Guerra de Calderón "exacerba caos, violencia y temor" en México: HRW

Luego de dos años de investigaciones de campo realizada en el marco de la guerra contra el narcotráfico, Human Rights Watch (organización internacional de defensa de las garantías individuales) concluyó que en México "existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos: no sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que, además, ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos".

El informe "Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México", presentado esta mañana al presidente Felipe Calderón, establece que "en vez de fortalecer la seguridad pública, la `guerra' desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país".

Y es que, destaca el estudio, tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, entre 2007 y 2010 la tasa de homicidios en México aumentó más de 260%; además, las 2 mil 826 muertes relacionadas con la delincuencia organizada que se registraron en 2007, pasaron a 15 mil 273 pasados tres años y, en lo que va de 2011, ya suman más de 11 mil los asesinatos vinculados con el narcotráfico.

El reporte, que se basa en pesquisas realizadas en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, destaca el "rol central" que en esta "guerra contra el narcotráfico" fue asignado al Ejército, que tiene desplegados a más de 50 mil soldados en todo el territorio nacional, los cuales realizan patrullajes, intervienen en enfrentamientos armados, investigan delitos y desarrollan labores de inteligencia, sólo con la cooperación de la Policía Federal y 2 mil 200 agentes estatales.

Esta estrategia, se destaca, no tomó en cuenta que, mientras "los cárteles consolidaban progresivamente su presencia, las fuerzas de seguridad tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad", y la consecuencia es que, según la evidencia obtenida, en la actualidad "las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas y habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país."



Tortura

Durante los dos años de trabajos en México, Human Rights Watch recabó "pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos", mientras que las tácticas documentadas "en general incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte, que son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad".

La tortura, explica HRW, es empleada en México "no sólo para que las víctimas reconozcan su culpabilidad, sino que además sirven a posteriori para encubrir los abusos de las fuerzas de seguridad, cometidos antes y durante los interrogatorios coercitivos".

Desaparición
La agrupación internacional constató, asimismo, 39 casos de desaparición forzada, "en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad".

Asimismo, destaca que las denuncias sobre desaparición en México formuladas por la ONU, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, así como organizaciones civiles, "la incidencia de esta práctica sería cada vez mayor en todo el país; no obstante, la prevalencia de este delito no se aprecia adecuadamente, debido a que, incluso antes de investigar los casos, funcionarios de gobierno clasifican casi todas las desapariciones como levantones".

En contraparte, cuando estos abusos han sido denunciados, "es común que agentes del Ministerio Público no examinen en forma crítica las pruebas que señalan posibles maltratos a los detenidos, las periciales médicas donde se documentan lesiones graves, ni los casos en los que las `confesiones' de varias personas son prácticamente copias textuales unas de otras".



Ejecuciones extrajudiciales

En los 24 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en las cinco entidades visitadas por HRW, se determinó que la escena de crimen fue manipulada por soldados y policías, con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o para encubrir el uso excesivo de la fuerza".

De hecho, la organización internacional divide las ejecuciones extrajudiciales constatadas durante el gobierno de Calderón en dos grupos: los de civiles que murieron ejecutados por autoridades o como resultado de torturas, por un lado, y por otro los civiles que murieron en retenes o durante enfrentamientos armados donde hubo un uso injustificado de la fuerza letal  por parte de las fuerzas de seguridad.

Y mientras en la mayoría de las denuncias no se abre investigación, señala HRW, "en los casos en que sí se inician finalmente indagaciones de las desapariciones, suelen observarse graves falencias: no se entrevista a funcionarios estatales supuestamente involucrados ni se analizan las llamadas efectuadas desde los teléfonos celulares de las víctimas".

Asimismo, en el caso concreto de desapariciones cometidas por las Fuerzas Armadas, "en más de un caso, los familiares de las víctimas dijeron haber recibido presiones del Ejército para que firmaran acuerdos en los que renunciarían a cualquier acción para determinar la responsabilidad penal de soldados, a cambio de una indemnización".




Impunidad

El informe "Ni seguros ni derechos" concluye que en México "es habitual que agentes del MP militar y civil no lleven a cabo investigaciones exhausitivas e imparciales de los casos donde existen indicios de que civiles habrían sido sometidos a graves abusos".

Sin embargo, aclara que este problema se da particularmente en las Fuerzas Armadas, ya que "en el sistema de justicia militar la impunidad se manifiesta de manera más pronunciada" que en el resto de las corporaciones involucradas en la seguridad pública.
HRW explica que, pese a la reciente reforma al Código de Justicia Militar, que obliga a que algunos tipos de violaciones a los derechos humanos sean turnados a tribunales civiles, "esta práctica no se ha modificado y los resultados son los mismos: se siguen remitiendo las denuncias al sistema de justicia militar, donde continúan quedando impunes".

Además, se subraya que a pesar del aumento en la cantidad de muertes generadas en enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, "la mayoría de estos hechos no son investigados (.) Es común -se abunda-, que los agentes del MP no tomen en cuenta las pruebas que señalan uso excesivo de la fuerza o torturas seguidas de muerte".

Ilustra este hecho el que, mientras el gobierno federal da cuenta de 35 mil homicidios vinculados a la delincuencia organizada, entre 2006 y 2011, la PGR sólo registró por 13 mil 845, de los cuales investiga únicamente 997, mientras que el Poder Judicial "sólamente ha aplicado condenas en 22 casos de homicidio y otras lesiones vinculadas al hampa".



Prototipo de víctimas

La mayoría de las víctimas cuyos expedientes revisó HRW fueron "hombres jóvenes, de origen humilde o clase trabajadora".
"Muchos", se destaca, son padres de familia con hijos pequeños.

Sus ocupaciones son diversas: mecánicos, choferes de taxi, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción, así como algunos policías, mujeres y niños.

Un sector más reducido lo comprenden "profesionales asalariados y personas de clase alta, como un profesor universitario y un arquitecto".

Human Rights Watch aclara que, aunque no está en condiciones de determinar "los factores que llevaron a las fuerzas de seguridad a actuar contra estas víctimas (.) los abusos y el extenso repertorio de graves violaciones de derechos humanos a los cuales fueron sometidas resulta inaceptable en cualquier circunstancia".