Policías y violación a DDHH: van de la mano
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Ninguna novedad constituye el enterarse de que los integrantes de un cuerpo de seguridad pública -teóricamente responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus posesiones- se encuentren involucrados en un episodio de abuso y atropello a los derechos de aquellos a quienes debieran resguardar.
La historia de las policías -de todos los órdenes de gobierno- en México ha sido una caracterizada por el abuso en el ejercicio del poder y por una cultura del exceso.
Arrestos arbitrarios, incomunicación, práctica de la tortura, incautación ilegal de bienes, amenazas, intimidación, extorsión y un largo etcétera constituyen el abanico de conductas ilegales que los ciudadanos hemos debido padecer por parte de los cuerpos de seguridad, así como por miembros del Ejército.
En otras palabras, el código de actuación de nuestros cuerpos “de seguridad” ha sido desarrollado de espaldas a cualquier principio de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
Por ello no extraña que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila haya emitido una recomendación, dirigida al presidente Municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, en la cual se señala al Grupo de Reacción Operativa del Municipio -conocido mejor como GROMS- como responsables de haber violado los derechos de un grupo de ciudadanos.
Cateos y visitas domiciliarias ilegales, así como lesiones, son las conductas que se reprochan a este grupo de la Policía Municipal cuyos miembros, al menos en teoría, constituyen una suerte de “grupo de élite” en la corporación municipal y por ello deberían tener entrenamiento en materia de derechos humanos.
No es la primera ocasión, por supuesto, en la cual se señala a los miembros de este y otros grupos policiales de incurrir en conductas que exceden los límites legales impuestos a su actuación.
Por ello, lo que debe extrañarnos no es la emisión de una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Saltillo, sino el hecho de que, frente a una actuación permanentemente alejada de los principios que debieran regir la conducta policial, la CEDHC se limite a revisar la actuación sólo de los GROMS de Saltillo.
Porque el abuso policial -por parte de los elementos municipales, estatales y federales, así como del Ejército- es constante en contra de los ciudadanos coahuilenses y las denuncias públicas abundan.
Cabría esperar, frente a la conducta abusiva por parte de las policías de todas las corporaciones coahuilenses, una mayor actividad por parte del Ombudsman local, pues de otra suerte lo que ocurre en los hechos es que se deja abandonados a su suerte a los ciudadanos que tienen la mala fortuna de cruzarse en el camino de un policía o un miembro del Ejército cuya formación, está muy claro, no implica someterse a la obligación de respetar la dignidad y los derechos de los ciudadanos.
