Forman frente ambientalistas de BCS contra proyectos mineros "tóxicos"

La Paz, BCS. Los proyectos mineros de extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, Concordia y San Antonio, promovidos por las corporaciones extranjeras Vista Gold y Argonaut, enfrentan la oposición de parte de los gobiernos locales y organizaciones civiles por los riesgos que representan para el medio ambiente y la salud de las personas.
Desde que la corporación estadunidense Vista Gold reactivó el proyecto Paredones Amarillos (hoy Concordia) para la explotación de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, a 30 kilómetros del pueblo mágico de Todos Santos, las organizaciones ambientalistas CEMDA, Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad, y Agua Vale más que Oro, entre otras, emprendieron una campaña contra los citados proyectos, tipificados como "minería tóxica" por el uso de cianuro en el proceso de separación del oro de la roca.

Los ambientalistas han recurrido a legisladores locales y federales para promover reformas a la ley que prohíban este tipo de minería en el estado y en el país, así como marchas y manifestaciones públicas, la más grande, en enero de 2011 cuando reunieron a 9 mil personas en la playa El Tule del municipio de Los Cabos.

Su oposición a la "minería tóxica" a cielo abierto se recrudeció, luego de que el pasado 15 de diciembre, la minera La Pitalla, filial de la corporación canadiense Argonaut, solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)) la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto San Antonio que pretende explotar una mina de oro a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Dos meses después se llevó a cabo en la capital sudcaliforniana la reunión pública de información sobre este último proyecto con una mayoría de ponencias y manifestaciones públicas en contra.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), no autorizar la MIA del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la DGIRA y a la propia SEMARNAT que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

Las organizaciones ambientalistas señalaron que la sociedad civil de Baja California Sur ya emitió su veredicto sobre el proyecto San Antonio, por lo que éste debe ser rechazado.

El abogado del CEMDA, Mario Sánchez Castro, señaló que el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz no contempla la actividad minera en la zona que se pretende explotar, por lo que ese sólo hecho es motivo de una resolución negativa según la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Gabriel Patrón, representante de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, dijo que desde el punto de vista hidrológico el proyecto es inaceptable, debido a que Baja California Sur es el estado más árido del país, sin embargo se autorizaron concesiones por parte de CONAGUA para extraer grandes cantidades de agua del subsuelo.

Señaló que junto con la sobreexplotación del acuífero y la intrusión salina, la presencia de arsénico en el área concesionada hacen de ese proyecto una "bomba de tiempo" en caso de ser aprobado.

El dirigente de Medio Ambiente y Sociedad, Juan Angel Trasviña Taylor, criticó a investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), del Centro

Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) y al Centro Regional de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) por prestarse a hacer manifestaciones de impacto ambiental a modo, para que los grandes corporativos mineros canadienses y estadunidenses se asienten en el territorio sudcaliforniano.

El gobierno del estado manifestó su preocupación porque la información aportada por la minera La Pitalla no es suficiente ni precisa para permitir una evaluación de impacto ambiental adecuada, por lo que solicitó a la Semarnat que atienda los señalamientos y recomendaciones hechas por la sociedad en torno al rechazo al proyecto San Antonio.

El Cabildo de La Paz, a través de un documento público, adelantó que en caso de que sea requerida su autorización para el cambio de uso de suelo la negará porque el proyecto cuestionado no es factible ni viable.

Advirtió que la segura contaminación del suelo y el aire por el traslado natural y humano de desechos hacen inminente la afectación a la flora y fauna endémicas, así como a las actividades agropecuarias y turísticas de la región.

Señaló que la reserva de agua destinada a la agricultura y ganadería se debilitaría por el cambio de uso hacia la industria minera, lo que aumentaría la insalubridad de los mantos acuíferos subterráneos por la filtración de contaminantes en escurrimientos y arroyos que derivan de manera natural a las zonas costeras del Golfo de California y el Océano Pacífico.

Además, puntualizó, se agudizarían los daños por el arrastre natural y el traslado de materiales pesados como el cianuro y el arsénico, lo que significaría graves riesgos para la salud humana, afectada de por sí en esa zona por la ancestral e irracional explotación minera que se realizó hace poco más de un siglo y medio.

El secretario estatal de Salud, Santiago Cervantes Aldama, señaló que en las comunidades de El Triunfo y San Antonio, que en el pasado fueron emporios mineros, aún se mantienen altos niveles de contaminación por cianuro que afectan la tierra y los mantos acuíferos, lo que ha provocado graves daños a la salud de los residentes.

Indicó que además del daño a la tierra se tendría una enorme contaminación en la atmósfera, ya que estudios realizados a nivel mundial detallan de manera puntual que partículas de los agentes tóxicos utilizados por la minería a cielo abierto pueden llegar hasta los 170 kilómetros de distancia de las explosiones.

Puntualizó que los agentes tóxicos esparcidos provocarían la contaminación de la tierra y los mantos freáticos, por lo que la Secretaría de Salud se mantendrá atenta al desarrollo de los proyectos Concordia y San Antonio que implican un serio riesgo a la población sudcaliforniana, donde la presencia de enfermos de cáncer ya es preocupante.