Iniciativas de Calderón al Congreso
MÉXICO, D.F.- Cuando la guerra de dos años contra el crimen organizado no ha sometido a los cárteles, en el Congreso el otoño deshoja más que árboles: deja caer lo que sugiere será un bombardeo de iniciativas de leyes de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo para amarrar triunfos en la seguridad pública.
Por: El Universal05-Octubre-2008

El ánimo de iniciar leyes por una mejor policía y justicia, en el caso delPRD va acompañado de audaces propuestas para atacar a las bandas en la esencia de su poderío, el dinero, propiedades, empresas formales, que usualmente salvan sus prestanombres y los hoyos de la legislación.
Un paquete de ocho propuestas (crecerá a 10) del diputado del PRD Andrés Lozano, han sido turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia, y ahí serán estudiadas con los proyectos semejantes que a su vez inicien el Ejecutivo, así como otros legisladores, del PAN y PRI, principalmente, en un proceso que ya empezó y tiene fecha de término, el 15 de diciembre próximo, cuando se clausure el periodo de sesiones.
Andrés Lozano dice que está por presentar dos iniciativas más, en materia de justicia, con lo cual el PRD cumple su compromiso de aportar soluciones con una visión integral de los desafíos de la seguridad pública del país, exacerbados por el crimen organizado.
Señala que hay decisión de los grupos parlamentarios, por sacar adelante estos temas, y reporta, en entrevista, que no se ha generado oposición algúna dentro del ámbito legislativo, ni de la sociedad y economía mexicana. Antes bien, “hay un gran reclamo social” por avanzar con prontitud y eficacia, dice el abogado egresado de la Universidad Iberoamericana.
El propósito fundamental de debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales lo busca el PRD con la iniciativa de Ley General de Extinción de Dominio. Las bandas perderían dinero, propiedades, empresas, casas de cambio, hoteles, restaurantes, edificios, grupos inmobiliarios, que pasarían al poder del Estado.
Una propuesta propone que la delincuencia organizada pague a civiles y comunidades daños, que haya causado al cometer delitos, y se les podría reclamar desde la alteración de la tranquilidad social hasta lesiones, daño emocional, secuestros, homicidios, destrucción material.

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