Miami, EU.- Un juez estadounidense amenazó hoy con ordenar la detención del cantante Alejandro Sanz si no testifica en el juicio de presunta extorsión contra dos de sus ex empleados, mientras que la Fiscalía Estatal intenta que el proceso se realice a puerta cerrada.

El magistrado Israel Reyes, tres días antes de que comience el juicio, dejó muy claro que no tolerará más excusas relacionadas con el artista español, quien por ley debe comparecer ante un tribunal de Miami (EU) donde se ventila el caso.

"Si se le entregó la citación adecuadamente y no comparece, el próximo paso que daré es emitir una orden formal por escrito y enviaré alguaciles para que lo arresten y comparezca ante la corte como debe hacerlo", dijo Reyes en una vista judicial de más de tres horas.

Los fiscales Michael Von Zamft y Alicia García de nuevo dijeron que Sanz se encuentra fuera de Estados Unidos y que su residencia está en España.

Sanz planea participar mañana sábado en un macroconcierto en Buenos Aires (Argentina) junto a Shakira, Calle 13, Fito Paéz, Paulina Rubio y otros artistas, en beneficio de la Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS) para luchar contra la pobreza infantil.

El juez recordó que cuando asumió el caso dijo que le daría a Sanz el mismo trato que recibe "todo el mundo, no me importa quién sea. En esta corte la víctima va a comparecer cuando sea citada adecuadamente".

El juicio contra Carlos González, cubanoamericano, y su esposa Sylvia Helena Alzate, de origen colombiano, está previsto que comience el próximo lunes con la selección del jurado.
Lonnie Richarson, abogado defensor, declaró a periodistas en uno de los recesos que los fiscales tenían algunos problemas y uno de ellos era que "aparentemente" Sanz va a estar disponible para el juicio solamente el 20 de mayo.

La pareja, que trabajó para el cantante en su residencia de Miami Beach, afronta un cargo de extorsión por presuntamente exigir 500.000 dólares para no divulgar asuntos personales del artista.

Pero hoy los fiscales presentaron dos cargos más: robo en mayor cuantía en primer grado y ofensas contra usuarios de computadoras.

En 2007 las autoridades habían desestimado el cargo de robo en mayor cuantía.
Los fiscales también presentaron 13 mociones entre las que están la solicitud de que el juicio se realice a puerta cerrada y de ser concedida se les negaría el acceso a la sala a los medios de comunicación.

Esta petición se suma a una moción aceptada el año pasado para que algunas pruebas que contienen más de treinta fotografías y vídeos relacionados con el cantante español y que fueron decomisadas a los acusados, permanezcan selladas para proteger la imagen y privacidad de Sanz.

En la vista judicial, donde se revisaron también las pruebas que respaldarán las acusaciones, el juez Reyes comunicó a los periodistas que emitió una orden mordaza que prohíbe a las partes involucradas en el caso declarar a los medios de comunicación.

"A partir de este momento estoy emitiendo una orden mordaza y nadie que está involucrado en este caso, abogados, testigos, cualquier persona, puede hablar con los medios sobre este caso" , enfatizó.

Advirtió que de incumplir con las normas del tribunal, los periodistas serán sancionados: "Cualquier integrante de los medios que interrumpa estos procedimientos, será sujeto a un juicio por desacato a la corte y arrestado" .

"Si tengo que detener estos procedimientos para cerciorarme de que todas mis ordenes sean cumplidas, los detendré, ordenaré el retiro del jurado e inmediatamente iniciaré el proceso por el desacato de las órdenes de la corte. Esta es una corte de la ley, no es un 'show'" , dijo.

En cuanto a los testigos estrellas de la Fiscalía Estatal, se solicitó excluir a Manuel Riveira porque afronta cargos por supuestamente conducir bajo la influencia de alcohol (DUI, por su sigla en inglés) , en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade.

Riveira, un amigo de Sanz, habló con González el 8 de diciembre de 2006, y el acusado supuestamente le mostró un ordenador portátil así como vídeos y fotografías y, en esta ocasión, demandó 100.000 dólares por no contar nada a la prensa, según documentos judiciales.