En México sólo se investigan 15 por ciento de feminicidios: OCNF

México.- De los tres mil  892 asesinatos de mujeres registrados en México entre 2012 y 2013, sólo 613 fueron considerados por las autoridades como feminicidios, es decir, el 15.7 por ciento del total de casos registrados, señalaron las y los integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) durante la presentación del Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013.

De acuerdo con información obtenida a través de la investigación, 31 entidades federativas han  tipificado al feminicidio como delito. De éstas, 17 han aprobado tipos penales difíciles o imposibles de acreditar, mientras que otras 10 cuentan con tipos penales que podrían facilitar la acreditación del feminicidio, sin embargo, hasta el momento, no lo han hecho de manera efectiva por causas como la dificultad de los operadores de procuración y administración de justicia para comprender las características del feminicidio y prejuicios en contra de las mujeres.

Por esta razón, Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio, resaltó la importancia de diferenciar al homicidio del feminicidio, pues en este último se presentan cuestiones específicas como violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de amenazas o acoso, hay relación de parentesco con la víctima, una relación de confianza o subordinación, incomunicación por parte de la víctima, el cuerpo es expuesto en un lugar público y hay una total indefensión por parte de la víctima.

Para el también integrante de Justicia, Derechos Humanos y Género AC, otra gran diferencia es que no existen los feminicidios accidentales debido a que siempre hay una intención del victimario por cegar la vida de la víctima mientras que los homicidios pueden ser intencionales o accidentales y contra cualquier persona.    

Uno de los principales problemas para que no sean investigados los asesinatos de mujeres como feminicidios, explicó Domínguez,  es que sólo en 10 estados se ha establecido la obligatoriedad de elaborar un protocolo de investigación específico, pero sólo siete lo han cumplido, quedando pendientes los protocolos en Baja California, Nuevo León y Querétaro. Además de dichas entidades, Campeche, Estado de México, Chiapas y Guerrero los implementaron pese a no estar obligados.

A pesar de que hay un tipo penal y un protocolo de investigación, no hay garantías para poder investigar de manera adecuada este tipo de delitos, aseveró.

La negación de las autoridades

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, afirmó que en nuestro país el feminicidio es un problema estructural y de impunidad debido a que se crean tipos penales de feminicidio para que no se acreditan como tales debido a que no entienden el concepto y a la persistencia de las y los operadores de justicia por valorar la conducta de la mujer, aunado a la insistencia por considerar muchos de estos casos como pasionales.

Reflejo de esto, explicó la maestra en derechos humanos y democracia, es lo que ocurre en lugares como Durango, donde sólo se ha registrado oficialmente un feminicidio y para poder acreditarlo se tuvo que ratificar como homicidio doloso; Querétaro que de 28 feminicidios sólo se reconocieron cinco y posteriormente fueron reclasificados como homicidios calificados; Jalisco, donde de 669 casos sólo se reconocieron 21 o Guerrero que de 297 únicamente clasificó como tal 29.

Añadió que una práctica común en diversas entidades es que se califica a dichos homicidios como accidentales o producto de nexos con el crimen organizado.

Asimismo, comentó que el acceso a la información ha sido otro problema debido a que no hay desagregados por sexo de las víctimas de homicidio y algunos estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, Aguascalientes y Tlaxcala han negado la información bajo el argumento de que hay datos personales que pueden poner en riesgo la seguridad de las y los involucrados.  

Los feminicidios

Cifras dadas a conocer por Estrada indican que entre 2012 y 2013 se asesinó en México a tres mil 892 mujeres, pero sólo 613 de estos casos fueron considerados como feminicidios. En ellos se pudo observar que 46 por ciento murieron por actor brutales que implican el uso excesivo de fuerza; 20 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por su pareja, algún familiar o personas cercanas; 41. 8 por ciento de las mujeres asesinadas tenían entre 21 y 40 años; 21.7 de las víctimas fueron halladas en un lugar público y de 65.4 por ciento de los casos se desconoce el lugar donde fueron violentadas.

En 13 entidades no se ha investigado ningún feminicidio y en las que sí, en 43.5 por ciento de los casos la autoridad no informa sobre el estatus legal. Sólo en 25 por ciento de las acciones legales por feminicidio se ha consignado al culpable.  

América Latina

Por su parte, María de la Paz López Barajas de la oficina de ONU Mujeres en México señaló que uno de los desafíos más importantes en el tema de la violencia hacia las mujeres ha sido visibilizar el fenómeno, ya que a pesar de que es un elemento estructural en la conformación de nuestras sociedades y se presenta en todos los ámbitos, ha estado invisible para las políticas públicas y la justicia.

Añadió que la tipificación del feminicidio ayuda a nombrar un delito que violenta los derechos humanos de las mujeres. Para el caso de América Latina, explicó que se ha tipificado en 11 países, entre ellos México,  y en Argentina, Colombia y Venezuela se ha considerado una agravante este tipo de asesinatos de mujeres.

López Barajas señaló que el feminicidio es la punta del iceberg del problema pues hay una serie de actos que conforman lo que se ha denominado como violencia feminicida. Para el caso de México, refirió que a diferencia de otros países, donde los feminicidios son actos cometidos por  la pareja de la víctima. también hay otro tipo de actores que los cometen, ajenos a las víctimas, y en algunos casos, totalmente desconocidos.

Recomendaciones

Domínguez y Estrada resaltaron la importancia de homologar el tipo de feminicidio de manera objetiva; incorporar la obligatoriedad de generar e implementar un protocolo de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género y derechos humanos; generar mecanismos efectivos y eficaces para la evaluación de los operadores de justicia que permitan identificar los estereotipos discriminatorios en los que incurren y garantizar que todas las instancias responsables cumplan con la obligación de mantener registros detallados de violencia contra las mujeres y el femincidio.