México, D.F. .- A partir de este mes, todos los juzgados federales ubicados en las zonas en las que haya penales de alta seguridad tienen facultades para tener a su cargo los procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, sin importar el punto del país donde hayan sido cometidos los delitos, según un nuevo acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La medida, tomada por unanimidad por el pleno del CJF y que entró en vigor el 5 de septiembre pasado, representa el cumplimiento de uno de los compromisos que asumió en agosto el Poder Judicial de la Federación, al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El acuerdo 21/2008 del CJF indica que entre los 10 compromisos asumidos “se estableció que se facilitaría la concentración de personas sometidas a procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, reduciendo el número de diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos”, para lo cual se fijó un plazo de ejecución de 30 días.

En el documento se indica: “Conscientes los integrantes del CJF de que la eficiencia en la adopción de medidas no sólo depende de su idoneidad sino, especialmente, de su oportunidad e inmediatez, con este acuerdo se cumple con el compromiso antes señalado (…), con el propósito de demostrar al pueblo de México que se pueden tomar acciones directas y oportunas para el fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Por eso, “con la finalidad de evitar retardos en la impartición de justicia y propiciar condiciones de mayor seguridad a la población evitando el traslado de procesados”, el CJF decidió dotar de competencia en todo el país a los juzgados de Distrito en Materia Penal del Primer, Segundo y Tercer Circuitos, y a Juzgados Mixtos con residencia en lugares en donde haya penal de máxima seguridad.

Esto equivale a que los juzgados de Distrito en el estado de México, Jalisco, Nayarit y Tamulipas podrán conocer de todos los procesos de crimen organizado y narcotráfico que se cometan en cualquier punto del país.

A fin de que se aplique esta disposición, se tomará en cuenta el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que ya preveía una excepción a las reglas de competencia territorial de los jueces federales, al establecer que un juez de Distrito distinto al lugar donde se cometía el delito podía ser competente de conocer un caso