Víctimas: no sólo debemos escucharles

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exhortado a los poderes públicos nacionales a comprometerse con la creación de una Ley General sobre Personas Desaparecidas, que sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo ha señalado que sólo si se sigue esta ruta podría garantizarse que se atiendan las legítimas demandas de las víctimas y que haya verdad, justicia y reparación.

Parecería innecesario decirlo, pero la realidad cotidiana revela que las autoridades mexicanas, de todos los niveles, no han asumido un compromiso real con la atención integral y el diseño de soluciones de fondo que demanda el fenómeno de la desaparición forzada.

Y ello es así, en buena medida, porque en México ni siquiera se ha formulado un diagnóstico serio sobre el fenómeno, sus particularidades o las implicaciones que ha tenido y tiene en términos de la infiltración de las instituciones del Estado por parte de los grupos criminales.

Los hechos demuestran de forma contundente que en México el fenómeno de la desaparición forzada ha sido atendido de forma incompleta y poco profesional, pero que incluso tal nivel inadecuado de atención se ha dado sólo debido a la presión ejercida por las familias de los desaparecidos que, en medio del dolor que los agobia, han sido capaces de tejer una red de colaboración para multiplicar su voz de reclamo.

Por eso mismo, existen muchas y muy buenas razones para que las organizaciones de la sociedad civil que han empujado a las autoridades a cumplir sus responsabilidades teman que el proyecto de la nueva Ley General de Víctimas sea sólo un ejercicio de simulación que impida atender el problema de forma que se sepa la verdad, se haga justicia, se repare el daño causado a miles de familias y se garantice que los hechos no vuelvan a ocurrir.

Las desapariciones forzadas que han ocurrido en México en los últimos años constituyen una verdadera tragedia humanitaria que, entre otras cosas, invitó a considerar al nuestro como un Estado fallido, pues claramente las instituciones públicas fueron incapaces de cumplir sus más elementales responsabilidades y ello ocurrió, entre otras cosas, porque el crimen las colonizó.

Por ello, escuchar a las víctimas constituye sólo una de las acciones a las cuales se encuentra obligado el Estado. Mucho más allá de ello, debe atender las exigencias de las víctimas y sus familias, aprender de su experiencia y acercarse al problema no desde la perspectiva del espectador desinteresado, sino a través de la mirada de quienes han padecido y padecen el peor dolor al que un ser humano pueda ser sometido: la incertidumbre perpetua.