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La mayoría de los aparatos siniestrados en los últimos 5 años tenían su base en la terminal aérea de Ramos Arizpe
Con el helicóptero Bell 206 de RCG que se desplomó e incendió ayer en plena zona urbana de la ciudad, suman ocho accidentes en los últimos cinco años, y siete de los aparatos siniestrados tenían su base en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe donde la Comandancia de la DGAC, a cargo del capitán Alejandro Martínez, es la encargada de expedir los certificados de aeronavegabilidad, mismos que se emiten después de verificar sus bitacoras de mantenimiento.
De los anteriores siete accidentes que se habían presentado en los últimos cuatro años en esta Región Sureste de Coahuila, el único que no pertenecía a la terminal aérea local fue el DC-9 de carga de JET USA, que se desplomó el 6 de julio de 2008 en Libramiento José López Portillo, cuando llegaba procedente de Canadá con partes automotrices para la empresa Magna, y que cobró la vida del piloto John Macintosh.
Los siete restantes que participaron en accidentes aéreos, inlcuido el helicoptero Bell, debieron de contar con la aprobación de Alejandro Martínez, comandante del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, y representante de la Dirección General de Aeronaútica Civil de la SCT, porque es a él a quien corresponde verificar los mantenimientos de cada aeronave, y emitir los permisos para volar, de acuerdo a sus respectivas bitácoras de horasvuelo, y si alguno de esos aparatos no cumplía con los servicios respectivos, él como autoridad debió haber impedido su despegue, su salida al aire.
Entonces, ¿qué es lo que pasó, y qué sigue pasando?, si todas esas avionetas, aviones, jets y helicopteros debieron contar con sus mantenimientos en orden, ¿por qué entonces se presentaron los desperfectos que finalmente fueron la causa de los accidentes? ¿Dondé esta la falla? ¿Dónde la irregularidad? ¿Qué acaso los empresarios propietarios de esos aparatos recibieron la autorización sin cumplir con el servicio?, pero si fuera así ¿dónde están esos documentos y por qué no los muestra?


Las preguntas son muchas y muy pocas las respuestas, y como ya lo ha externado VANGUARDIA en reiteradas ocasiones, no hay dictámenes oficiales, y como en México ha sido una “tradición” ocultar y archivar las investigaciones de los accidentes aéreos, a excepción del desplome del Jet Lear donde murió el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que sí tuvo “explicaciones inmediatas”, todos los demás se guardan, “se les echa tierra” y nunca se determinan responsables, ni acciones correctivas, y esa aquí ha sido la constante.
Además no es la primera vez que se cuestiona el trabajo y la responsabilidad de dicho funcionario público. Cabe recordar que VANGUARDIA documentó en su momento la autorización extendida por Alejandro Martínez para la colocación de una antena de telefonía celular en la ruta de aproximación de la pista 17-35, que podía interferir en el procedimiento de aterrizaje de
las aeronaves, y casual o coincidentemente está instalada en
el punto donde el pasado 20 de diciembre se vino abajo la avioneta en la que viajaban dos funcionarios estatales y dos periodistas, además del piloto, esto en el Parque Industrial Saltillo- Ramos Arizpe.
Otra de las irregularidades en las que ha incurrido el comandante de la DGAC, Alejandro Martínez, fue el autorizar al empresario Luis Rajet, propietario de Rajet Aeroservicios, a ingresar en automóvil a la pista del aeropuerto, como pista de carreras para probar dos automóviles Ferrari que recién había adquirido, utilizando una instalación federal como “propiedad privada”, y dados esos antecedentes, tampoco sería nada raro que el funcionario federal algo haya tenido que ver en la validación o autorización de los fraccionamientos que fueron instalados alrededor de la Terminal aérea.
Entonces, ¿qué es lo que debe suceder para que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, voltee hacia el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe y realice una investigación seria y responsable sobre lo que está sucediendo?, el helicóptero de RCG cayó ayer sobre una negociación donde se encontraban trabajando de ocho a 10 personas, pero ¿qué hubiera pasado si acaso llega a caer en un jardín de niños, en una primaria, en una secundaria, en una avenida sumamente transitada o en una zona habitacional, pudiéndose presentar una tragedia de grandes dimensiones? ¿Hasta cuándo?
sc