Entre los 28 compromisos asumidos por el Ejecutivo federal como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, una decena de ellos ya estaba en marcha antes de la firma del documento o sólo se agregaron variantes a proyectos existentes.
Por ejemplo, se indica que al concluir este año la Secretaría de Salud ampliará la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida, para personas adictas, con más de 300 puntos de cobertura nacional, un programa que se anunció desde 2007, financiado con los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon.

Se incluye también la añeja propuesta de habilitar un número único en todo el país para atención de emergencias (066) y un servicio de denuncia (089), que hasta ahora no ha prosperado. Destacan compromisos como sujetar “a evaluación permanente y de control de confianza a través de organismos certificados al personal de instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de aduanas y de los centros de readaptación social federales”, cuando presuntamente estas medidas están en marcha desde el inicio de la gestión.

La novedad sería el seguimiento a los elementos dados de baja de estas instituciones, y comunicar los resultados a un órgano observador, aunque ésta también ya era propuesta del pasado.

También se garantiza la modernización de las aduanas del país, en un plazo de dos años, cuando desde diciembre de 2006 se descubrió una red de traficantes de seudoefedrina, que llevó a declarar en ese momento a las autoridades hacendarias que se fortalecería la seguridad aduanal.

Asimismo, el Gobierno Federal se compromete a consolidar el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México en una año, un proyecto que se inició en esta administración y que cuenta ya con el acuerdo de las entidades del país sobre la inversión tecnológica para su aplicación.

En materia del combate al delito, una vez más se incluye la formulación de una estrategia contra el narcomenudeo, y un esquema integral contra el secuestro, que ya han sido abordados en anteriores proyectos de seguridad a nivel nacional.

Firman los medios

Los medios de comunicación del país se sumaron al Acuerdo Nacional por la Seguridad la Justicia y la Legalidad y se comprometieron a cuidar sus mensajes y contenidos para impedir una apología de la violencia y promover la cultura de respeto a la ley.

El documento fue firmado por Enrique Pereda Gómez, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, así como por Juan Francisco Ealy Jr. Presidente y Director General de El Universal, junto con otros representantes de otros medios.

Entre los compromisos se establece que los medios ampliarán la difusión de contenidos y campañas que recalquen los beneficios del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito. Como parte de esta estrategia contra la inseguridad también se harán campañas de prevención de consumo de drogas, así como la importancia de la familia en el cuidado de la salud de los hijos.

Además, se difundirá el trabajo de centros de prevención y atención de adicciones, como una medida para reducir el consumo, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Los empresarios de los medios acordaron fomentar la cultura de la seguridad como enviar mensajes que concienticen a la población sobre la necesidad de la participación ciudadana, para hacer un frente común contra delincuentes en cada una de las comunidades.

En este esquema de difusión, los empresarios de medios y directivos también emitirán mensajes de casos exitosos de denuncia que deriven en aprehensiones y sentencias.

También se evitará la defensa o apología del delito, el impulsará el respeto a la dignidad de víctimas e impedir la difusión de datos que amenace la seguridad de familiares y personas cercanas a quienes padecieron un ilícito.