Los empresarios del país son los nuevos migrantes. El temor al secuestro los ha expulsado de las tierras en las que invirtieron, trabajaron y crearon empleos.

En Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, al menos, hubo hombres de negocios que por haber sido plagiados, amenazados o temer por su seguridad decidieron dejar sus localidades para dirigir sus companías a la distancia.

“Uno se fue a Querétaro; otro, a Monterrey, otro se llevó a su familia a San Diego, California”, enumera el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Sergio Bello Guerra. Los empresarios “se fueron donde no los conocen, donde son uno más, aunque su nueva casa tampoco esté en una ciudad segura”.

Esta entidad, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, es una de las que tienen mayor incidencia de plagios —diez en 2007— respecto del resto del país, que sumó 751 casos denunciados el año pasado. Las otras entidades más atacadas son Michoacán, Veracruz, Estado de México, Baja California, Distrito Federal y Guerrero.

En este último estado (que registró 23 raptos en 2007 e investiga 20, en 2008) también se ha dado el fenómeno de “refugiados del plagio”.

Guadalupe Medina Sevilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Estado de Guerrero, calcula que hace tres años comenzó el desplazamiento forzado.

Dueños de supermercados, constructores y concesionarios de gasolinerías amigos de ella, rememora, han salido de la entidad, por miedo.

Ciudad Juárez binomio narco-secuestro
En Ciudad Juárez, Chihuahua (31 plagios en 2008), el binomio narco-secuestro ha empujado a los emprendedores a El Paso, Texas. De los que quedan del lado mexicano, unos cien han aumentado sus inversiones en seguridad personal, de acuerdo con Enrique Terrazas, presidente de la Coparmex local. En esa localidad, el número de guardaespaldas entrenados en Israel y

Sudamérica ha aumentado, igual que los costos para cuidar la vida y la libertad.

No obstante, entidades que no están consideradas entre las más afectadas por este delito también padecen las consecuncias. Es el caso de Jalisco, en el que Pablo Lemus Navarro, el líder local de la Coparmex, aseguró que también se está dando una hégira de empresarios: “Sí, existen ese tipo de casos. Conozco algunos en los que familias se han tenido que mudar a ciudades de Estados Unidos, y ellos (los hombres de negocios) han optado por operar a distancia o venir con frecuencia”.

En el sur del país hay casos similares. Roberto N, comerciante que vivía en el municipio de Palenque, fue raptado en 2006. “El temor me hizo cerrar mi tienda de abarrotes. Hoy vivo en Tuxtla Gutiérrez y me dedico a vender medicinas. Pensé que nunca volvería a ver a mi esposa y mis tres hijos”.

El caso de Roberto es uno de los que no están contabilizados como “secuestro”, pues el Ministerio Público que recibió la denuncia únicamente accedió a levantar el acta como “desaparición de persona”. En esta entidad, la autoridad sólo reconoce que hubo diez plagios en 2007, y cinco en lo que va de este año.

Y en todos los estados se aceptan tendencias similares o peores. La Procuraduría del Estado de México, por ejemplo, reconoce que al menos cuatro de cada diez secuestros no son denunciados. En tanto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, afirma que “por cada secuestro denunciado hay un subregistro debido a que los familiares entran en pánico. Por cada secuestro que se reporta, dos no se reportan, y hasta tres también”.

Otra de las razones por la que los representantes de la iniciativa privada mexicana han decidido desplazarse dentro o fuera de su país es la ineficiencia o complicidad de agentes y funcionarios.

Alberto Cervantes perdió a su hermano, secuestrado, torturado y asesinado, hace casi tres años.

Cuando había pasado una semana del hallazgo del cuerpo, “el procurador local (de Guanajuato), Armando Amaro, me dijo: ‘Lograremos la captura en menos de 12 meses, pero ni se les ocurra dirigirse con los corruptos de la policía federal.’ Ése fue el primer paso para encubrir a los delincuentes y borrar toda huella del delito, teniendo el monopolio de la investigación”.

Hoy, Alberto vive en Londres.

En Morelos, entre tanto, también se ha denunciado colución de las autoridades.

De acuerdo con la activista Carmen Genis, ni siquiera el gobernador, Marco Adame Castillo, aceptó recibirla para que ella le entregara una lista con nombres de policías presuntamente vinculados con el cártel del narcotráfico de los Beltrán Leyva, que tras los operativos conjuntos ha incursionado en el secuestro. Algunos de los uniformados, incluso, fueron posteriormente ejecutados. La lista fue enviada al procurador estatal, Francisco Coronado Rodríguez, pero no ha sido investigada, asegura la profesora jubilada. “(A los empresarios) primero los secuestran, les han exigido millones y se negocia. Después, antes de regresarlos a sus casas les dicen: ‘cada ocho días me vas a pagar 50% de la ganancia’, con la advertencia de que si no lo hacen van a matar a su familia”.

Este viraje de los cárteles hacia el plagio ha sido documentado por otras instancias.

Según María Elena Morera, presidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia, el gobierno federal “ya sabía que al atacar el narcotráfico de frente y quitarle el dinero líquido, los delincuentes se iban a dedicar a otra cosa”.

Extorsión en todo el país
En Querétaro, Baja California y Chihuahua ha ocurrido algo similar. Ahí, grupos identificados con Los Zetas o bandas de otros cárteles han comenzado a extorsionar a empresarios para no matarlos (a ellos o a sus familias), plagiarlos o quemarles sus negocios.

Juan Carlos Salgado Ponce, de la Coparmex de Morelos, alertó sobre el incremento de secuestros exprés en contra de profesionistas y empresarios en la región oriente del estado. El modus operandi es atemorizar a las víctimas y cobrarle una renta por su seguridad. Por ello, el dirigente empresarial comentó que se tomó la decisión de iniciar el programa Ángel Ciudadano en esta región, con el propósito de crear células de información que aporten datos a la policía de forma anónima.

En Oaxaca ya hay una iniciativa para instaurar la cadena perpetua a quienes perpetren un rapto.

El presidente de la Gran Comisión de la LX Legislatura, Herminio Cuevas Chávez, precisó que el proyecto enviado por el gobernador Ulises Ruiz contempla reformar el artículo 18 del Código Penal para establecer la prisión de por vida en el caso de los secuestradores.

“Es uno de los temas urgentes en Oaxaca, un“Es uno de los temas urgentes en Oaxaca, un reclamo nacional y estatal, y, una vez aprobada, su aplicación será de manera general sin restricciones”, explicó.

El presidente Calderón recientemente planteó la posibilidad de instaurar esta pena a escala federal.

Otros actores sociales y económicos del país, sin embargo, tienen diversas opiniones al respecto.

Juan Martín Granados Torres, procurador queretano, afirmó que la medida “puede funcionar en la prevención del delito y en la detención de los delincuentes.”

En Colima también hay una percepción favorable al respecto. El diputado priista Francisco Anzar la avala, con una salvedad: “Siempre y cuando se demuestre que un integrante o ex integrante de una corporación policiaca esté inmiscuido”.

Pablo Lemus Navarro, de la Coparmex Jalisco, consideró viable el planteamiento presidencial, pero rechazó que el delito practique la “discriminación positiva”, al sólo considerarla cuando estén involucrados menores de edad, anciandos, discapacitados o haya amputaciones: “La cadena perpetua debe ser en todos los casos. El sistema de justicia en México no está preparado para la pena de muerte, por eso la propuesta del Presidente es viable”.

Me parece que lo que debemos hacer es cada cual asumir la responsabilidad que nos corresponde. Yo no busco a quien hacer responsable de nada.” (Excelsior)