OPINIÓN

Reforma Educativa, ¿llegará a buen puerto?

Detrás de este ambiente de polarización se ubica un aspecto de la mayor relevancia para el futuro del país: la necesidad de mejorar la calidad de la educación impartida en México por el Estado

lunes, 02 de septiembre del 2013

En medio de un ambiente de rispidez -que amenaza con la ruptura- ayer fue abierto el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, momento que fue aprovechado para agendar de inmediato la discusión de la propuesta de creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ordenamiento que regulará en adelante las actividades del magisterio nacional.

Al cierre de la presente edición había sido ya aprobada en lo general, con el voto de más del 84 por ciento de los diputados presentes en la sesión, la citada propuesta legislativa, pero seguía la discusión respecto de probables modificaciones particulares al texto de la misma.

La discusión recreada en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue un reflejo del ambiente que se ha vivido en la capital de la República durante las últimas semanas: la reforma educativa constituye uno de los temas que polariza la discusión de la agenda pública nacional.

En efecto, la virulenta oposición de un sector del magisterio nacional -el agrupado en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación- a la simple posibilidad de que los maestros sean evaluados, o a la instauración de mecanismos para volver racional la permanencia y la promoción docente, ha convertido a la discusión del tema en motivo de confrontación y de amenaza con la ruptura institucional.

Detrás de este ambiente de polarización se ubica un aspecto de la mayor relevancia para el futuro del país: la necesidad de mejorar la calidad de la educación impartida en México por el Estado.

Porque de eso no hay duda: el sistema educativo nacional ofrece hoy a los mexicanos resultados realmente pobres que no se corresponden, sobre todo, con el volumen de recursos destinados a su financiamiento.

Nadie parece estar en desacuerdo con la necesidad de que la calidad de la educación se eleve. El problema es, como en casi cualquier otro tema, no el qué, sino los cómos.

Desde la perspectiva del Gobierno Federal -y de una amplia mayoría de los legisladores nacionales, la sociedad civil y los expertos en la materia- la solución pasa necesariamente por el establecimiento de reglas que corrijan los excesos a los cuales se ha permitido llegar al gremio magisterial y que implican la dilapidación del presupuesto educativo en privilegios inmorales.

Desde la perspectiva magisterial no son ellos los responsables de la mala calidad educativa y por ello es un exceso que se impongan reglas para garantizar que sólo quien demuestre contar con la aptitudes para ello se coloque frente a un salón de clases y goce de los privilegios de ser maestro.

¿Cuál visión se impondrá al final? Es algo que resulta difícil pronosticar, pues no hace falta ser demasiado perspicaz para adivinar que a la batalla por la promulgación de la Ley del Servicio Profesional Docente le seguirán otras que buscarán impedir en los hechos su aplicación.