El terrorismo en México es el resultado del aumento de bandas, del poder, de intereses y negocios; expertos de España y Colombia lo definen y citan posibles soluciones.
Guanajuato.- El paso de la violencia de la guerra entre las bandas del crimen organizado al terrorismo en México es consecuencia del crecimiento de los grupos delictivos en cuanto a su poder de fuego, intereses y negocios, aseveró Carlos Castresana, Alto Comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala.
El especialista de origen español aseveró en ese sentido que el ataque del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, constituye un claro reto al Estado como institución que trata de provocar una reacción para favorecer la actividad ilícita de las organizaciones criminales.
Comentó que diversos factores en el país contribuyen al crecimiento de esos grupos, como la falta de una respuesta eficaz para abatirlos, aunque también los hay "de importación".
Entre ellos citó la alta demanda de drogas en el vecino país del norte -que genera un mercado codiciado- y el aumento en la eficacia de las acciones contra el crimen organizado en Colombia, que debilitó a los cárteles sudamericanos, y fueron los mexicanos quienes ocuparon esos espacios en el transporte y mercado de drogas internacional.
El embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, destacó en su oportunidad que la violencia extrema, el terrorismo, el narcotráfico, las masacres y los secuestros en Colombia se lograron abatir con el fortalecimiento de los instrumentos de investigación.
De igual forma con el apoyo de la sociedad y los empresarios, quienes invirtieron para capacitar las unidades creadas de manera expresa para combatir los delitos que más laceran a la sociedad.
Los especialistas en seguridad y justicia reconocieron que de manera indiscutible el terrorismo está presente en los ataques contra la población civil en la capital michoacana, que va asociado al narcotráfico, al crimen organizado e incluso al secuestro.
Castresana y Osorio Isaza, quien fuera fiscal general en Colombia, concedieron entrevistas a Notimex en las que abordaron el tema del combate al crimen organizado y el terrorismo.
El español definió al terrorismo como "la violencia indiscriminada que obedece a una ecuación propia y que señala que deben conseguirse los máximos efectos con el mínimo de recursos".
Por lo tanto "está evidentemente presente el terrorismo en el ataque con granadas a la población civil de Michoacán y no cabe duda que es un desafío al Estado Mexicano al que quieren presionar para que se tomen decisiones que democráticamente no se tomarían", dijo.
Aseveró que ese ataque tiene un interés político aunque el fin último sea obtener facilidades para un negocio ilícito.
Por ello, expresó, "si México no tiene una ley antiterrorismo se debe diseñar ya" aunque desde su perspectiva ese flagelo también se puede combatir con eficacia con las herramientas ordinarias del Estado de derecho.
Recordó los casos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y del 11 de marzo de 2004 en España y expuso que en su país "se logró, con algunas insuficiencias, sentar a los acusados de un crimen terrorista gravísimo y enjuiciarlos, ahora seguimos esperando en Estados Unidos para ver la primera sentencia condenatoria".
Reiteró que el terrorismo siempre tiene un móvil político, en tanto que el narcoterrorismo "sigue siendo un desafío al Estado o sigue teniendo una finalidad política, aunque la finalidad última sea un negocio ilícito".
Empero insistió en que en el caso de Michoacán, "sea quien sea el autor, es un ataque radical frontal al Estado como institución".
Indicó que en ése como en muchos otros casos se usó a la gente, la que se convirtió en la víctima para coaccionar al Estado y obligarlo a tomar decisiones que democráticamente no tomaría.
"Ese es el chantaje de cualquier organización terrorista: forzar mediante la violencia indiscriminada las decisiones de gobierno que de otra manera no podría conseguir", puntualizó.
Subrayó que, no obstante, México dispone de recursos para atacar al crimen organizado aunque "se deben implantar políticas de Estado que trasciendan a las personas, partidos y gobiernos, donde se deben establecer prioridades de largo plazo que sean sostenidas gobierne quien gobierne en la Federación, estados o municipios".
Según la percepción de Castresana y Osorio Isaza dicho problema en México se agravó durante la última década, aunque nunca es tarde para iniciar las acciones contra los grupos delictivos.
En opinión de Osorio Isaza el aumento de los actos de violencia en el país podría responder a la lucha que lleva a cabo el gobierno contra la delincuencia organizada, aunque no es el único factor.
Planteó que el momento del clímax es cuando instituciones y sociedad civil se ven amenazadas y "desde hace dos años existe la conciencia en México de que hay que luchar urgentemente para despojar a los criminales de los territorios de los que se han apoderado los mafiosos, desde donde se ejerce la extorsión, el secuestro".
Ese, dijo, es el punto de partida y México lo tomó desde hace tiempo "aunque ya está en la cuenta regresiva y por ello está tomando el camino adecuado de hacer transparente el sistema de justicia".
Un sistema de justicia, agregó, "que ofrezca garantías, que sepa el ciudadano qué está ocurriendo, que sea transparente en cuanto a los que hacen los jueces, los fiscales".
El diplomático aseveró que no es con la fuerza pública o sólo con la fuerza del Estado como se abate al crimen organizado.
"Se trata de una estrategia conjunta para la recuperación del territorio, de una alianza de la comunidad con la autoridad, que es fundamental, la credibilidad en una policía seria y confiable y la confianza en las instituciones".
Desde su punto de vista "debe haber cero tolerancia con el crimen y mucha participación ciudadana, de respaldo a la autoridad que combate el crimen".
Dejó claro que en esa batalla no debe haber partido político ni ideología pues "la seguridad es una garantía mínima que deben garantizar todas las autoridades en cualquier país. En esa tarea todo el mundo tiene que apoyar no tiene cabida la controversia".
Sobre la forma en que se logró abatir a los criminales en su país aseguró que se instauraron mecanismos de unión de fuerzas: de la fuerza pública, de la capacidad investigativa y de la fiscalía, todos funcionando con un cuerpo de información e investigación, con coordinación entre fiscal y fuerza pública.
Se trata, dijo, de unidades especializadas dedicadas todo el día a investigar y combatir, así como a resolver casos.
Específicamente en el caso del secuestro refirió que la obligación de ese cuerpo es rescatar a las víctimas con bien e integridad, pero además sin el pago de rescate, así como desmantelar a la banda de que se trate.
"Contamos con la política táctica de no pagar ningún rescate y cero intermediarios. Se trata de un cuerpo especializado que ha atendido todos los secuestros que han ocurrido en el país".
Explicó que son especialistas es orientar a la familia de la víctima, en cómo hablar con ellos para que no se paguen los rescates.
De igual forma conocen métodos para buscar conversaciones disuasivas y de inteligencia para saber dónde está el secuestrado y lograr que el rescate se haga sin el pago.
"Son élites especializadas en ambos casos, terrorismo y secuestro, donde hay fiscales, agentes de investigación, preventivos, policías unidades especiales que rodean las zonas, recogen evidencias, detectan situaciones de riesgo, el origen de los terroristas y los tipos de explosivos", detalló.
Abundó que esas instancias se dedican en grupos por separado a combatir el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la violación a derechos humanos y los actos de lesa humanidad y crueldad.
"En ese caso el Estado tiene cuerpos especializados dedicados exclusivamente a eso", remarcó el especialista.
