Estrasburgo, Francia.- El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean-Paul Costa, en un procedimiento muy poco habitual, ha pedido hoy a Rusia y Georgia, miembros ambos del Consejo de Europa, que cumplan sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.

La iniciativa del presidente responde a una queja introducida ayer por las autoridades de Georgia, pero que, en un acto de difícil equilibrio, ha conducido a una advertencia del Tribunal a las dos partes.

El presidente ha aplicado hoy el artículo 39 del reglamento del Tribunal sobre medidas cautelares ante la situación de "riesgo real y continuo de violaciones graves del Convenio" Europeo de Derechos Humanos en el conflicto que enfrenta a Rusia y Georgia.

Ante esta situación y "para prevenir tales violaciones", el alto tribunal llama a las partes "a respetar los compromisos suscritos por ellas", en lo relativo a los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de tortura y malos tratos) del citado convenio.

El artículo 39 del reglamento de esta institución permite al presidente "indicar a las partes cualquier medida cautelar que estime necesaria", en interés de las mismas o del buen desarrollo del proceso.

Además, capacita al Tribunal para "invitar a las partes a que le faciliten información" sobre cualquier cuestión relativa a la puesta en marcha de las medidas cautelares recomendadas.

Habitualmente, el artículo 39 se solicita al Tribunal para intentar frenar expulsiones o extradiciones inminentes hacia Estados en los que el demandante alega riesgo para su vida o su integridad física, lo que convierte en excepcional su aplicación al caso del Cáucaso.

El agente del Gobierno georgiano presentó ayer una demanda de medidas cautelares en la que pedía al tribunal que exigiera a Rusia "abstenerse de tomar cualquier medida susceptible de amenazar la vida o el estado de salud de la población civil" y que permitiera, a través de un pasillo humanitario, la asistencia a los heridos.

La queja del Gobierno georgiano también hace referencia al Protocolo número 1 al Convenio, relativo a la protección de la propiedad.

En un acto de difícil equilibrio, el Tribunal ha tomado en consideración la queja georgiana, pero ha solicitado a ambos Gobiernos que tomen las medidas necesarias para mantener la vigencia de su compromiso de respeto a los Derechos Humanos.