Una de las estrategias para inhibir la comisión de delitos es el endurecimiento de las penas con la cuales se castigan determinadas modalidades de estos, por considerar que cuando se perpetran lesionan de forma especial los intereses de la sociedad.

Porque aún cuando el núcleo de la conducta delictiva sea el mismo, la forma en la cual se concreta ésta, o el o los individuos en contra de quienes se comete, o la condición de quien incurre en la conducta, implica necesariamente evaluar el delito a la luz de circunstancias particulares.

Es el caso del homicidio, por ejemplo. Nuestras leyes prevén castigos para quien prive de la vida a otra persona, pero toman en cuenta distintos factores para determinar si quien cometió el delito merece un mayor o menor grado de reproche por parte de la sociedad.

¿Por qué es valido -incluso necesario- hacer esta distinción? Porque las circunstancias en las cuales una persona priva de la vida a otra, las motivaciones que le condujeron a ello y las consecuencias ulteriores del acto, son aspectos importantes en muchos de los casos.

Todos los homicidios agravian a la sociedad. Pero determinados homicidios le agravian más porque atacan derechos y valores colectivos adicionales a la vida, que deben ser protegidos.

El comentario anterior viene al caso a propósito de la reciente declaración realizada por el gobernador Rubén Moreira Valdez para imponer la pena de cadena perpetua a quien prive de la vida, en territorio coahuilense, a un policía o a un miembro de las fuerzas armadas del país.

Como planteamiento para inhibir el ataque en contra de policías y militares, se trata de una propuesta interesante, pues constituye un mensaje claro en contra de quienes, desde hace ya demasiado tiempo, han adoptado una actitud de franco desafío en contra de las instituciones públicas.

No es que la vida de un policía valga más en términos individuales. Es que cuando un delincuente mata un policía no solamente priva de la vida a un ser humano, sino que hiere el sentido de seguridad de la comunidad. Y ello es particularmente cierto cuando el homicidio tiene -como ha ocurrido en múltiples ocasiones en nuestro país- la intención de enviar un “mensaje” a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Habrá que esperar a la presentación de la iniciativa específica para conocer la forma en la cual se pretenden resolver los diferentes problemas de carácter técnico que plantea la creación de un tipo agravado de homicidio, pero de entrada habrá que darle la bienvenida a la iniciativa.

Habrá que decir también, por supuesto, que el sólo hecho de incrementar la penalidad por asesinar a un policía no bastará para frenar las agresiones contra agentes del orden y miembros de las fuerzas armadas, pues para ello se requieren medidas adicionales. Pero sin duda se trata de un paso importante en la dirección correcta.