Hasta mil funcionarios de Jalisco podrían tener nexos con el CJNG
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Un análisis de InSight Crime da cuenta del difícil panorama de la lucha contra la organización criminal.
México. De acuerdo con el investigador independiente de InSight Crime, Jesús Pérez Caballero, la debilidad de instituciones mexicanas, la política federal de priviliegiar la confrontación militar sobre la reconstrucción del tejido social, así como la fortaleza de las organizaciones criminales, provocará problemas a corto y largo plazo en el país.
En el análisis Perdiendo la batalla contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, efectuado para esta Fundación, Pérez Caballero enfatiza las limitaciones de las instituciones encargadas de combatirlo.
El nivel municipal es considerado como la institución gubernamental que mayor peligro corre frente a los grupos de crimen organizado. Sin embargo, el investigador destaca que debilidades mostradas en los ámbitos estatal y federal han dificultado la respuesta del gobierno federal a las organizaciones criminales de alto perfil.
No es nuevo que una acción federal como Operativo Jalisco desencadene actos de violencia. En el 2012, el cártel liderado por Nemesio Oseguera alias El Mencho, realizó bloqueos en respuesta a la captura de los líderes del grupo. Ello, argumenta el análisis de InSight Crime, habla de un patrón efectivo para evitar la captura de líderes de la organización. También denota la capacidad del Cártel de Jalisco para usar la violencia de manera flexible y propagandística.
A su vez, es habitual que operativos contra el CJNG se concreten sin el conocimiento de las instituciones estatales; una pauta que ha conducido a quejas de las autoridades de Jalisco, incluyendo al gobernador, Aristóteles Sandoval, quien ha reconocido las críticas del gobierno federal por falta de cooperación.
Ello implicaría que el Cártel Jalisco Nueva Generación crece en un marco donde las autoridades estatales no son consultadas por las federales, quienes tienen los medios más adecuados para implementar políticas más profundas contra el grupo criminal.
El analista explica que esta estrategia del gobierno federal tendría como fin evitar filtraciones sobre sus operativos. El nivel de penetración criminal en las instituciones de Jalisco, según algunas fuentes, alcanzaría cifras de más de 1,000 funcionarios calificados de alto riesgo, por la posibilidad de su vinculación con el crimen organizado.
Durante la administración de Sandoval han sido asesinados más de 100 servidores públicos con distintos cargos políticos o de seguridad, indica Pérez Caballero.
Con información de El Economista
