Existen más allanamientos en Edomex: caso Bartolomé no es único
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Los ciudadanos que denunciaron estos hechos fueron tres jóvenes: Alejandro Sánchez Méndez, Marco Antonio Juárez Valdez y Román Armando Chávez Jaramillo, quienes fueron sustraídos violentamente -sin orden de aprehensión ni de cateo- de sus domicilios por presuntos agentes estatales el pasado 14 de junio
No es un error la forma en la que actuó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el caso del poeta Efraín Bartolomé, acusaron ciudadanos del Estado de México, y agregaron que "es una conducta recurrente irrumpir en domicilios sin orden ni fundamento judicial". Estas acciones, según dijeron los ciudadanos, "tienen como única finalidad cumplir con metas numéricas más que salvaguardar la seguridad de los ciudadanos del Estado de México".
Los ciudadanos que denunciaron estos hechos fueron tres jóvenes: Alejandro Sánchez Méndez, Marco Antonio Juárez Valdez y Román Armando Chávez Jaramillo, quienes fueron sustraídos violentamente -sin orden de aprehensión ni de cateo- de sus domicilios por presuntos agentes estatales el pasado 14 de junio.
Además, estos jóvenes fueron presentados ante los medios de comunicación y autoridades como parte de los "resultados" del Operativo Cero Tolerancia, implementado por la Procuraduría Judicial del Estado de México.
A través de un comunicado, familiares de los detenidos y sus vecinos denunciaron los abusos de autoridad que atribuyen a la PGJEM y que, acusan, son recurrentes. Las irregularidades que han rodeado el caso de los tres jóvenes han sido denunciadas a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos e incluso al Alto Comisionado sobre derechos humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el comunicado, Alejandro Sánchez Méndez, técnico contador financiero fiscal de 26 años, Marco Antonio Juárez Valdez, estudiante de diseño gráfico de 18 años, y Román Armando Chávez Jaramillo, chofer de 27 años, fueron sustraídos de sus domicilios sin orden judicial ubicados en la Unidad Habitacional La Isla, Prados Tultitlán, Tultitlán, Estado de México.
El comunicado narra que el 14 de junio de 2011 aproximadamente a las 20:30 horas, un grupo de automóviles con las placas y distintivos cubiertos ingresaron a la Unidad Habitacional La Isla e inmediatamente después bajaron de los vehículos personas que portaban uniforme negro, armas largas y capuchas negras, además que no portaban distintivos oficiales que los identificaran.
Sin presentar orden de aprehensión ni cateo, entraron al Edificio L1, en el que, con violencia, ingresaron a los departamentos 301 y 302, amagaron a los familiares que se encontraban en el interior y golpearon y agarraron a Alejandro y Marco sustrayéndolos de sus domicilios. Mientras tanto, Armando fue aprehendido en el estacionamiento del condominio.
Según relatan los familiares, durante las horas siguientes a su privación de la libertad, buscaron a Alejandro, Marco y Armando sin obtener noticia alguna. No se supo de su paradero hasta aproximadamente las 12:00 del día siguiente -miércoles 15 de junio- en la agencia del ministerio público ubicada en el Penal de Barrientos. La autoridad no dio explicación acerca de los motivos de la detención y de su situación jurídica. Ante tal situación se promovió el amparo 709-2011 por incomunicación ante el Juzgado 1 de Distrito en el Estado de México.
El viernes 17 de junio los familiares supieron, con información extraoficial, que supuestamente las autoridades relacionaban a los jóvenes con los delitos de cohecho, delincuencia organizada, robo y homicidio en la averiguación previa ECA-U/III/233-11. A pesar de la solicitud de copias de dicha averiguación, nunca se proporcionaron.
El sábado 18 de junio las familias fueron avisadas del traslado de los detenidos al Centro de Arraigos de Toluca, para cumplir un periodo de 30 días de arraigo, el cual se cumplió sin informar las causas de la detención.
El martes 21 de junio, medios de comunicación informaron de la aprehensión de Giovanni Camargo Velázquez, quien junto con su banda fue detenido como parte del Operativo Cero Tolerancia en las "calles de la colonia Ejidos de San Cristóbal en Ecatepec, donde en un inicio se hallaron dos fusiles AK-47, un R15, una escopeta calibre 12, un rifle calibre 30-30, una pistola calibre 380 y 166 cartuchos útiles, para las distintas armas decomisadas, así como básculas para pesar la droga".
En las imágenes y fotografías que difundían los medios de comunicación, aparecían Alejandro, Marco y Román junto con la banda, personas a quienes no conocían ni tenían relación alguna entre sí, como lo manifiesta el propio Giovanni (supuesto jefe de la banda) en su declaración, además de haber una clara incongruencia en el lugar de la detención, según afirma el comunicado.
El Universal - Estado de México publicó el siguiente video donde sólo entrevistan a los miembros de la banda "Los Giovannis" y donde no charlan con los jóvenes Alejandro, Marco ni Román, a pesar que aparecen en la foto que publicaron.
Cumplidos los 30 días de arraigo, los tres jóvenes fueron presentados ante el Juzgado Sexto de lo Penal de Primera Instancia con sede en Ecatepec a través de la causa penal 203-2011-1. Los familiares y vecinos presentaron testimonios orales y documentales acerca de la forma en la que fueron detenidos Alejandro, Marco y Armando, con el objeto de desmentir lo que se asentaba en la averiguación previa, la cual refiere que fueron aprehendidos en las calles de la colonia de San Cristóbal en Ecatepec y presentados ante el ministerio público a las 5:00 de la tarde del día 14 de junio, en una total incoherencia con el momento de la detención que fue a las 8:30 de la noche y sustraídos de sus casas. Así mismo, recabaron diferentes manifestaciones de honestidad e integridad, mismas que fueron entregadas en tiempo y forma en el Juzgado.
Finalmente, el 25 de julio de 2011, el juez dictó auto de formal prisión a todos los implicados sin valorar lo suficiente las pruebas aportadas ni las incongruencias existentes en la averiguación previa. Desde entonces sus familiares han recurrido a las diferentes instancias de derechos humanos del país e incluso al Alto Comisionado de la ONU.
El próximo lunes los familiares sostendrán una importante reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la que su segundo visitador solicitó ya el expediente en el MP de Barrientos.
