Algo está muy mal en una sociedad cuando a sus miembros se les niega incluso la posibilidad de llorar a sus muertos, de desahogar el sentimiento que provoca la pérdida de un ser querido, particularmente cuando ello ha ocurrido a propósito de un hecho violento.

Y es que en estos casos, al dolor causado por la inesperada pérdida se une el que provoca la imposibilidad de purgar la pena, de echar fuera la rabia y la impotencia que provoca la ausencia de un hijo, de un hermano o de un pariente cercano.

Podría pensarse que tales consideraciones no tiene que ver con la vida pública, que el dolor de una pérdida ocurrida en circunstancias trágicas es un asunto privado y que el sector gubernamental y la comunidad no tiene por qué ocuparse de tales asuntos.

Pero no es así. El ritual que sigue a la muerte forma parte importante de nuestra cultura y es un proceso que nos permite concretar el desprendimiento de aquellos a quienes queremos, asimilar la pérdida y continuar con nuestras vidas. Impedir que tal proceso se lleve a cabo constituye un problema que debe ocuparnos y preocuparnos a todos.

Eso es justamente lo que está ocurriendo en la Región Laguna de nuestra entidad, donde los reportes indican que la violencia que domina sus calles ha conquistado fronteras inaceptables.

Una de ellas es la “prohibición” implícita que parecen estar imponiendo las agrupaciones delincuenciales para que las familias de las víctimas de la violencia puedan velar a sus muertos, razón por la cual se están registrando sepelios sin que haya velorio previo.

Para todo efecto práctico, es irrelevante si los muertos eran miembros de alguna pandilla o se habían involucrado en actividades delictivas. Tras perder la vida, sus familias deben tener derecho al proceso de duelo que les permita asimilar la pérdida.

Resultaría inadmisible, desde cualquier perspectiva, que se argumentara en el sentido de que por ser probables delincuentes, o por participar de grupos relacionados con actividades ilegales, las víctimas de la violencia no merecen un funeral conforme a las tradiciones de sus familias.

Del mismo modo, resultaría inadmisible todo argumento tendiente a restarle importancia a lo que está ocurriendo en la Laguna y a plantearlo como un simple “producto colateral” de la violencia que provoca la disputa por el territorio entre bandas rivales.

El Estado tiene responsabilidades concretas para con sus ciudadanos. Una de ellas es velar porque los miembros de la sociedad tengan la posibilidad de llevar a cabo los rituales relacionados con las distintas etapas de la vida, entre ellas la de velar a sus muertos conforme a sus creencias. Cuando incluso eso se les impide a las personas, sin duda se les ha conculcado una porción de sus libertades.