Exige Plascencia garantizar derecho a la seguridad pública
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El Ombudsman nacionalo demandó reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores.
Al presentar el Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, reconoció que la crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones y el entorno global, incrementaron la actividad delictiva en 2009, lo que no debe suponer un adelgazamiento en la observancia de los derechos humanos, dijo, sino una convocatoria para reforzar las acciones tendentes a garantizar su respeto total.
"Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional", aseguró.
Plascencia Villanueva habló ante diputados y senadores de todos los partidos políticos del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes estuvieron encabezados por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Refirió que la inseguridad que se vive en el país, que ha ido en aumento en los últimos años, lastima profundamente a la sociedad y ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte, como lo demuestran ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado en 2009.
"Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública", asentó.
Señaló que en 2009 la CNDH ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.
El Ombudsman nacional dio a conocer que las Recomendaciones de la CNDH no fueron aceptadas por los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tampoco por los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California, así como los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el Procurador General de la República, el Director General de Pemex, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, además del Congreso del Estado de Sinaloa.
Por ello demandó fortalecer el trabajo de la CNDH mediante reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales.
Plascencia Villanueva destacó los Informes Especialessobre el grupo juvenil "Emos" y sobre el secuestro de migrantes, así como la emisión de Recomendaciones Generales sobre el derecho a la protección de la salud por parte de las instituciones responsables en el país; sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público y sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.
"Debo expresar mi más enérgica condena por el hecho de que en 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas, y 26 en agravio de defensores civiles", dijo.
Detalló que en el periodo de referencia se obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para indígenas; se realizaron 214 trabajos de campo y tramitaron 14,007 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con desaparición de personas en que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, y se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.