Ciudad de México.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Miguel Álvarez Alonso, para que explique porqué se enviaron a Estados Unidos los 205 millones de pesos incautados al empresario Zhenli Ye Gon.

Al aprobar un punto de acuerdo, el órgano legislativo advirtió que Estados Unidos podría exigir parte del dinero incautado en la residencia del empresario chino con base en los tratados de asistencia mutua entre ambas naciones que permitirían aplicar el memorando de Compartición de Bienes.

Los legisladores de todos los partidos advirtieron que se debe conocer con exactitud por qué el SAE decidió no conservar el numerario y si el Ministerio Público federal consideró que el dinero no representaba una prueba con impacto en las averiguaciones.

Hace notar que el gobierno mexicano pagó por seguros, traslados, comisiones por conteo y autentificación 1 millón 438 mil 960 dólares y que el monto de intereses generados al 30 de junio es ligeramente a 1 millón 600 mil dólares.

En los antecedentes, el punto de acuerdo destaca que la transferencia del dinero a Estados Unidos crea suspicacia pues después de consultar a especialistas (de los que no se precisan sus nombres) "no existe artículo dentro de la normatividad que rige al SAE para permitir realizar estos cuantiosos depósitos fuera del país".

Se establece que es necesario aclarar la decisión de enviar el dinero a estados Unidos; "sobretodo es importante que la autoridad a la cual la ley encarga el resguardo de los bienes asegurados aclare si existe el riesgo de que una parte de ese dinero sea reclamada por el gobierno norteamericano y de ser el caso, se expresen las razones del gobierno mexicano para corregir ese riesgo".

Agrega que la ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de los 205 millones de dólares asegurados a Ye Gon y si ese dinero fue parte del financiamiento que recibió un partido político y un candidato a la Presidencia de la República.

"Las autoridades gubernamentales no pueden actuar bajo la premisa de prácticas comunes, como lo expresa el SAE, sino que sus actuaciones deben estar pegadas al principio de legalidad, según el cual, todo acto de un funcionario público debe estar fundado y motivado y que el haber mandado los 205 millones de dólares a EU no se encuentra motivación ni fundamento alguno", se establece en el documento promovido por el Partido de la Revolución Democrática.

El punto de acuerdo aprobado pro el pleno del Congreso de la Unión cita a la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código federal de procedimientos Penales, el Código Penal federal, y la Ley federal para la Administración y Enajenación de Bienes sobre las facultades del SAE.