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México, D.F..- La Constitución no garantiza un presupuesto para educación o salud pero sí para el financiamiento público de los partidos políticos, denunciaron organizaciones sociales e intelectuales al exigir que estos institutos recorten sus recursos alrededor de mil 700 millones de pesos en el próximo presupuesto.
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En la imagen, la secretaria ejecutiva de la agrupación Alianza Civica, Silvia Alonso, el escritor y catedratico Rafael Reygadas y la comunicadora Denise Dresser. Foto Cuatoscuro
En conferencia de prensa, las organizaciones Alianza Cívica, Asociación Nacional de Ciudadanos, Propuesta Cívica, Al Consumidor, A.C., Alternativa Ciudadana 21, Ciudadanos Libres, Dejemos de Hacernos Pendejos (sic), Gestión Social, Instituto Mexicano de la Competitividad y Sociedad en Movimiento, así como académicos como Sergio Aguayo (Colmex), Denise Dresser (ITAM), María Amparo Casar, José Antonio Crespo, entre otros, exigieron a los partidos cambios constitucionales para vincular la fórmula de asignación de recursos públicos a los partidos a la votación nacional emitida a su favor, y no al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Según Sergio Aguayo, las consecuencias de la reforma electoral que cambió la asignación de financiamiento se pueden enlistar en tres tipos de corrupción. “La relación perversa con el electorado pobre y la cultura del pedigüeño, con los medios y sus convenios de publicidad y la distorsión en los recursos internos, ya que reciben menos de militantes y simpatizantes y más de la Federación y gobiernos locales”.
Según el investigador del Colmex, los partidos perdieron su sentido original con la cantidad de recursos que reciben del Estado, ya que no representan los intereses de los ciudadanos.
Denise Dresser, académica del ITAM, denunció que mientras en México el voto cuesta 224 pesos, en Brasil y Argentina el costo es de cuatro y cinco pesos, respectivamente.
Ambos académicos criticaron que se elevara a rango constitucional la repartición de dinero a los partidos.
“Partidos, y esto es más doloroso, blindados ante los costos de la crisis, blindados ante los despidos de personal, blindados ante los planes de austeridad y blindados ante los recortes presupuestales”, dijo Dresser.
Concretamente la propuesta de las organizaciones y académicos tiene que ver con bajar la fórmula de la Constitución al Cofipe y cambiar la base de cálculo que actualmente es con el número de empadronados del Instituto Federal Electoral (IFE) por el número de votos válidos emitidos en la elección pasada.
“Esto permitiría un ahorro de mil 700 millones de pesos y alinea los recursos al desempeño electoral”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, de Alianza Cívica.
Además, esos mil 700 millones de pesos que se ahorrarían son equivalentes a 500 mil familias más en el programa Oportunidades, 600 mil familias más en el Seguro Popular; es 1.5 veces el presupuesto para 230 millones de libros de texto; es igual al presupuesto de operación y mantenimiento del sistema Cutzamala, que surte agua al Distrito Federal y el Valle de México.
