La oscuridad del gobierno de Ivonne Ortega
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Los empresarios yucatecos rompieron con las autoridades estatales. Consideran que Ivonne Ortega se ha convertido en una cacique sin control, dispendiosa, opaca en las cuentas y sin obra qué presumir en cuatro años. La deuda pública que recibió de apenas 300 millones de pesos, ya la elevó a 8 mil millones, los cuales pretende cubrir elevando impuestos en tiempos de crisis. Y de la mano de la alcaldesa de Mérida, gastan los pocos recursos en costosos "Informes Ciudadanos" y en conciertos de Shakira, Elton John, Plácido Domingo y Sarah Brightman. Su recompensa en la tierra del pibil: el abucheo público generalizado.
El sector empresarial en pleno ya le puso un alto. Y ya no acepta trato alguno Ivonne Ortega Pacheco. Las relaciones están rotas. Los tambores son de guerra y se agitan conforme se acerca el 2012.
Y no es para menos. A 12 meses de que termine su mandato de cinco años, la gobernadora de Yucatán enfrenta serios cuestionamientos que podrían colocarla al borde del juicio político.
Su administración es un desastre administrativo. A pesar de haber recibido en los primeros tres años de su gestión ingresos adicionales que superaron los 10 mil millones de pesos, el dinero no le alcanza y la deuda estatal es ya exorbitante.
Baste decir que al ritmo actual de amortización, la deuda que tiene hasta hoy la gobernadora de Yucatán tardaría 57 años en ser pagada.
Y es que mientras los ingresos crecieron 37 por ciento desde que se hizo cargo del estado en 2007, los gastos se le elevaron casi 43 por ciento. Y el gasto corriente, el del pago de sueldos a la burocracia y el gasto del día, subió 47 por ciento.
Sólo por citar un rubro, el egreso del gobierno estatal destinado a fomentar el turismo es el más elevado en la historia de Yucatán, pero las cifras de visitantes van en picada. Mal aplicados.
Las grandes promociones son sus muy cuestionables conciertos en las pirámides de Chichén Itzá y en Mérida, a donde lleva a figuras como Elton John, Shakira, Plácido Domingo o Sara Brightman, algunos de la mano de la alcaldesa de Mérida. Nadie conoce ni el costo de los eventos ni el destino de esos dineros.
Para compensar sus excesos, Ivonne Ortega recurrió no sólo a participaciones federales extraordinarias, sino al aumento de impuestos y al endeudamiento desaforado.
Este año elevó sustantivamente los impuestos estatales tanto a la nómina de las empresas y al hospedaje en hoteles, como a la expedición de actas de nacimiento y permisos para el establecimiento de restaurantes.
Y la deuda pública de apenas 300 millones de pesos que recibió de su antecesor, el panista Patricio Patrón Laviada, ya va en 8 mil millones de pesos, contabilizando la deuda directa y los llamados APPs, que no son otra cosa que obras públicas costeadas con recursos privados en deuda a largo plazo.
La relación de adeudos con bancos, que en 2007 era de 265 millones de pesos, en 2011 se multiplicará por 10 al sumar 2 mil 912 millones de pesos.
Pero toda esta danza de ingresos, impuestos y deudas tendría su justificación si estuvieran respaldados por obra pública contante y sonante. La verdad es muy distinta.
De las tres obras insignia que prometió cuando asumió la gubernatura, Ivonne Ortega no puede presentar una sola. Todas continúan en estudios, planeación o fases primarias de construcción.
Ni su Parque Científico y Tecnológico, ni su Museo de la Cultura Maya o el Palacio de la Civilización Maya, ni su Tren Rápido son obras que hoy pueda presumir. Si acaso, después de tres años de promesas, proyectos y primeras piedras, apenas se están iniciando.
Y como los tiempos políticos corren en contra, Ivonne Ortega ya está buscando quién le cubra las espaldas. Y todo parece indicar que ya eligió a su sucesora.
Se trata de la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, quien hace el uno dos con la gobernadora en manejos opacos del presupuesto cuestionados públicamente y para quien ya se ha pedido juicio político.
Es la misma funcionaria que alcanzó notoriedad nacional con la represión de los ciudadanos que protestaban por la construcción del paso deprimido en la glorieta del Paseo Montejo, hecho en el que no intervino la policía estatal porque la gobernadora dijo que no quería hacer más grande el conflicto.
