Treinta y seis años de prisión fue la condena que dictaron las autoridades coahuilenses en contra del profesor Roberto Valero Ríos, acusado por sus propios alumnos varones de utilizarlos en actos de pornografía infantil.

El juzgado tercero de primera instancia en materia penal Carlota Velásquez de Luna, determinó que existen 20 indicios donde se acreditó que el docente incurrió en el delito de corrupción de menores agravada.

También se le fijó una multa de 60 días de salarios mínimos equivalente a los 5 mil pesos, delito que no le da derecho a los beneficios de recuperar su libertad, por que es considerado como grave.

Cerca de las 21:00 horas del día viernes la titular de dicho tribunal se trasladó al locutorio del Centro de Readaptación Social (Cereso), para notificarle la sentencia al inculpado quien cuenta con 43 años de edad y dijo residir en la calle de Álamos 1653, en la colonia Lomas del Bosque.

Según el proceso 223/05, al que tuvo acceso Vanguardia, se da a conocer que el día 24 de Mayo, del 2005 la fiscalía en asuntos familiares de la PGJE, recibió una denuncia contra el maestro de la Secundaría Federal número 11 “Ricardo Flores Magón” ubicada en Francisco de Urdiñola y David Berlanga en la colonia Topochico.

El menor, de quién por razones obvias se omiten de sus generales, dijo que su maestro quien le impartía las clases de Educación Artística y Matemáticas amenazó con reprobarlo junto con otros cuatro alumnos según acumuló 14 faltas.

Al exhibirle sus justificantes de asistencia el docente citó al joven en su hogar para proponerle una tarea extraordinaria y permitirle el derecho de presentar sus exámenes finales.

Ya su casa, Valero Ríos le dijo al joven que estaba estudiando una maestría y una cátedra en la Normal Superior y como parte de dicha materia debería de grabar a cinco jóvenes completamente desnudos.

El menor y sus compañeros de estudios hicieron caso a las órdenes de su profesor quien no contento con lo anterior lo obligó al estudiante a ingresar a un baño y darse una ducha con sus amigos mientras eran videograbados.

El menor no soportó tal situación y decidió informarle a sus padres los momentos complicados que pasaron en la escuela y de esta manera formularon su respectiva denuncia ante la Procuraduría de Justicia.

Tal situación movilizó a detectives de la Policía Ministerial y mediante sus investigaciones acudieron al domicilio del supuesto maestro, en donde lograron encontrar los videos en que aparecen los afectados en actos sexuales.

También fueron decomisadas decenas de revistas porno, recortes de papel periódico con imágenes de hombres desnudos, en su mayoría menores de edad, y un equipo de cómputo donde almacenaba imágenes fotográficas.

Todas estas pruebas fueron datos suficientes para que el Ministerio Público solicitara una orden de arraigo por más de 30 días en contra del maestro, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEC) inició un procedimiento en contra del trabajador.

A raíz de su arraigo 19 menores más se presentaron ante un juez penal y a la PGJE, para denunciar al docente porque también se convirtieron en víctimas de este incalificable delito.

Durante los dos años que se mantuvo abierto el proceso la defensa legal del acusado no pudo acreditar pruebas que demostraran su inocencia.