El titular del Ejecutivo Estatal, Rubén Moreira Valdez presentó ayer una veintena de programas sectoriales y especiales en los cuales se contiene la agenda y las metas a conquistar durante los cinco años y tres meses que restan a su período gubernamental.

La relevancia de puntualizar los objetivos específicos que se pretende alcanzar, así como la ruta a seguir para lograrlos, dijo el mandatario, estriba en hacer de la planeación la herramienta fundamental del quehacer gubernamental en la entidad.

En otras palabras, de lo que se trata es de abandonar la improvisación y de plantear un rumbo claro que permita a los ciudadanos saber hacia dónde se dirige el Gobierno y evaluar si los objetivos que se le ofrecieron fueron efectivamente logrados y en qué medida.

Nada puede argumentarse en contra de tal planteamiento. Contrario a tal posibilidad, debe saludarse la determinación de cualquier administración que se proponga proscribir la que ha sido, en mayor o menor medida, la regla fundamental del servicio público en México: la improvisación, que es prima hermana de la irresponsabilidad.

Porque si de algo nos quejamos los ciudadanos es justamente de lo mucho que nos cuestan las pifias de quienes ocupan una posición en la nómina gubernamental, de lo caro que nos resulta la incompetencia que caracteriza la actuación cotidiana de no pocos “servidores” públicos.

Pero justamente aquí es donde hace falta poner el énfasis, pues el posicionamiento discursivo, lo hemos visto demasiadas veces, resulta absolutamente insuficiente.

A la determinación gubernamental de convertir a la planeación en herramienta privilegiada del servicio público habría que agregar entonces la definición de reglas claras para eliminar de la estructura gubernamental a quienes no saben, no pueden o no quieren —o todo junto— funcionar con base en un esquema de planeación y de persecución de metas específicas.

Porque para proscribir la improvisación es indispensable proscribir a los improvisados, a los que ocupan una posición pública sin cumplir con los requisitos mínimos de formación académica, experiencia y aptitud.

No son pocos los que se ubican en esta situación. Por el contrario, como lo atestiguan y padecen cotidianamente los ciudadanos, quienes carecen de las características mínimas para desempeñarse en un cargo público a partir de criterios profesionales son legión.

Habrá que saludar, sin duda, la determinación de la administración estatal de transitar su período gubernamental basados en criterios de profesionalismo y no de improvisación, pero también es indispensable decir que el discurso, por sí solo, nada logrará en contra de la inercia de improvisación, despotismo e ineficiencia que caracteriza el servicio público en México.