Por ahora, el sector empresarial de Yucatán en pleno ya rompió el silencio y va con todo por la rendición de cuentas de quien por cuatro años manejó un discurso separatista reclamando que su gobierno era "el regreso de los mayas". ¿Alguna vez se fueron? Analicemos.
¿DE DONDE VIENE `IBOM'?
La carrera política de Ivonne Ortega Pacheco es tan súbita como sorpresiva.
Originaria de Dzemul, un pequeño poblado yucateco de 3 mil habitantes, a sus 39 años no sólo está entre los mandatarios más jóvenes de México, sino que hoy es la única mujer gobernadora en México.
Su carrera política arrancó en 1998, cuando a los 26 años se convirtió en alcaldesa de su pueblo. Tres años más tarde, fue electa diputada para el Congreso de Yucatán, y dos años después, sin concluir su cargo local, fue convertida en legisladora federal por el Segundo Distrito del estado.
Tampoco terminó su periodo porque Ivonne Ortega fue postulada candidata a senadora por el PRI para los comicios de 2006. No ganó la elección, pero entró en las listas de minoría.
Su paso por el Senado fue efímero. Apenas tres meses. Y es que en una sorpresiva encuesta de Consulta Mitofsky que muy pocos entendieron, terminó como puntera en las preferencias electorales de los yucatecos y fue designada candidata tricolor a la gubernatura.
En las papeletas de las encuestas, derrotó a personajes políticos como Eric Rubio Barthell, Carlos Sobrino Sierra, Orlando Paredes Lara, Rubén Calderón Cecilio e incluso a la favorita, la ex gobernadora interina Dulce María Sauri.
¿Cómo podía entenderse que una mujer que no había sido capaz de ganar por mayoría su posición en el Senado, al que llegó por minoría y lo abandonó a los tres meses, fuera votada en las encuestas muy por encima de políticos más carismáticos y populares?
CON EL APOYO DE LA `SIA'
La campaña de Ivonne Ortega para la gubernatura de Yucatán contó con el apoyo estratégico, la ingeniería electoral y un novedoso fondeo de recursos de un priista regiomontano, el actual legislador federal Felipe Enríquez.
Cobijado por el padrinazgo del empresario y político Benjamín Clariond, de quien fue secretario particular, Felipe Enríquez fue un personaje clave en las movilizaciones y los dineros de la campaña para que el priista Natividad González Parás le ganara al panista Mauricio Fernández Garza la gubernatura de Nuevo León en 2003.
En 2005, Felipe Enríquez y su equipo de operadores electorales y financieros del Cerro de la Silla se trasladaron al Estado de México para operar la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato a la gubernatura. Y la ganaron.
Su recompensa, además de la cercanía y el agradecimiento de quien hoy es el puntero en las preferencias priistas para la candidatura presidencial, fue un compadrazgo. Enrique Peña Nieto bautizó a los primogénitos de Felipe Enríquez.
Por eso, en 2007, cuando Ivonne Ortega buscaba ayuda para sacar al PAN de la casa de gobierno yucateca, no vaciló en aceptar de sus amigos gobernadores las "tecnologías" electorales y financieras de campaña utilizadas por la joven revelación política de Monterrey.
Felipe Enríquez fue designado delegado del PRI en Yucatán, y con el apoyo de dos empresarios clave de la península, Arturo Millet, propietario del equipo de futbol Venados de Mérida, y de Rodolfo Rosas Moya, además del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, trazaron la ingeniería financiera para apuntalar la campaña.
Con el apoyo del Partido Verde Ecologista, que se sumó al PRI para formar la Alianza por Yucatán, Ivonne Ortega derrotó con 63 mil votos de ventaja al panista Xavier Abreu.
Felipe Enríquez repitió el efecto Peña Nieto y convirtió a Ivonne Ortega en su comadre. Pero el regiomontano cobró otros dividendos.
Y terminó colocando como el "ángel custodio" de sus intereses personales, económicos y políticos en Yucatán a su incondicional amigo Ulises Carrillo, quien funge como jefe de la Oficina de la Gobernadora y secretario técnico, y a Jesús Rivero Covarrubias, coordinador general de Comunicación Social del gobierno yucateco.
UNA DEUDA FUERA DE CONTROL
En 2007, cuando la priista Ivonne Ortega se hizo cargo de la gubernatura de Yucatán, la deuda heredada de la administración del panista Patricio Patrón Laviada apenas alcanzaba los 300 millones de pesos.
