MÉXICO, D.F.- Organizaciones civiles de derechos humanos señalaron que la detención y el traslado ante un juez cívico de los jóvenes que increparon al presidente Felipe Calderón en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud constituyó un atentado contra la libertad de expresión y una detención arbitraria.

Édgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, manifestó que ninguna de las formalidades de un evento oficial con el Presidente de la República pueden estar por encima del derecho a la libertad de expresión e indicó que lo manifestado por los jóvenes es también un reflejo de los pocos espacios que ellos tienen para hacer públicas sus opiniones.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la actitud del Gobierno Federal ante esas expresiones fue un acto de intolerancia y un mensaje de que nadie puede disentir ante el Jefe del Ejecutivo federal.

Este viernes, durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud, uno de los galardonados, Andrés Gómez —estudiante de bachillerato— gritó “espurio” al presidente Felipe Calderón mientras leía su discurso y casi al mismo tiempo otro joven invitado, Marco Virgilio Jiménez Santiago, expresó “¿Cuál libertad? No hay libertad en este país?”. Ambos fueron sacados de la ceremonia por miembros del Estado Mayor Presidencial y una hora después de que se desconoció su paradero fueron remitidos a un juzgado civil por los probables delitos de ultraje a la autoridad, ataque al orden público, a la paz pública y a la dignidad de las personas.

Al respecto, en entrevista, Édgar Cortez dijo que con esas acciones se inhibe la libertad de expresión “y aunque algunos podrían decir que fue políticamente incorrecto por parte de los jóvenes, una serie de formalidades no pueden estar por encima de ese derecho”.

“Fue —recalcó— una respuesta intimidante que se podría considerar como detención arbitaria”.