La Diócesis de Saltillo denunció que con la emisión de actas de defunción falsas a las viudas de la mina Pasta de Conchos, las pensiones e indemnizaciones que finalmente se están empezando a entregar, serán calculadas con salarios de “hambre” para las familias.
La Organización Familia Pasta de Conchos celebró que se le exigieran cuentas a Oscar Mohamar Danitín , presunto acusado alterar documentos y falsificar una firma.
Sin embargo la problemática continua, así lo aseveró la organización en un documento que emitió y dónde hace responsable al Gobierno del Estado de Coahuila de expedir ilegalmente documentos cuyo contenido es falso.
El comunicado detalla que dichos documentos, creados en el 2007, fueron utilizados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y eso dañó gravemente a las familiares de los mineros muertos. El documento expone a pie juntillas.
“Supuestamente agilizarían las demandas de pensión de las familias de Pasta de Conchos. En dichas Actas, el doctor Jorge A. Blanco Cepeda (cédula 621605), certificara la fecha, la hora y las causales de muerte de los mineros que estaban atrapados en la mina.
Al denunciar la ilegalidad, en lugar de cancelar dichas Actas y proceder conforme a lo que el derecho determina en estos casos, decidieron cometer la misma ilegalidad emitiendo nuevas Actas de Defunción, en las que están certificadas las causales de muerte por el propio Ministerio Público”
La Diócesis de Saltillo y Organización Familia Pasta de Conchos exhiben que en ambas Actas de Defunción, dos de las tres causales de muerte, jamás les pudieron suceder a una persona: explosión súbita y derrumbe súbito y no pueden certificar el día y la hora en que fallecieron.
Por lo que, sostiene, ambas Actas de Defunción son ilegales; por los tiempos, la forma en que se hicieron y porque al estar los cuerpos dentro de la mina certifican “aberraciones”.
La consecuencia, aseguran, será que las pensiones e indemnizaciones que finalmente se están empezando a entregar, fueran calculadas con salarios de “hambre” para las familias De todo lo anterior ya se informó, dicen, Humberto Moreira.
Falsos compradores
Desde el mes de mayo la organización, denunció la supuesta compra-venta de la Planta Lavadora, ubicada en el perímetro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.
“Era un acto de simulación de Rogelio Montemayor Segur y posteriormente de sus hijos, que servían de prestanombres y mensajeros de Industrial Minera México. Ninguno de los Montemayor pudo acreditar ante el Gobierno de Coahuila dicha compra porque jamás se realizó, como posteriormente reconoció el mismo Xavier García de Quevedo, presidente de Industrial Minera México S.A.B de C.V.”
La Diosecsis de Saltillo y la Organización Familia Pasta de Conchos suponen que quizá bastó una visita del mismo Rogelio Montemayor a las oficinas de gobierno o la amenaza de una llamada telefónica desde otros niveles de poder porque , piensan, Industrial Minera México impone su voluntad por encima de las obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado de Coahuila.
Engaño por la fuerza
El 31 de julio pasado, un operativo con 200 elementos de por los menos dos corporaciones policíacas del gobierno de Coahuila, ingresaron a la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. En ese momento, las familias pensaron que el operativo era para defenderlas. Sin embrago, señalan, se implementado por el Gobierno del Estado de Coahuila para tomar por la fuerza la Planta Lavadora, sin importarles violentar y descarrilar el Estado de Derecho.
“La tríada Montemayor sus apoderados legales, y los funcionarios del Gobierno de Coahuila simularon actos jurídicos, ocultaron la falta de constancias, acreditaciones y permisos, falsearon declaraciones, fabricaron delitos contra las familias, cometieron abuso de autoridad y ejercieron violencia sin causa justificada”.
La Organización “Familia Pasta de Conchos”, hizo un llamado al Gobernador, Humberto Moreira, para que restablezca la legalidad en los hechos cometidos por terceros y por funcionarios de su administración.