Más aún, el saldo era a favor, considerando que su antecesor le heredó una Tesorería con 500 millones de pesos en caja. Algo excepcional cuando es de sobra conocido que los que salen se gastan hasta el último centavo.
Pero en cuatro años de gestión, Ivonne Ortega elevó la deuda por encima de 8 mil millones de pesos, 27 veces la que le dejó su antecesor.
Todo comenzó en 2009 con un préstamo de mil 370 millones de pesos que fue solicitado cuando decrecieron las participaciones federales debido a la crisis.
El argumento para pedir el descomunal préstamo, considerando el tamaño de la Tesorería yucateca, era que debían mantener el impulso al desarrollo del estado con grandes proyectos que atrajeran inversión.
Entre las prioridades para aplicar los mil 370 millones de pesos, Ivonne Ortega enlistó la rehabilitación del malecón internacional, la digitalización de los servicios administrativos, la red metropolitana del transporte, el centro histórico de Mérida, el Parque Científico y Tecnológico, así como la reforestación de la entidad.
Tan sólo en anteproyectos y estudios para comenzar estos proyectos, el estado de Yucatán gastó 130 millones de pesos.
Pero a pesar de que el destino final de los mil 370 millones de pesos no fue el originalmente programado, y a pesar de que los movimientos ciudadanos y empresariales se preguntan dónde están esos recursos, la gobernadora ya está pidiendo para este año, a través del Congreso, un nuevo empréstito de mil 300 millones de pesos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El hecho provocó la indignación del sector empresarial y de las agrupaciones civiles, que demandaron a Ivonne Ortega la rendición transparente de cuentas de los primeros mil 370 millones. Si no, boicotearían la petición del nuevo préstamo.
La respuesta fue que el estado estaba tan necesitado de recursos para cumplir su programa de obras y su gasto corriente, que tendría que incrementar los impuestos estatales.
Bajo el nuevo esquema, el impuesto a la nómina se elevaría de 2 a 2.5 por ciento y el impuesto al hospedaje hotelero, de 2 a 3 por ciento.
A los ciudadanos se les incrementarían los derechos y aprovechamientos en la expedición de actas de nacimiento, licencias y permisos para restaurantes y bares.
Los aumentos eran tan absurdos, que el costo de renovar una licencia para operar un restaurante subiría de 2 mil pesos a 50 mil pesos. Un módico 2 mil por ciento de incremento.
Vinieron largas negociaciones en las que se ajustaron las cifras, pero, al final, y a pesar de la oposición del empresariado, el Congreso local, dominado por legisladores priistas, terminó aprobando la nueva Ley de Ingresos.
Más aún, los nuevos préstamos solicitados por mil 300 millones de pesos fueron duplicados para ser autorizados hasta por 2 mil 600 millones de pesos.
El pretexto fue que para evitar nuevas disputas sobre la contratación de deuda, era preferible dejar autorizados los mil 300 millones de pesos para 2011 y otros mil 300 para 2012.
A esos adeudos hay que sumar los 300 millones de pesos que se aplicaron a la adquisición de la tierra en Ucú para implementar el desarrollo urbano.
También los 800 millones de pesos de PPS (Proyectos de Participación Social) aplicados al Museo Maya, cuya construcción estará a cargo de una empresa de los Hank Rhon y se financiará con recursos privados, pero el adeudo impactará a las finanzas públicas.
Las cuentas por pagar a proveedores andaban en mil 400 millones de pesos hasta septiembre de 2010, además de los recursos aplicados al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 700 millones de pesos y la deuda del ISSSTEY, que asciende a 900 millones de pesos.
LA DANZA DE LOS MILLONES
Las organizaciones ciudadanas y las cúpulas empresariales están indignadas por la falta de explicación y de transparencia en la contratación de la nueva deuda.
Sobre todo porque el primer préstamo de mil 370 millones de pesos, que supuestamente se destinaría a detonar obra pública de alto impacto, no había rendido los frutos esperados.
El gobierno de Ivonne Ortega destinó 220 millones de pesos al pago de unos terrenos en los que, según ella, se asientan las ruinas de Chichén Itzá.
Lo cierto es que lo que compró fueron los terrenos adyacentes al sitio arqueológico y a precios exorbitantes. Si de verdad eran necesarios, los podía haber expropiado mediante el pago de la debida y correcta indemnización a los propietarios.
