-
Dallas.- La controversia generada por la ejecución de un reo posiblemente inocente en Texas en 2004 y el hecho de que se haya obstaculizado la investigación, intensificaron los ataques de quienes se oponen al castigo capital.
El caso de Cameron Todd Willingham, ejecutado mediante inyección letal el 17 de febrero de 2004 tras ser declarado culpable de un incendio en el que murieron sus tres hijas, mantiene al gobernador de Texas, Rick Perry, a la defensiva.
Una ola de editoriales, columnistas y opositores políticos, tanto demócratas como republicanos, acusan a Perry de proteger su futuro político en vez de colaborar para determinar la verdad en el caso de Willingham.
Perry, quien calificó a Willingham de haber sido un `monstruo` que asesinó a sus hijas en 1991, ha dicho que los oponentes a la pena de muerte están utilizando el caso como `propaganda` para promover su causa.
Pero organizaciones opositoras a la pena máxima sostienen que la posibilidad de que Texas haya ejecutado a un hombre inocente revela la necesidad de poner fin o restringir seriamente las ejecuciones en esta entidad.
La investigación de un experto en incendios, difundida el mes pasado, reveló que el fuego que mató a las tres hijas de Willingham inició de forma accidental, por lo que él no cometió delito alguno y fue erróneamente procesado, sentenciado y ejecutado.
La investigación había sido solicitada por la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, organismo que debía analizarla para emitir un dictamen y que se esperaba como el primer reconocimiento oficial por parte de Texas de la ejecución de un reo inocente.
Sin embargo, dos días antes del análisis de la comisión, a principios de este mes, Perry destituyó a los cuatro integrantes de la misma y nombró a sus sustitutos que cancelaron la revisión de la indagación.
`El hecho ha despertado múltiples cuestionamientos`, dijo Scott Cobb, director de la Texas Moratorium Network, organización estatal que demanda una moratoria al castigo capital.
`No importa como queden las cosas, la gente está mirando la pena de muerte bajo una nueva luz y está diciendo que si no pudo pasar en el caso de Willingham, pudo pasar en otros casos`, señaló.
El domingo pasado, el ex gobernador de Texas, Mark White, quien durante su permanencia en el cargo supervisó 20 ejecuciones y apoyó la pena capital, dijo ahora creer que la entidad debe reconsiderar este tipo de castigo por el riesgo de ejecutar a inocentes.
`Existe un caso muy fuerte (Willingham) para hacer una revisión de nuestros estatutos en pena de muerte`, dijo White, quien fue gobernador demócrata entre 1983 y 1987.
White indicó que incluso se debe `contemplar la posibilidad de tener cadena perpetua sin libertad condicional, de forma que no tengamos que mirarnos un día y determinar que de hecho el estado de Texas ha ejecutado a un inocente`.
Texas es la entidad que más aplica la pena de muerte en Estados Unidos, con 441 ejecuciones desde que se reinstaló el castigo en 1982. La ejecución de Willingham fue la número 320.
De los residentes de Texas, 75 por ciento apoya la aplicación del castigo capital, mientras 25 por ciento está en contra.
Perry, quien analizó las acusaciones contra Willingham, aseguró que los investigadores y los fiscales poseían sobresaliente evidencia para apoyar el veredicto de culpabilidad, el cual fue reafirmado en cada paso del proceso de apelación.
Empero, se ha negado a dar a conocer el memorándum de su asesor legal, en el que basó su decisión para permitir que procediera la ejecución de Willingham. Perry explicó que el memorándum esta protegido bajo el privilegio de abogado-cliente.
