Las aseveraciones hechas por grupos pastorales de que dinero del crimen organizado es inyectado a las campañas electorales para diputados en Coahuila son muy graves y deben ser acompañados de pruebas contundentes, aseveró Carlos Arredondo Sibaja.

El consejero propietario del IEPC señaló que dichos señalamientos no deben quedarse como “balas al aire”  y que es obligación de los señalantes presentar las evidencias ante las autoridades competentes.

VANGUARDIA publicó ayer que grupos pastorales de todo el estado emitieron un comunicado en el que señalan la intromisión económica de grupos criminales en las campañas electorales.

Sin embargo, el texto no especifica qué partidos o candidatos podrían estar incurriendo en esta práctica.

“Si los señores integrantes de los grupos pastorales tienen evidencias, creo que es su obligación hacerlas del conocimiento, en primer lugar, de las autoridades competentes en el ámbito judicial para que se tomen las medidas del caso y se abran los procedimientos investigatorios.

“Y en segundo lugar, de las autoridades electorales, pero me parecería de la mayor irresponsabilidad que solamente se estuvieran lanzando ‘balas al aire’, no podía calificarse de otra forma”, aseveró.

Arredondo Sibaja dijo que no tiene ninguna evidencia que lo haga suponer que alguna campaña de quienes contienden en el proceso electoral coahuilense estén manchados por la intromisión del crimen organizado.

Dijo que si los manifestantes no tienen las pruebas, entonces sería importante que hicieran alguna precisión respecto de sus señalamientos.
“No tengo elementos para decir si (estos señalamientos) van a incidir en la participación electoral, esperaría que no ocurriera (…) no alcanzo a comprender el interés que tuvieran en contaminar el proceso con rumores como estos”, expresó.

Arredondo Sibaja dijo que por el momento, el Consejo General del IEPC no puede dedicarle tiempo a investigar especulaciones, por eso insistió a los  grupos pastorales que presenten  elementos para justificar sus afirmaciones.