Lo que faltaba… en tiempos en que los altos costos de energéticos, la caída de mercados internacionales, el alza en las tasas de interés y una inflación que empeorará en los próximos meses, los comerciantes debe agregar otro elemento de presión: la intimidación fiscal, de lo que algunos saltillenses pueden dar cuenta.

Al menos así lo demuestra la intención de crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya se está gestando y que está en manos de las cámaras de Diputados y  de Senadores.

A VANGUARDIA llegaron voces inconformes de pequeños empresarios, quienes buscan que las autoridades fiscales no se conviertan en extorsionadores.
“Una cosa es que los auditores cumplan con su trabajo de vigilancia y supervisión. Claro, todos debemos estar en regla”, expresó uno de los comerciantes saltillenses afectados.

“Estoy en el Régimen del Pequeño Contribuyente, afortunadamente voy al corriente en todo, porque en estos tiempos no basta con tener voluntad para cumplir, pues en muchos casos la situación económica precaria nos presenta obstáculos para cumplir”.
Indicó que hace unos días llegaron a su negocio trabajadores de Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Llegan con una actitud bastante intimidatoria, confusa… y de pronto me empiezan a preguntar por cuestiones que la verdad, no creo que tengan que ver con el aspecto fiscal del negocio”.

“Me pidieron que encendiera el anuncio luminoso que muestra solamente el nombre del negocio… después siguieron cuestionando cosas que corresponden solamente a las autoridades sanitarias o de salubridad. En verdad que fue una visita muy rara, y así me lo hicieron saber algunos propietarios de otros negocios y gente especializada en el tema”.

Otros tres comerciantes pidieron que Hacienda revise a sus auditores.
“Sostenemos al país con nuestros impuestos; cubrimos las obligaciones fiscales, pero nos pega la caída del mercado y la inflación… y resulta que, con nosotros, los inspectores se muestran implacables, rebasan su ámbito de acción e incluso crean un mercado negro de gratificaciones y sobornos”, dijo otro de los inconformes.
“Mientras arrecian los operativos contra el comercio formal, donde por cualquier tontería te amenazan con una gran multa, pues por otro lado esos mismos inspectores se hacen de la vista gorda con el comercio informal, y más aún con los vendedores de artículos piratas y robados”.

La preocupación de los saltillenses parece compartida a nivel nacional, y cobra mayor relevancia en momentos cruciales en los que la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sigue en el aire.

Tanto, que ayer mismo Diana Bernal Ladrón de Guevara, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lanzó desde la Ciudad de México una clara advertencia sobre la corrupción en el SAT, principalmente de mandos medios.
“Hay auditores que todavía le piden al contribuyente dinero a cambio de suspender la auditoría o no observar ciertos hechos”, denunció la magistrada.