Extradición concedida. ¿Para qué si no hay reo?

La Procuraduría General de la República ha anunciado que, tras rechazar una solicitud inicial -por problemas en la documentación-, ha tramitado y obtenido, a petición del Gobierno de los Estados Unidos, una orden de aprehensión, con fines de extradición, en contra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.

Si el asunto no fuera trágico sería cómico. Y es que el chiste se cuenta sólo, en esta historia que constituye una humillación permanente en contra del Estado Mexicano pues, de acuerdo con los datos revelados por la PGR, la petición original de extradición por parte de Estados Unidos llegó dos semanas y media antes de que ocurriera la más reciente fuga del narcotraficante.

Como es bien sabido, el Gobierno mexicano había negado enfáticamente la posibilidad de extraditar a El Chapo alegando que primero tendría que responder ante la justicia mexicana y después -dentro de 300 o 400 años, según las palabras textuales del extitular de la PGR, Jesús Murillo Káram- seguiría el turno a la de nuestros vecinos del norte.

Desde la perspectiva estrictamente teórica, la posición del Gobierno mexicano era perfectamente justificable, sensata y adecuada. El único problema era que, para ser cierta en el plano práctico, había que ofrecer garantías de que El Chapo efectivamente enfrentaría a la justicia.

La historia es sobradamente conocida: el líder criminal más importante del País -y otras partes del mundo- logró corromper a quienes debían vigilarlo y hoy es nuevamente un prófugo.

En esta trama, el obsequio a la petición del Gobierno estadounidense constituye entonces la enésima evidencia del fracaso de las instituciones públicas mexicanas: no hay argumento ahora para negarle a la justicia estadounidense la posibilidad de juzgar a Guzmán Loera.

Pero para que eso sea posible primero habrá que localizarlo y apresarlo, empresa que ha resultado sumamente complicada para las fuerzas policiales y armadas de México, seguramente por las mismas razones que se ubican detrás de la fuga: el dinero de El Chapo debe garantizar una red de complicidad que le permite adelantarse a los movimientos de sus persecutores.

No puede, por supuesto, renunciarse a la obligación de buscarle con todos los recursos del Estado.

Pero acaso habrá llegado el momento de reconocer también que para lograr tal propósito se necesita de la ayuda de instituciones que sean menos permeables al poder corruptor del narcotráfico. Aunque sean instituciones extranjeras.

Si el aparato de inteligencia y las agencias policiales estadounidenses tienen mejores recursos -humanos, tecnológicos y de inteligencia- para dar con El Chapo, ¿por qué no admitir su participación en las labores de búsqueda? Y que no nos digan que es un asunto de soberanía o de orgullo patrio, que el honor nacional ya se encuentra bastante abollado y una captura pronta del líder criminal -como sea- bien ayudaría a restañarlo un poco.