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México, D.F.- La primera obra pública del sexenio de Vicente Fox, la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos, tuvo los visos fraudulentos y ocasionó daño patrimonial al erario. Así quedó asentado en la auditoría especial realizada por la extinta Secretaría de la Contraloría, que obtuvo El Universal.
Las dos carpetas engargoladas —casi 500 páginas con el informe ejecutivo y 8 anexos— contienen la evidencia de que los funcionarios que la ordenaron no estaban legalmente facultados para hacerlo y que el proveedor seleccionado estaba incapacitado técnica y financieramente para afrontar un compromiso de tal envergadura.
El despacho Humberto Artigas y Asociados fue escogido por recomendación de José Fox Quesada, hermano del entonces presidente de la República, y firmó cuatro contratos, por lo que facturó 61 millones 895 mil 898 pesos, según la documentación contenida en la auditoría.
“Dichos contratos se adjudicaron directamente... sin la debida justificación y fundamentación, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, ya que el argumento esgrimido, de confidencialidad y seguridad nacional, se desvirtuó”, dice la cédula de observaciones.
A partir de allí, los errores y omisiones se acumularon: el contrato AD-269-00 fue firmado en dos ocasiones —el 15 y el 20 de diciembre del 2000— y en ambos casos, con violaciones a la normatividad; no obstante, su monto, de 6 millones 336 mil 500 pesos, fue cubierto.
Otro dato que llamó la atención a los auditores fue que los funcionarios administrativos de la Presidencia hubieran pagado a Artigas del Olmo 10 millones de pesos antes de que los contratos estuvieran firmados y las obras concluidas.
Además, comprobaron que Artigas del Olmo subcontrató consigo mismo para adquirir los muebles y enseres de la nueva residencia presidencial. Sólo que incumplió con el contrato, al recibir y pagar artículos no contemplados en el mismo.
Las evidencias se muestran: la intermediación de una de sus empresas —Myo S.A. de C.V.— hizo que se duplicara el costo de las mercancías. “(Hubo) un sobreprecio de 636%, lo que se considera un daño patrimonial”
POCA SANCION
> Reciben penas leves.
* Al final, ocho mandos medios de Los Pinos fueron responsabilizados del fraude cometido por la empresa Humberto Artigas y Asociados.
* También se les encontró daño patrimonial sufrido por el erario.
* Ninguno de ellos recibió una sanción mayor a una suspensión de seis meses y permanecieron en el servicio público.