México, D.F. .- La bancada del PRD en el Senado de la República propuso reformas para desincentivar la actividad de intermediarios para liberar a los secuestrados, ya que representa un grave riesgo para la víctima.

El senador Silvano Aureoles, quien presentó la propuesta, explicó que en la mayoría de los casos son defraudadores o individuos no profesionales que se ofrecen como negociadores a cambio de una prestación económica, y por lo general su intervención causa el fracaso del rescate y trae como consecuencia la muerte de la víctima.

Indica que se impone una pena de dos a 10 años de prisión a quien actúe como intermediario en las negociaciones del rescate sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima, así como para quien, pese a tener el consentimiento de éstos, lo haga con afán de lucro.

Además, el documento expone sancionar con penas de 30 a 50 años de prisión a los secuestradores que sean o hayan sido policías o servidores públicos.

Se establece que el secuestro sigue siendo un delito del orden común, pero será competencia de los juzgados federales el desarrollo de los juicios por este delito bajo la figura de delincuencia organizada.

Según la iniciativa, se aplicarán de 15 a 40 años de prisión a quien amenace a otra persona con privar de su libertad a él, a sus familiares o con quien tenga una relación afectiva, para obtener
rescate.

También se establece un Fondo Especial para la Investigación y la Atención de las Víctimas del Secuestro, dependiente de la PGR, y se eliminan los beneficios de la amnistía e indulto a quienes cometan ese delito.

De acuerdo con la propuesta, presentada también por el senador José Luis García, se aplicarán de 25 a 50 años de prisión cuando el secuestro sea para trasladar a un menor de 18 años fuera del país y obtener un lucro indebido por su venta o entrega.

Habrá de 15 a 40 años de cárcel para el que simule la privación de la libertad propia o de otro con el propósito de obtener rescate, y a quien permita que sus bienes inmuebles sean utilizados para
retener o alojar al secuestrado.

En cambio, se impondrá de uno a cinco años de prisión a aquél que habiendo participado en el secuestro entregue información o colabore para rescatar o dar con el paradero de la víctima o
aprehender al resto de los secuestradores.

La iniciativa de reformas a la Constitución Política y al Código Penal federal fue turnada a comisiones por el pleno senatorial, para su análisis y dictaminación.