Fiscalía Anticorrupción, ¿el fin de los moches?
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El primer año del sexenio peñista fue para hilar fino. El primer círculo de colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto hizo los amarres necesarios para conseguir que las principales fuerzas políticas de Oposición aceptaran aprobar las reformas estratégicas en materia de energía, educación y telecomunicaciones, en contra –en algunos casos- de sus propios correligionarios.
La obtención del aval en el marco del llamado Pacto por México, para alcanzar las reformas constitucionales, primero, y elaborar las leyes secundarias, después, pusieron a México y a su Mandatario en el cuernos de la luna. Era el llamado “momento mexicano” que; sin embargo, no se extendió por más tiempo.
La tragedia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el escándalo de supuestos conflictos de interés rompieron el encanto de un México prometedor, aparentemente alejado de las crisis en Europa y Asia.
Por eso era urgente que Los Pinos concretará un nuevo acuerdo estratégico, pero quizá más difícil de lograr que las reformas anteriores, especialmente porque no sólo había que convencer a panistas y perredistas, sino incluso a integrantes de su propio partido: una verdadera política anticorrupción.
“La Corrupción Somos Todos”, parafraseaban los mexicanos hace 30 años, cuando los escándalos políticos alcanzaron niveles de hartazgo en un País más que acostumbrado a las mordidas y los moches en casi todos los niveles de la vida nacional.
Por lo anterior, resulta histórica la aprobación ayer, en la Cámara de Diputados -en lo general-, de un sistema anticorrupción que revise a fondo los sistemas de supervisión y rendición de cuentas públicas en un intento de atajar ese mal endémico de México.
Pero el tema tuvo que ir más allá y es necesario destacar la creación de una Fiscalía Anticorrupción, la extensión de los plazos para perseguir los casos más graves y posibilidad de que empresas y particulares pueden ser también sancionados.
Además la Auditoría Superior de la Federación verá reforzadas sus competencias, al entrar a fiscalizar también recursos de los Estados como la recaudación de impuestos, las retribuciones de su personal y los contratos con terceras empresas.
Por último, una nueva instancia judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrá sancionar tanto a funcionarios públicos como a empresas privadas y particulares.
Habrá que ver si esto es suficiente para que la corrupción deje de ser una característica del sistema político mexicano.