Y, para colmo, las tres obras consideradas insignia del gobierno de Ivonne Ortega -el Museo Maya, el Parque Científico y Tecnológico y el Tren Rápido- llevaban tres años casi congeladas, sin avance.
La construcción del Parque Científico y Tecnológico fue anunciada en 2008 con una inversión de 257 millones de pesos.
La primera piedra fue colocada el 9 de septiembre del mismo año y se prometió que sería inaugurado en 2011.
Pero tres años después y con un gasto de 200 millones de pesos registrados en la cuenta pública para la compra de terrenos y un sinfín de estudios, lo único que se pudo hacer el 31 de enero de este año fue "inaugurar" el plan de edificación.
Lo mismo sucedió con el Museo de la Cultura Maya y el Palacio de la Civilización Maya.
Sus primeras piedras fueron colocadas en diciembre de 2009. Tres años más tarde y 190 millones de pesos después -110 del Mundo Maya y 80 del Palacio de la Civilización-, sólo se ven las excavaciones para los cimientos.
Y aunque las críticas obligaron a la gobernadora de Yucatán a acelerar estas obras monumentales, que supuestamente inaugurará en 12 meses, antes de dejar su cargo, las dudas persisten. Si nada se avanzó en tres años, ¿por qué creer que las obras quedarán listas en 12 meses?
Mención especial merece el proyecto del Tren Rápido que uniría a Mérida con la Riviera Maya. A pesar de que también fue anunciado hace tres años, lo único que se ve es el gasto de 28 millones de pesos en el "proyecto ejecutivo". Hay serias dudas de que, en las actuales condiciones económicas, pueda ejecutarse este proyecto.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA
El 3 de mayo de 2011, Luis Jorge Caamal Burgos, en su calidad de presidente del Centro Empresarial de Mérida, demandó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Yucatán algunos documentos de interés público.
Entre otros, solicitó el contrato de crédito por 700 millones de pesos firmado entre el gobierno estatal y el banco BBVA Bancomer en 2009, además del calendario de pagos de las amortizaciones de capital e intereses.
También pidió el contrato del crédito por 670 millones de pesos firmado en 2009 por el gobierno de Ivonne Ortega con Banco del Bajío, incluyendo su respectivo calendario de pagos de capital e intereses.
La respuesta de Enrique Antonio Sosa Mendoza, director general de la Unidad de Acceso a la Información, fue una burla.
Los documentos fueron entregados, sí, por ser considerados de interés público, pero las fotocopias de los contratos de los créditos estaban plagadas de bloqueos de información con tinta negra para ocultar los montos de los créditos, los detalles de su contratación, las tasas de interés a pagar y toda información numérica de valor.
En las más de 40 hojas, apenas se pueden ver fechas, números de decretos, nombres de notarios. Tampoco se exhiben las firmas de los funcionarios públicos que contrataron los créditos ni de los banqueros que otorgaron los financiamientos.
De inmediato, Luis Jorge Caamal Burgos interpuso ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública su queja, sin que hasta ahora se le haya dado respuesta.
De hecho, se dio una burla más cuando la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán demandó un plazo de seis meses para entregar la información solicitada por el Centro Empresarial de Mérida.
Su argumento fue que se trataba de un proceso muy lento y minucioso que implicaba buscar documentos en 200 cajas. Y explicó el "complejo" proceso: "Para sacar las copias es necesario solicitar la caja correspondiente, ubicar el comprobante, quitar el tornillo de aseguramiento del poste que la sostiene, sacar la copia y volver a colocar el original en su lugar y volver a poner el tornillo de aseguramiento para evitar que la documentación se salga".
La realidad, advierten los empresarios yucatecos, es que ni la gobernadora ni ninguna otra autoridad tienen la menor intención de transparentar la información. Es peligroso.
EL DISPENDIO EN SU APOGEO
Si por algo se distingue la administración de Ivonne Ortega, así como la de Angélica Araujo, alcaldesa de Mérida, es por el gasto excesivo aplicado a fiestas y conciertos.
Desde 2008 promociona cada año la presentación de un artista de talla internacional, como Elton John, Plácido Domingo, Sarah Brightman y Shakira.
Todo se hace a través de un promotor amigo, tanto de la gobernadora como de la alcaldesa. Y el debate después de cada concierto es cuánto costó, cuánto se recuperó con la venta de boletos y a dónde fueron a parar las ganancias.
