierno como la oposición brasileña evitan hablar sobre ellos.

Una de las principales cuestiones que se pregunta a los candidatos a las elecciones, que se celebrarán en octubre de este año, es sobre el aborto, uno de los principales tabús del país. El país permite la interrupción del embarazo en tres casos: que la madre sea víctima de una violación; cuando el feto sufra malformación; o cuando exista riesgo de muerte para la madre. En 2007, la presidenta Dilma Rousseff, entonces ministra del Gobierno Lula, afirmó en una entrevista al diario Folha de São Paulo que era favorable a la despenalización. Pero al proclamarse candidata en 2010, fue criticada por sectores religiosos y tuvo que dar marcha atrás.

Para la socióloga y presidenta de la ONG Católicas por el Derecho de Decidir, Maria José Rousado Nunes, el aborto no es discutido por el riesgo de perder tanto el apoyo popular —Brasil es un país conservador, con una mayoría católica y un creciente número de evangélicos— como el del Congreso. El Gobierno evita posicionarse para garantizar la fidelidad de los partidos que forman parte de su coalición, explica. De los 19 partidos que tienen representantes en la Cámara de los Diputados, 14 forman parte de la coalición del Gobierno Rousseff. Muchos de ellos están vinculados a sectores religiosos.

El único avance durante el Gobierno de Rousseff se produjo el año pasado, cuando la presidenta aprobó una ley que determina que la sanidad pública puede pagar los abortos contemplados por la ley. Pero antes de su aprobación, la Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de los Diputados creó un programa social que concede, con dinero público, una pensión mensual para la víctima de una violación que se quede embarazada y quiera tener el hijo.

Los opositores Aécio Neves, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Eduardo Campos, que disputará las elecciones por el Partido Socialista Brasileño (PSB), no piensan en posicionarse de otra forma. Soy favorable a la actual ley, sin cambios, sostuvo Neves en una entrevista a la revista Época. El representante del PSB tiene la misma opinión: Nuestra legislación es adecuada. No veo porque cambiarla, dijo al diario Estado de São Paulo el pasado 20 de abril.

Mientras la legalización del aborto no avanza en Brasil, el procedimiento es permitido sin restricciones hasta un periodo del embarazo (entre la décima y la duodécima semana) en Uruguay, Cuba y en 18 de los 32 Estados de México. En otros países latinoamericanos, el aborto está prohibido, como en Chile, donde la presidenta Michele Bachelet acaba de proponer su legalización en algunos casos.

¿Por qué el tema está mal visto en Brasil? La socióloga María José Rosado Nunes cree que la respuesta está relacionada con la conveniencia política. Los dirigentes ceden espacios para partidos religiosos y, a cambio de que aprueben los proyectos que les interesan, no discuten los temas relacionados al aborto o la libertad sexual, sostiene.

Una propuesta de reforma del Código Penal brasileño se tramita en el Congreso desde 2012. Entre otras cuestiones, propone descriminalizar el aborto. Si esta es la voluntad de la madre hasta la 12ª semana de embarazo, o cuando un médico o psicólogo constaten que la mujer no tiene condiciones psicológicas para ser madre. Un pequeño avance, pero lejos de una verdadera legalización del aborto.

La discusión sobre la descriminalización de las drogas se encuentra aún más trabada. El único que se posiciona radicalmente sobre el tema es el expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). El exmandatario apoya la legalización de la marihuana para uso personal e incluso fue el protagonista del documental Quebrando o Tabu (Rompiendo el Tabú), que debate la despenalización del cannabis en diversos países.

Sin embargo, cuando fue presidente, entre 1995 y 2002, Cardoso no impulsó la política sobre las drogas que hoy defiende. Y el opositor Aécio Neves, de su mismo partido, demostró que no va a empezar un nuevo debate. No me gustaría que Brasil fuera cobaya de una experiencia que no se sabe el resultado, explicó en una reciente entrevista al diario Folha de São Paulo.

El opositor Eduardo Campos (PSB) también está en contra la descriminalización. En un país que vive una epidemia del crack, la cuestión no es si se legaliza o no la marihuana, sino que tenemos que incrementar la presencia del Policía Federal, para que guarden nuestras fronteras, dijo el pasado lunes. La presidenta Rousseff nunca declaró públicamente su posición sobre el tema. Su gobierno tampoco ha mostrado interés en discutirlo. En la campaña de 2010, llegó a declarar: Una droga nunca anda sola. Y terminó ahí.

