Ley de Ausencia divide a empresarios y familiares de víctimas

Torreón.- A seis meses de la promulgación de la Ley de Ausencia por Desaparición de Personas en Coahuila, los familiares de las víctimas no tienen seguridad de obtener los beneficios planteados y algunos temen que solamente quede en otro trámite burocrático sin respuesta. Los empresarios y asociaciones civiles buscan modificarla y perfeccionarla.

Esta legislación tiene por objeto "reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima".

El artículo 14 establece que las personas declaradas como de-
saparecidas en Coahuila recibirán diferentes protecciones, entre otras: otorgarles "situación de licencia" con goce de sueldo hasta que sean localizadas; si permanece con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad; la indemnización en caso de muerte será para sus deudos; a los beneficiarios se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios de la seguridad social; se suspenderán los pagos de crédito de vivienda en tanto no se localice con vida a la persona.

María Elena Salazar recientemente recibió la sentencia a favor de que las prestaciones y derechos laborales de su hijo serían respetadas; sin embargo, duda que la empresa donde laboraba cumpla con ello. "Me la acaban de entregar la semana pasada, pero les comenté a mis compañeros que fue terrible porque es un expediente más en otra dependencia. Dudo que la empresa lo cumpla".

Hugo Marcelino González Salazar, quien contaba con 24 años cuando desapareció, fue visto por última vez el 20 de julio de 2009 en el primer cuadro de la ciudad. Desde entonces su madre lo busca desesperadamente y por ello ingresó a la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

Elena Salazar no sabe si las sentencias a favor sean una fortuna o desfortuna para las familias de las víctimas, pues también existe la posibilidad de que tengan que entrar en un largo juicio con los empresarios que contrataron a sus parientes.

Silvia Ortiz, integrante de la organización Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), dice que un riesgo de la ley pudiera ser que los esfuerzos de quienes tienen un familiar desaparecido queden desviados a un juicio laboral.

Reconoce que los que pasen por esos juicios corren con el riesgo de sufrir emocionalmente; sin embargo, el apoyo de las asociaciones civiles es fundamental para que la exigencia a las autoridades —de encontrar a los desaparecidos— no termine o se debilite.

"No todos los desparecidos entran en esa ley y a nosotros (como sociedad doliente) nos queda apoyar a quienes sí van entrarle. Es decir, con la presión hacia las autoridades de que no se olviden de buscar a sus familiares", asegura.

Ortiz forma parte de los familiares que no serían beneficiados con la nueva normativa, pues su hija (Silvia Stephanie Sánchez Viesca) desapareció hace diez años cuando estudiaba la preparatoria.

Ambas mujeres exhortan al sector empresarial a solidarizarse para apoyar la Ley de Ausencia. "Hacemos un esfuerzo a unir fuerzas y no dividir", pide Elena Salazar.

Agrega que para la conformación de la normativa fue tomado en cuenta Fundec y los lineamientos internacionales de derechos humanos.

La representante del Grupo Vida menciona que de los 35 casos de personas desaparecidas solamente siete entran en las condiciones de la normativa. "Entiendo a los empresarios en el momento en que no se especifican algunos términos, entre ellos el tiempo que van estar pagando el salario".

Dos consejos empresariales laguneros demandarán la derogación o modificación de la Ley de Ausencia, pues argumentaron les afecta y no garantiza una protección para los familiares de las víctimas.

Agustín Arellano, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), resaltó que sostuvieron reuniones con los representantes del Congreso del estado sin ninguna respuesta favorable y por eso acudirán a las instancias legales.

"Hablamos con los diputados para mejorar esta ley y les hicimos algunas propuestas, después de mucho insistir nos atendieron y quedamos en pasarles las iniciativas. Incluso el presidente (del Congreso del estado) dijo que se podía modificar y luego declaró lo contrario", recordó.

Eugenio Treviño, vocero del Grupo Empresarial Lagunero (GEL) y presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), explicó que hay dos artículos de la normativa que más afectan a su gremio y por eso van por
sus modificaciones.

"Uno de ellos (el 14) establece que a la persona se le puede declarar parcialmente desaparecido y mientras se le encuentra el empresario tiene que seguir pagándole sus aportaciones hasta una sentencia de muerte o desaparecido. Esa parte quedó muy abierta", argumentó.

Indicó que en ese caso proponen que haya un límite establecido para determinar la sentencia de desaparición y de esa forma la empresa pueda otorgarle a los familiares una pensión o el pago correspondiente similar al de una defunción.

"El segundo artículo (el 16) menciona que si el desaparecido tiene adeudos con tarjetas de créditos o mueblerías se congelarían las cuentas y las familias no tendrían que pagarlas. Pero si la familia ya recibe un sueldo por qué no pagar las deudas", agregó.

Arellano expuso que entre las propuestas que tienen está que haya un plazo de un año para determinar como desaparecido a la persona ausente y que mientras tanto diversas instancias gubernamentales tuvieran a su cargo el pago de las prestaciones.

Eugenio Treviño agregó que la normativa "no está bien hecha porque viola la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y el Seguro Social".

Ambos empresarios coincidieron en que habría repercusiones serias aunque pocas personas desaparecidas entrarían en esa ley, sobre todo para las microempresas.

El presidente de la Canacintra comentó que ya tuvieron un acercamiento con diputados locales electos para que al iniciar la siguiente legislatura pueda replantearse modificar la ley.