"La presión del gobierno contra los cárteles engendró más violencia": García Luna

México, DF. ¿Se cree al gobierno de México cuando habla en público o cuando lo hace en privado?

Habla Alejandro Poiré, alguna vez asesor de Elba Esther Gordillo y ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional: "Se rechaza categóricamente la apreciación de que en México, por definición, un mayor esfuerzo en la aplicación de la ley por parte de la autoridad tendrá como resultado un incremento en la violencia de los narcotraficantes".

Toma la palabra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública: "La presión del gobierno de Calderón contra los cárteles al principio de este año (2007) engendró más violencia" (cable 07MEXICO6043 de la embajada de Estados Unidos en México).

La airada arenga de Poiré fue lanzada apenas el 31 de mayo pasado, ante cámaras y micrófonos. García Luna habló en una reunión a puerta cerrada, cuando se cumplían 11 meses del gobierno de Felipe Calderón, ante un embajador estadunidense muy conocido en América Latina: John Dimitri Negroponte.

Poiré respondió al reporte de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas, en la que participan los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, además de otras figuras mundiales. García Luna lo hizo a preguntas expresas de Negroponte, quien por entonces se preparaba, en su calidad de subsecretario de Estado del gobierno de George W. Bush, a defender la Iniciativa Mérida ante el Congreso de Estados Unidos.

Desde las primeras reuniones de funcionarios estadunidenses con sus pares del gobierno de Calderón, reseñadas por los cables entregados por Wikileaks a La Jornada, el tema de la reforma policial aparece en forma recurrente. Así ocurre también en la reseña del encuentro entre Negroponte y García Luna a finales de octubre de 2007. Sucede igual con republicanos o demócratas, con funcionarios de seguridad o legisladores del vecino país. El titular de la SSP explica a todos, con detalle, sus programas en curso y sus planes futuros.

A Negroponte, por ejemplo, le dice que pretende hacer crecer la fuerza policiaca federal a 35 mil efectivos, construir "una prisión de supermáxima seguridad que permita aislar a los miembros de los cárteles de sus redes de apoyo", así como "crear una base social de apoyo a las fuerzas de seguridad pública", se lee en el cable fechado el 5 de diciembre de 2007.

Uno de los pasos para construir esa "base social" serían los consejos consultivos estatales de seguridad, integrados por empresas, organismos no gubernamentales y líderes cívicos.

Las "ambiciosas propuestas" de García Luna -así calificadas en el cable- estaban, claro, a la espera de su aprobación en el Congreso, pero según el secretario proporcionarían los "medios para la profesionalización de todos los 350 mil policías federales, estatales y locales", mediante la implementación de "métodos, procesos y sistemas estandarizados en todas las jurisdicciones".

En calidad de mientras -informaba García Luna a Negroponte-, la SSP "está realizando la prueba del polígrafo a las fuerzas federales bajo su control". Entonces, el secretario informaba que la SSP se preparaba para tener la capacidad de aplicar tales pruebas a 100 mil policías por año.

Calderón, explicaba García Luna a Negroponte, proponía una reforma que "demostraba su compromiso de romper el molde de la seguridad pública en México", donde las "fuerzas locales, estatales y federales tradicionalmente han trabajado aisladas, manteniendo distantes (y) muchas veces antagónicas relaciones".

Restaurar el respeto a las fuerzas de seguridad, objetivo

En sus conclusiones, García Luna admitía ante Negroponte que "la presión del gobierno de Calderón contra los cárteles al principio de este año engendró más violencia", y enseguida enumeraba los "desafíos claves" de la dependencia a su cargo: "repoblar toda la fuerza policiaca en el país (romper el agarre que mantienen los cárteles sobre la policía local, en particular), restaurar el respeto público a las fuerzas de seguridad pública y entrenar y equipar a las fuerzas policiales para hacer frente a la ventaja tecnológica que los cárteles han mantenido durante mucho tiempo". A ese fin ayudaría "el apoyo prestado a través de la Iniciativa Mérida".

El cable lo firma el embajador Antonio O. Garza, republicano.

Dos años después, el embajador Carlos Pascual, demócrata, firma un cable que reseña la visita del subsecretario Arturo Valenzela, para quien Genaro García Luna revisa la sustitución de militares por policías en Ciudad Juárez.

Según el despacho de Pascual, "la idea era trasladar a los militares a las afueras de la ciudad, para que se centren en asegurar las rutas de tránsito y en prestar apoyo a las operaciones de seguridad urbana de las unidades de la Policía Federal en la ciudad" (cable 09MEXICO3504).

Con ello, explica el secretario mexicano a Valenzuela, se garantizaría que las acciones contra la delincuencia estén "más estrechamente ligadas a un proceso legal y (se) aliviaría la carga operativa que tiene actualmente el Ejército".

El gobierno de Felipe Calderón ha negado siempre que el clima de violencia afecte la marcha de la economía. En una declaración reciente, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, rechazó un informe del Banco de México, basado en opiniones de expertos, cuando dijo: "No existe evidencia de que la recuperación económica se esté desacelerando, deteniendo, por el tema de la inseguridad".

Otra idea deben tener en Estados Unidos cuando, por ejemplo, en el cable citado se anota: "Tanto el embajador como el subsecretario señalaron la necesidad de proceder con cuidado respecto del cierre de empresas en Ciudad Juárez, que podría complicar un entorno económico difícil e impulsar más la violencia y la criminalidad".