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Después de que había sido suspendida por órdenes del Juez Segundo de Distrito, la prolongación del bulevar Enrique Reyna, al norte de la ciudad, fue abierta ayer a la circulación… parcialmente, porque un tramo de 30 metros está cerrado.
La obra de 2.2 kilómetros, que une el tramo de Los Valdés a Los Rodríguez, se suspendió por una demanda que interpuso Javier de las Fuentes Cabello por la posesión de una fracción del lote de terreno por donde pasa la vialidad.
El 1 de octubre, De las Fuentes Cabello se percató de que, en el kilómetro 1 + 300, con las obras del bulevar se invadía una superficie de 177. 043 metros cuadrados, sin que se hubiera llevado a cabo algún trámite de expropiación, venta o adjudicación.
El demandante, a través de su apoderado legal, sostuvo que no hubo una planeación acertada en la obra y por ello se afectó su propiedad. El 15 de octubre el juez Alfredo Rivera Anaya emitió la sentencia que señala la suspensión provisional para que el afectado no sea desposeído de la propiedad denominada “El Alto”.
Según señala el representante legal de De las Fuentes, antes de recurrir a una demanda el afectado acudió a todas las dependencias que intervienen en la obra, e incluso tuvo una conversación con Horacio del Bosque Dávila, secretario de Obras Públicas. Ante una respuesta desfavorable decidió proteger su propiedad y ampararse por la vía legal.
“Reclamo la privación y molestia del derecho de propiedad y posesión sobre el terreno”, establece la solicitud de amparo, “fui despojado por parte de las autoridades responsables sin haber sido llamado para tramitar algún permiso”.
Al respecto, Del Bosque Dávila, informó que para efectos prácticos la vialidad está abierta salvo el tramo de 30 metros que De las Fuentes reclama como posesionario.
“(El tramo) Es el pelo en la sopa”, expresó el funcionario estatal, “pero la ciudadanía ya puede circular por ahí, con el inconveniente de en ese tramo habrá que cambiarse de cuerpo del bulevar para transitar”.
Del Bosque dijo que no se pudo llegar a un acuerdo con el reclamante y que ahora el caso, por parte del Gobierno del Estado, lo tiene Roberto Orozco Aguirre, director de Patrimonio de la administración.
El titular de Obras Públicas lamentó que en Coahuila no exista, como en Nuevo León, un Impuesto Sobre Mejora Específica, con el que las autoridades pueden gravar acciones como las de este caso que afectan obras de evidente beneficio público.
uc