Como el Congreso Nacional es, en teoría, el reflejo de la sociedad, no se debate el tema durante las elecciones presidenciales. Los candidatos suelen tener posiciones parecidas porque saben que, en Brasil, cuando se discute el aborto o las drogas, pueden perder apoyo, analiza el politólogo Cláudio Gonçalves Couto, profesor de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo.

En los últimos años, cuando aparece el tema, se suele utilizar el ejemplo de Uruguay, que liberó la venta de pequeñas cantidades de marihuana a los usuarios. Lo que es necesario analizar, según los expertos, son las diferencias culturales que influyen en la decisión política. En el caso de Uruguay, la sociedad es más homogénea que la brasileña, según Couto. En Chile, que también tiene una fuerte tradición católica, la sociedad también se muestra más abierta al debate. Ambas tienen un nivel de educación superior al nuestro y separa las cuestiones religiosas de las cuestiones de sanidad pública, sostiene el politólogo.

Otros ejemplos son México y Argentina. Aunque no tengan una ley como la de Uruguay, ambos han empezado a debatir sobre el tema. Dirigentes de los dos gobiernos ya se mostraron favorables a despenalizar el consumo de marihuana. En México DF, por ejemplo, se tramita una ley que establece espacios para la venta y el consumo del cannabis. En Argentina, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, declaró que es favorable a la descriminalización de la producción, comercialización y consumo del cannabis en su país.

Brasil también ha reaccionado tras la aprobación de la venta de marihuana en Uruguay. Como los dirigentes casi no discuten el tema, un grupo de 20.000 personas presentó en febrero una petición al Senado para que sea autorizado el uso recreativo y medicinal de la droga. El senador Cristóvam Buarque (PDT) lo está analizando y, según su conclusión, podrá convertirse en un proyecto de ley. Además, otro diputado, Jean Willys (PSOL), presentó hace tres meses un proyecto para regular la producción y la comercialización del cannabis. El proyecto sigue sin tramitarse en la Cámara de los Diputados.

Otra iniciativa popular es el colectivo Marcha da Maconha (Marcha de la Marihuana), que se manifiesta regularmente en diversas ciudades de Brasil. En la última vez que protestaron en São Paulo, el pasado 26 de abril, el grupo reunió a miles de ciudadanos (3.000, según la Policía Militar) para pedir la legalización de la droga.

Para la socióloga Rosado Nunes, la tradición autoritaria de Brasil también influye en la falta de discusión sobre esos temas. Al contrario de nuestros vecinos, somos un país autoritario, con una política de cabestro, una democracia floja, opina. Según cree, el largo periodo de esclavitud y el autoritarismo de los tiempos de la dictadura dificultan la democracia.

Crímenes por prejuicio

A. B. / M. R.

Aunque Brasil haya aprobado el año pasado la unión homosexual, el país sigue siendo homofóbico. Un total de 312 gays, lesbianas o transexuales fueron asesinados el año pasado; es decir, un homicidio a cada 28 horas, según el Grupo Gay de Bahia (GGB), una de las instituciones más antiguas de defensa de los derechos humanos homosexuales en el país. La entidad calcula que un 99% de los crímenes fueron motivados por el prejuicio.

Existe un proyecto de ley en el Congreso para criminalizar la homofobia: define los crímenes por la discriminación o prejuicio de género, sexo y orientación sexual, y establece responsabilidades de los actos y de sus autores. Sin embargo, su tramitación es lenta. Lleva ocho años en el Congreso y no avanza. Mientras, la justicia de Chile se ha mostrado más estricta al toparse con crímenes con clara motivación homofóbica. El año pasado, la justicia condenó a prisión perpetua uno de los cuatro agresores y asesinos de Daniel Zamudio, que murió en 2012 tras ser linchado.

Pese a ello, Chile, Paraguay, Bolivia, Peru y Venezuela no reconocen el matrimonio gay. El tema se encuentra más avanzado no solo en Brasil, sino también en Uruguay, Argentina y en algunos Estados de México.

La reducción de la edad mínima para entrar en la cárcel es un tema cíclico. Cuando un menor de edad realiza un crimen, el tema vuelve a estar en evidencia, sobre todo porque los sectores más conservadores impulsan el debate.

Hay más de 20 proyectos de ley en el Parlamento para reducir la mayoridad penal de los 18 años a los 16, o incluso a los 14 años; o incrementar el rigor para los jóvenes infractores, un tema poco defendido por los movimientos sociales. Los más antiguos proyectos llevan tramitándose desde la década de 90. Además, diversas encuestas han mostrado que la reducción de la edad penal tiene el apoyo de entre un 70% y un 93% de los brasileños.

AFONSO BENITES / MARINA ROSSI/ EL PAÍS