Con Shakira, el evento más reciente fondeado con recursos municipales, el debate se encendió cuando se supo lo que cobró el promotor: 25 millones de pesos.
De esa cantidad, 900 mil dólares fueron a parar a la bolsa de la cantante; el resto del dinero presuntamente fue utilizado para cubrir los gastos de escenografía y locación. Nadie puede exhibir las cuentas claras.
Sin embargo, estos eventos suelen ser aprovechados por la gobernadora de Yucatán para su promoción personal, ya que asisten personalidades de la clase política y artistas de televisión.
Entre los invitados de Ivonne Ortega se encuentran lo mismo Vicente y Marta Fox, que Enrique Peña Nieto, así como artistas como Silvia Pinal, Carmen Salinas, Galilea Montijo y Juan Gabriel.
Son casi los mismos invitados que suelen asistir a un singular Informe Ciudadano que rinde la gobernadora cada primero de agosto en medio de un jolgorio de artistas, marimbas, comelitones y fuegos artificiales.
El último de estos informes fuera de lugar, porque el oficial es en octubre, fue promovido para agasajar a unos 2 mil invitados en Dzibilchaltún, una zona arqueológica protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
COMPLICIDAD, SUCESION Y REPRESION CIUDADANA
El proyecto de Ivonne Ortega no fue concebido para terminarlo en 2012. Desde hace tres años, diseña un bien estructurado plan con la alcaldesa priista de Mérida, Angélica Araujo.
La gobernadora y la presidenta municipal son ahora una dupla que busca perpetuarse en el poder durante seis años más. Hasta 2018. Y ambas presumen que tienen como padrino al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con el apoyo del legislador y estratega electoral y financiero Felipe Enríquez.
Las complicidades entre ambas han llegado al extremo de que los pájaros le tiran a las escopetas. Y es que está documentado un caso en el que la administración municipal de Mérida prestó al gobierno estatal de Yucatán la nada despreciable cantidad de 100 millones de pesos.
Originalmente, esos recursos fueron aprobados para hacer obras específicas en la ciudad de Mérida, pero en una jugada operada por la mayoría tricolor en el Congreso local, terminaron en las arcas del gobierno estatal.
Algo parecido pasó con los fondos municipales aplicados al concierto de Shakira para distraer la atención de las onerosas facturas pagadas anteriormente a celebridades como Elton John, Plácido Domingo y Sarah Brightman.
Pero la cereza del pastel fue lo que ocurrió el pasado 4 de julio en la Glorieta de la Paz, ubicada en el emblemático Paseo Montejo.
Y es que a pesar de que un mes antes, el gobierno municipal había invertido 2.5 millones de pesos para modernizar esa vialidad, de súbito, y sin que estuviera previsto en el Plan de Desarrollo Urbano o mediara consulta alguna con expertos, la alcaldesa anunció la construcción de un paso deprimido en la glorieta.
El hecho no sólo indignó a las cámaras empresariales, sobre todo a la Cámara de Comercio, que alzaron la voz ante lo que consideraron una obra innecesaria que lesionaría el paisaje urbano.
También protestaron decenas de ciudadanos inconformes que acudieron a la glorieta. Y el 4 de julio, Mérida se tiñó de sangre.
Grupos de choque presuntamente contratados por el gobierno y apoyados por policías vestidos de civil se lanzaron para golpear con saña a decenas de manifestantes.
La lista de agredidos incluyó al cónsul de Holanda en Mérida, José Enrique Gutiérrez López, quien, al igual que otros, fue remitido con lesiones graves a cuidados intensivos.
El hecho llamó la atención nacional, no sólo por el grado de brutalidad, sino por la apatía de la policía, que se negó a intervenir para controlar a los agresores.
La alcaldesa Angélica Araujo se dedicó a negar ante los medios de comunicación que hubiera heridos, aunque las fotografías desplegadas a ocho columnas por el Diario de Yucatán eran más que evidentes. Contundentes.
Y cuando se le cuestionó a la gobernadora por qué no había intervenido la policía estatal para detener a los agresores y evitar el derramamiento de sangre, se concretó a decir que no quería hacer más grande el conflicto.
Ambas, la gobernadora y la alcaldesa, son cómplices hasta en sus declaraciones. Las dos sostienen que tanto los actos ciudadanos de protesta como el distanciamiento del sector empresarial son movimientos políticos de los panistas con miras a recuperar Yucatán en 2012.
