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‘El cártel de la electricidad’

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  • Reporte Índigo
  • 24-Octubre-2009
  • Gobierno le cedió el manejo a la paraestatal por ser más eficiente, aunque ahí hay otro ‘teje y maneje’

    • El principal argumento del Gobierno Federal para desaparecer LyFC y encargar a la CFE el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción. Pero la realidad podría ser diferente.

    El principal argumento del Gobierno Federal para desaparecer LyFC y encargar a la CFE el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción. Pero la realidad podría ser diferente.

    Documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

    Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios. Algunos se refieren a este grupo como “el cártel de la electricidad”.

    Reporte Índigo tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Esto fue a finales del gobierno de Zedillo.

    En ellas, Olvera Mazariegos señala la “multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE”.

    Entrevista exclusiva

    Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.
    De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.

    Además, Velasco entregó a Reporte Índigo el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

    En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa. Éste es el lado oscuro de la CFE, paraestatal a la que el gobierno federal pretende encargar la responsabilidad de iluminar a todo México.

    Lo ha denunciado

    Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica era diputado federal de la 57 Legislatura.
    Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

    Desde 1997 recibía información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

    Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.

    Cuando el Gobierno espera que la CFE sea la solución a la corrupción, la ineficiencia y las supuestas pérdidas millonarias generadas por LyFC, las denuncias de Velasco y la documentación que presenta adquieren otra relevancia.

    Reporte Índigo tuvo acceso a cuatro tarjetas informativas que circularon a fines del gobierno zedillista entre los funcionarios responsables de realizar auditorías y señalar las sanciones.
    El 22 de junio de 2000, Rafael Bustos Hernández, asesor del Órgano Control Interno de la CFE, escribió una tarjeta a Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular de dicho órgano.

    Bustos señaló que en el proceso de transición gubernamental del año 2000 sería necesario prevenir y corregir las irregularidades detectadas por las distintas áreas de fiscalización de la CFE.

    Informó a Olvera Mazariegos que se había creado un grupo en la paraestatal para abatir el número de irregularidades que estaban en proceso “y establecer medidas que eviten que estas irregularidades sean de conocimiento público, ya que se les ha pedido la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas”.

    También afirmó que la posible llegada del candidato del PRD a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, era un riesgo para “todos”.

    Bustos señaló que el entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Arsenio Farell, había informado al director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, de las irregularidades cometidas en las licitaciones de 12 de las obras importantes de la paraestatal.

    Se trata de las centrales de ciclo combinado y unidades de turbogas Rosarito III, El Sauz, Altamira II, Tuxpan II, Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las centrales de diésel Guerrero Negro II y San Carlos, y las centrales geoeléctricas Cerro Prieto IV y Tres Vírgenes.

    Bustos puntualizó que se pagaron contratos de subestaciones y líneas de transmisión que no estaban en operación.

    La lista negra

    El 9 de agosto de 2000, Bustos Hernández envió una nueva nota informativa a Olvera Mazariegos. Las elecciones presidenciales habían pasado y la presión interna en la CFE iba en aumento.

    El funcionario se refirió a la millonaria adjudicación hecha a Techint y a Grupo Mexicano de Desarrollo.

    “Este otorgamiento irregular implica a gran parte de los principales funcionarios de la CFE que han sido mencionados en notas informativas y oficios del órgano de control interno de CFE (…).

    “Mi pronunciamiento es para intentar convencer al subsecretario y al director general, ya que se han manifestado contrarios a la formulación de la denuncia mencionada, de manera personal y de acuerdo a los resultados del 2 de julio pasado me inclino por la formulación de esta denuncia para que en el momento en que se deslinden responsabilidades no se tenga un señalamiento por omisión o encubrimiento”, señaló Bustos Hernández en el documento.

    Olvera Mazariegos, responsable del Órgano de Control Interno de la CFE, decidió enviar una nota a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

    En ella explica que son comunes las irregularidades en la licitación y construcción de obras. También advierte que esto es del conocimiento de empresas internacionales que podrían ofrecer mejores precios y servicios, pero no lo hacen porque saben de las redes de corrupción de la CFE.

    Olvera Mazariegos proporcionó al subsecretario los nombres de los presuntos implicados en actos de corrupción: Néstor Moreno Díaz, Oswaldo Gangoiti Ruiz, Arturo Hernández Álvarez, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Alberto Ramos Elorduy, José de Jesús Castellanos, Julio Guerrero y Luis Juárez Ibáñez.

    “Además, este órgano de control bajo mi responsabilidad se encuentra en condiciones de afirmar que de no sancionar penalmente a funcionarios y contratistas, la entidad enfrentará una severa crisis económica, así como de mayor desprestigio internacional debido a la corrupción imperante en el manejo de CFE”, afirma en la tarjeta.

    Velasco señala que antes de terminar el sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia penal a raíz de los señalamientos que él había hecho. Pero fue sólo para cubrir las formas, porque no pasó nada.

    La llegada del PAN a la Presidencia no tuvo impacto alguno.

    Pese a los informes de las auditorías y de las denuncias presentadas ante la PGR a finales del sexenio de Zedillo, el “gobierno del cambio” no cambió nada.

    Ni siquiera al director general de la CFE Alfredo Elías Ayub, quien ha ocupado ese cargo desde enero de 1999.

    Velasco afirma que la derrama económica que genera la corrupción de la CFE salpica a muchos, y hay demasiados intereses de por medio.

    Lo mismo

    En abril de 2009 el asesor Rafael Bustos reconoció que se manipularon bases de licitación para beneficiar a la mancuerna formada por Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo para construir la terminal de recibo y manejo de carbón Petacalco.

    Cuauhtémoc Velasco afirma que en 1998 habló con Gasca Neri, entonces director general de la CFE, sobre las irregularidades, pero lo ignoraron.
    En enero de 1999, Alfredo Elías Ayub fue nombrado titular de la CFE. Velasco fue a verlo, y pasó lo mismo.

    Las denuncias del legislador ponían en jaque a la paraestatal porque quienes trabajaban ahí sabían que tenían respaldo y Velasco tuvo problemas.

    Fue hostigado por la CFE, que emprendió una campaña acusándolo de vínculos con una empresa contratista de la CFE. El 24 de julio de 2000, Olvera Mazariegos envió una nota informativa a Jaime Mohedano, director general de Auditoría Gubernamental. El tema era una nota informativa hecha por Rafael Bustos Hernández 10 días antes, el 14 de julio.

    “Enumera las violaciones a la normatividad que suficientes para presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación situación que es del conocimiento, como Ud. sabe, del lic. Fernando Bueno Montalvo coordinador de asuntos jurídicos de la CFE, así mismo del director general Ing. Alfredo Elías Ayub”.

    Mazariegos hizo hincapié en que las denuncias hechas por Velasco ante la Secodam en 1998 tenían sustento. Señaló que en 1994 sí se incumplieron las bases de la licitación del contrato de servicios para la descarga, almacenamiento, manejo, mezcla y traslado de carbón, que finalmente fue otorgado a Techint, pero no pasó nada.

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