El vacío de poder, agravado por el rechazo del Parlamento a un nuevo primer ministro, compromete un préstamo de 20.000 millones de euros del FMI.
Una treintena de niños de la localidad de Bagaciu, en la provincia de Mures -al norte de Rumania-, estudian en condiciones deplorables en un edificio insalubre donde hay una tienda que vende bebidas alcohólicas. “Estamos inquietos; no podemos permitir que personas que consuman alcohol ronden la escuela y utilicen los mismos cuartos de baño que los estudiantes,” exclama Iustina Halmaciu, una profesora del centro escolar Iernut.
Inmersos en una crisis económica y sin Gobierno desde mediados de octubre, muchos rumanos intentan sobrevivir entre penurias 20 años después de la caída del régimen dictatorial de Nicolas Ceaucescu. A numerosas escuelas ya no llegan fondos ni para caldear las clases. En Vaslui, al noreste del país, los más pequeños tiritan porque no quedan recursos económicos para comprar más leña por culpa de las deudas.
“No hemos recibido ninguna ayuda económica, por lo que tendremos que cortar nosotros los árboles para abastecer a la escuela de calefacción,” asegura el joven alcalde de Coroiesti, Cristian Lungu.
Pero los radiadores tampoco dan señales de vida en algunos hospitales del país. Los pacientes que deciden permanecer en el centro hospitalario han de cubrirse con varias mantas para soportar las bajas temperaturas, aunque el principal problema es la falta de material y de medicamentos.
El jefe de la sección de Cardiología del hospital de Giurgiu, Mihai Petre, cuenta que la situación es desastrosa: “Nunca hemos padecido una crisis de estas características. Tenemos que mandar a los pacientes a las farmacias para que se compren sus propias medicinas”.
Entretanto, Rumania lleva varias semanas con un primer ministro interino, Emil Boc; otro designado por el presidente, Lucian Croitoru -aunque su nombramiento fracasó ayer al ser rechazado por el Parlamento-, y otro informal, el alcalde independiente de Sibiu, Klaus Johannis, el favorito de la mayoría política y, según los sondeos, también de los ciudadanos, pero al que el presidente rumano, Traian Basescu, ignora por completo. Así que Rumania sigue en la incertidumbre y espera el resultado de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de noviembre, lo que aumenta el deterioro de la situación.
“Hay una clara lucha por el poder mientras el Estado necesita urgentemente 3.500 millones de euros”, resalta un editorial del diario Ziarul Financiar. El estancamiento político amenaza con dejar en suspenso el préstamo de 20.000 millones de euros que el país debe recibir hasta fin de año del Fondo Monetario Internacional (FMI), la UE y el Banco Mundial, que no tienen interlocutor con quien negociar. El FMI ya ha anunciado que Rumania no recibirá más ayuda hasta que se elaboren los presupuestos de 2010, que deberán ser aprobados por el nuevo Gobierno.
En el caso de que se desvanezca la ayuda económica del FMI y la UE, Rumania tendría que recurrir al mercado interno, lo que afectaría gravemente a la financiación del sector público. El vicepresidente del Partido Demócrata-Liberal, Theodor Stolojan, afirma que “los funcionarios verán reducidos sus salarios y se tendrán que congelar las pensiones” y añade que “la solución pasa por atraer de nuevo la inversión extranjera.”
“La crisis política socava el relanzamiento económico”, avisa el ex ministro de Finanzas Ilie Serbanescu. “El próximo Ejecutivo tampoco lo tendrá fácil; la mayoría de las empresas que se encuentran en Rumania pertenecen a inversores extranjeros, de modo que dependemos de ellos para lograr una recuperación económica”, apunta. Se calcula que Rumania tendrá un crecimiento cero frente al 7,8% de 2008.
A esta situación de crisis se añade el principal mal endémico de Rumania: la corrupción. Solamente en los países pobres y parcialmente desarrollados el soborno y la influencia indebida sobre las políticas públicas tienen un coste de miles de millones y obstaculizan el crecimiento económico sostenible.
En Rumania, la politización de la función pública, debido a la disminución de la presión que ejercía la UE, y la sucesión de varias campañas electorales han provocado que se incrementen los casos de corrupción. “Vemos que la legislación de las compras públicas ha sido modificada cinco veces a lo largo de 2009 para responder a las necesidades de los diferentes ministerios”, denuncia el presidente de Transparencia Internacional Rumania, Victor Alistar.
Durante la pasada legislatura, los parlamentarios obstaculizaron las investigaciones de los fiscales anticorrupción, dando la impresión de que la lucha contra esta lacra no es más que una simple retórica.
Desde la creación de la Agencia Nacional contra la Corrupción, una veintena de altos cargos –“peces gordos”, tal como los denominaron en Bruselas- tienen procesos abiertos, pero aún no se ha producido ninguna condena. La lista está encabezada por el ex primer ministro Adrian Nastase, quien, para la opinión pública, es el político rumano más corrupto. Según una encuesta encargada por un medio de comunicación, más del 80% de la población asegura que conoce a alguien que ha sobornado.