Por eso la declaración de Guillermo Vela, del Frente Cívico Familiar, es precisa. Advierte que el gobierno estatal y el municipal ya perdieron el rumbo y se alejaron de la ciudadanía, ya sea para cumplir sus caprichos, para robarse el dinero público o para destinarlo a campañas políticas.
"Hay un excesivo gasto gubernamental, poca obra visible y mucho dinero manejado por debajo del agua, con poca transparencia. La población está irritada".
Y para muestra de esa irritación ciudadana basten dos rechiflas.
Una la que recibió la gobernadora durante el concierto del grupo musical OV7.
La segunda -y la más famosa- la que le dieran a Ivonne Ortega en la pelea de campeonato mundial, auspiciada por Don King en Mérida, y bautizada como "La Batalla de Kukulkán".
Tan populares fueron las rechiflas, que no es difícil encontrarse en Mérida a ciudadanos luciendo sus playeras con la leyenda "Yo le chiflé a Ibom".
CUENTAS OPACAS
La Coparmes en Yucatán solicitó al gobierno del Estado el detalle de los siguientes gastos:
COMPRA DE TERRENOS DE CHICHEN ITZA.-
1)Â Â Â Â Proporcionarnos copia del acta de la sesión de la junta de Gobierno o de Consejo en la cual se autoriza la compra de los terrenos en referencia.
2)Â Â Â Â Monto total de la compraventa, el origen de los recursos y los plazos en la que fue pagada.
3)Â Â Â Â Copia de la escritura de compraventa del predio en cuestión.
4)Â Â Â Â Si existe un crédito bancario para la adquisición del predio, copia del contrato, calendario de pagos para amortizarlo, tasa de interés contratada, costo de la colocación del crédito, garantías otorgadas y el origen de los recursos para cubrir el pago del crédito.
COMPRA DE TERRENOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATAN SIGLO XXI PARA LA EDIFICACION DEL "MUSEO DE LA CULTURA MAYA".-
1)Â Â Â Â Proporcionarnos copia del acta de sesión de la junta de Gobierno o de Consejo en la cual se autoriza la compra de terrenos en referencia.
2)Â Â Â Â Monto total de la compraventa, el origen de los recursos y los plazos en la que fue pagada.
3)Â Â Â Â Copia de la escritura de compraventa del predio en cuestión.
4)Â Â Â Â Si existe un crédito bancario para la adquisición del predio, copia del contrato, calendario de pagos para amortizarlo, tasa de interés contratada, costo de la colocación del crédito, garantías otorgadas y el origen de los recursos para cubrir el pago del crédito.
PROYECTO "PALACIO DE LA CIVILIZACION MAYA" (presentado a finales de 2010).-
1)Â Â Â Â ¿El proyecto fue licitado? En caso de que si, nombres de las empresas que participaron en la licitación y nombre de la empresa ganadora.
2)Â Â Â Â Monto del contrato a la empresa que realizó el proyecto y la forma de pago.
3)Â Â Â Â Origen de los recursos con los que se ejecutó este proyecto.
4)Â Â Â Â ¿Ya está concluido al 100% el proyecto ejecutivo? ¿Ya se pagó al 100%?
5)Â Â Â Â ¿Existe proceso de licitación de alguna parte de este proyecto?
6)Â Â Â Â Estatus o porcentaje de avance de obra si esta existiere y, en su caso, monto erogado en esta obra.
7)Â Â Â Â Nombre de la empresa, si la hubiere, que ejecuta los trabajos y monto del contrato de obra si lo hubiere.
8)Â Â Â Â Fechas de inicio y terminación de los trabajos para la construcción de este proyecto.
PROYECTO "MUSEO DE LA CULTURA MAYA" (presentado a finales de 2010).-
1)Â Â Â Â ¿El proyecto fue licitado? Nombres de las empresas que participaron y nombre de la empresa ganadora.
2)Â Â Â Â Monto del contrato a la empresa que realizó el proyecto y la forma de pago.
3)Â Â Â Â Origen de los recursos con los que se ejecutó este proyecto.
4)Â Â Â Â ¿Ya está concluido al 100% el proyecto ejecutivo? ¿Ya se pagó al 100%?
5)Â Â Â Â ¿Existe proceso de licitación de alguna parte de este proyecto?
6)Â Â Â Â Estatus o porcentaje de avance de obra si esta existiere y, en su caso, monto erogado en esta obra.
